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El pleno del Congreso ha aprobado este martes una moción que pide la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, y una de las normas más emblemáticas de la legislatura de la mayoría absoluta del PP
La Ley Mordaza supone un auténtico atentado contra libertades y derechos civiles fundamentales recogidos en la Constitución y fruto de las conquistas populares en la Transición. La ley no regula los delitos, sino las infracciones administrativas con multa asociada. Por tanto no hay juicio ni jueces. La propia policía -bajo la dirección y las directrices de la Delegación de Gobierno- es la que impone las sanciones, sin necesidad de pruebas: su palabra tiene valor probatorio.
La calculada imprecisión y ambigüedad de los artículos de la Ley Mordaza, llena de conceptos jurídicos indeterminados, también vulnera el principio de seguridad jurídica: el ciudadano no sabe con certeza qué es punible y que no. Y al contrario: la autoridad tiene un amplio margen de maniobra. «La Ley Mordaza supone un auténtico atentado contra libertades y derechos civiles fundamentales»
Las multas y sanciones, absolutamente desproporcionadas, buscan amedrentar a activistas y movimientos sociales. La Ley Mordaza sanciona prácticas como éstas:
1) «La ocupación de la vía pública contra la decisión adoptada por la autoridad». La mera reunión pacífica en la calle (derecho constitucional), para la cual jamás ha habido que pedir permiso alguno, queda supeditada a la autorización de las autoridades. Asambleas en las calles para hablar de asuntos públicos -como las del 15M o movimientos vecinales- o sumarse a manifestaciones espontánea se persiguen con multas de 100 a 600€.
2) «La perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación legalizada» y «el incumplimiento de las restricciones de itinerario de una protesta». Si una manifestación es pacífica, pero al acabar, un «grupo espontáneo» (o de infiltrados) provoca altercados violentos, la manifestación será considerada violenta, y sus promotores podrán ser sancionados con hasta 30.000€. De la misma manera que si no se sigue el itinerario establecido, si se corean consignas contrarias a la ley o si la protesta no se dispersa en el plazo estipulado por la autoridad.
3) «Obstruir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial en el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales”. La ley arremete contra la PAH -y las acciones que han protagonizado durante estos años y que han logrado paralizar decenas de miles de deshaucios- con multas de hasta 30.000€
4) «La ocupación de cualquier inmueble o la permanencia en ellos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular». Esto no sólo multa cuantiosamente -de 100 a 600€- al movimiento okupa, sino a las acciones de antideshaucios o preferentistas protestando en una sucursal bancaria, o una sentada pacífica de trabajadores y usuarios en un hospital, aunque la acción esté basada completamente en la resistencia pacífica, ya que la ley sanciona «a quienes se nieguen a disolver reuniones y manifestaciones en lugares públicos una vez lo ordene la autoridad competente».
5) «Reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas». Aunque las cámaras no estuvieran reunidas y aunque se desarrollaran pacíficamente, la ley considera esto como“perturbación grave de la seguridad ciudadana» e impone multas de hasta 30.000€. También las «reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad». Hacer una protesta como la de los trabajadores de Canal Nou frente a sus estudios o las de Greenpeace en una central nuclear puede acarrear sanciones de hasta 600.000€.
6) «Colgar fotos o difundir vídeos de autoridades o policías si suponen un peligro para su seguridad personal o familiar». Incluso cuando sean un testimonio válido de abuso de autoridad o extralimitación de funciones por parte de la policía, como cientos de ejemplos en los últimos años. Multas de hasta 30.000€.
7) «También se considerará organizadores o promotores quienes (…) por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas (…) o por cualesquiera otros hechos pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas”. El apoyo o la convocatoria de una manifestación en las redes sociales, aunque no se participe en ella ni se conozca su resultado eventualmente violento, puede acarrear las mismas sanciones que a los organizadores, unos 30.000€, aunque podrían llegar a 600.000€ con la ley en la mano.
Reforma del código penal: legalizar sus crímenes, criminalizar la protesta.
Pero la ley mordaza no es el único recortes de libertades y derechos civiles que ha impuesto el gobierno. En el mismo `paquete´ ha entrado en vigor la reforma del código penal, que aunque de forma menos espectacular, tiene implicaciones mucho más profundas. La ley mordaza no legisla qué es delito y qué no. El código penal sí: registra qué es delito y cuáles son las penas.
«Necesitan el miedo y la represión para maniatar, amordazar y desactivar al movimiento popular. Otra cosa es que lo consigan.»El nuevo código penal -en palabras de Jueces para la Democracia- “es más represivo, criminaliza conductas que no se perciben como delitos en la sociedad y es ambiguo, deliberadamente ambiguo”, además de ser inconstitucional.
Al margen del debate sobre la legalidad o no de la cadena perpetua revisable -para algunos delitos muy graves- la reforma del código penal, tipifica también como delitos graves algunas formas de protesta como los escraches, endurece las penas por descargas ilegales y convierte en delito el top manta. Y se ensaña con los trabajadores inmigrantes legalizando las redadas racistas y arbitrarias y las devoluciones en caliente en la frontera, una práctica que viola la Constitución española, la Convención de Ginebra y las leyes internacionales sobre derechos humanos.