Cargando...Ni la crisis económica, ni los papeles de Bárcenas, ni el acoso orquestado por la extrema izquierda contra los dirigentes populares, ni la falta de respuesta de él mismo o de su propio partido ante una situación que empieza a levantar ampollas entre las filas del PP: la mayor crisis a la que se enfrenta Mariano Rajoy en esta legislatura es la de la Monarquía, porque se trata de una crisis de Estado que afecta al corazón mismo del sistema político que los españoles nos dimos en 1978, y, sin embargo, el presidente transmite la sensación de no enterarse, de estar a otra cosa.
Ayer, sin ir más lejos, Rajoy se dirigía a sus compañeros de partido con un discurso que parecía calcado al que realizó en el debate del estado de la Nación, mientras los periodistas se reunían en torno a una televisión de plasma para escuchar sus palabras, en una imagen que podría simbolizar el alejamiento del presidente de la realidad de la calle. Al mismo tiempo que eso ocurría, como si esa realidad quisiera imponerse tozudamente a las palabras de esperanza que Rajoy dedicaba a los suyos sin posibilidad de interpelación alguna, el juez Castro anunciaba la imputación de la infanta Cristina por delitos de tráfico de influencias.
Hay quienes creen, sin embargo, que Rajoy rebajó el tono de su intervención precisamente porque el Gobierno esperaba que saltara la noticia que hoy ocupa las portadas de los periódicos de medio mundo. Puede ser, “es la única explicación plausible a un discurso insulso… No se convoca una Junta Directiva Nacional después de casi un año sin hacerlo para no decir nada, salvo que haya habido algo que a última hora le obligara a Rajoy a cambiar de planes”, dicen fuentes del partido. En cualquier caso, no hubo ni una sola palabra de Rajoy en su intervención al caso que nos ocupa, y va siendo hora de que el Gobierno empiece a pronunciarse sobre un asunto que tiene una trascendencia vital para el país.
Fuentes del Gobierno reconocen que “la posible imputación de la Infanta estaba en la agenda, aunque no era previsible”, razón por la que el Ejecutivo respalda el recurso de la Fiscalía al auto del juez Castro, aunque consciente de que “va a tener poco recorrido”. Precisamente por eso, el Gobierno ya está preparado para algo que se ha venido barruntando en las últimas semanas y que desde ayer cobra una mayor relevancia: la abdicación del Rey. “Es una decisión personal del Rey, sobre la que el Gobierno no va a pronunciarse ni en una dirección ni en otra, pero para la que el Gobierno ya está preparado si llegara a producirse”, señalan estas fuentes.
Lo que, traducido al lenguaje de la calle, significa que el Gobierno cuenta con que se va a producir y está analizando tanto las consecuencias de esa decisión como aquellos aspectos en los que el Ejecutivo y el Parlamento deberán intervenir. Es más, según fuentes del Ejecutivo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, está coordinando con un reducidísimo grupo de asesores todos los pasos que deben darse en el caso de que el Rey anunciara en los próximos meses la abdicación en favor del príncipe Felipe. Tanto este como el Rey están informados de estos extremos, que cuentan con su aprobación.
Lo que es difícil de valorar, por el momento, es si la imputación de la infanta Cristina puede acelerar ese proceso. “Eso va a depender de los movimientos futuros en el ámbito judicial, de la propia declaración de la Infanta y de las decisiones que a partir de la misma tome el juez Castro”, señalan estas fuentes. Pero el Gobierno tiene claro que nos encontramos “ante un hecho de especial relevancia que va a traer mucha atención sobre el futuro de la Monarquía en España, y que, probablemente, está en nuestras manos que una institución que ha contado siempre con el favor de los españoles y que ahora se encuentra muy debilitada en cuanto a su imagen pública pueda recuperarse”. Esto pasa inevitablemente por la abdicación para que sea el príncipe Felipe quien asuma la Corona.
“Tiene que ser así, y tiene que ser bajo un Gobierno con mayoría absoluta del Partido Popular, porque esa es la única garantía de supervivencia del actual sistema”, dicen fuentes del PP, porque si no ocurriera así “y se esperara a la próxima legislatura, se correría el riesgo de que un Parlamento muy fragmentado apostara por un cambio en el sistema y encaminara el país hacia una república presidencialista, como la italiana o la alemana, y eso abriría una crisis política en España de incalculables consecuencias”, añaden estas fuentes. Y concluyen: “Hoy podemos contar con el PSOE en ese proceso de sucesión al frente de la Monarquía pero, ¿hay garantía de que eso sea siempre así…?”.