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Carlos Ponte es el coordinador de la Plataforma «NO GRACIAS», por la transparencia de las relaciones con la industria farmacéutica, y médico del Hospital General de Asturias. «NO GRACIAS» ha publicado un manifiesto en su web que ya cuenta con el apoyo de cientos de profesionales.
¿A qué se refiere cuando habla de la medicalización de la sociedad? Cuando hablamos de diagnósticos médicos aarecen cuestiones que son propias de lo personal, de la vida laboral de la gente, que no entran dentro del campo de la medicina. Este es un fenómeno muy antiguo que en los últimos 20 años se ha convertido en un componente fundamental en los sistemas sanitarios. Hasta tal punto que, como decía un economista norteamericano, si esto sigue así en Occidente las sociedades serán grandes hospitales, unos trabajando y otros como enfermos. Lo que se ha llamado la sociedad terapéutica. Señalan como responsable a la industria farmacéutica… En este proceso hay distintos agentes. Hay un entramado en el que cada uno tiene su responsabilidad. Todos somos víctimas y culpables, pero el principal motor es la gran industria farmacéutica. En estos momentos la medicalización tiene como principal componente la mercantilización de la salud. Recientemente un profesor de la universidad de Texas publicó un artículo en el que habla de la ley de beneficios inversos, y formula que el beneficio de un medicamento es inversamente proporcional a la inversión en marketing. Esto es algo demostrable. El caso más famoso es el de Vioxx. Salió al mercado en 1999 y pronto se convirtió en un medicamento estrella. Y en el año 2004 hubo que retirarlo del mercado porque había producido muchas víctimas con efectos adversos. Los medicamentos son, hoy en día, para vender y no para curar. Que los accionistas obtengan grandes beneficios es inversamente proporcional a la efectividad del medicamento. Hablan, desde la plataforma, de enfermedades inventadas… En la comercialización de los medicamentos hay varios métodos para ampliar el mercado. La forma más común es la de ampliar la indicación de ese medicamento para que tenga mayor número de pacientes. Por ejemplo: se consideraba una persona diabética cuando tenía más de 146 miligramos de glucosa en sangre, pero con el paso de los años el punto de corte se bajó a 130. Después se puso en 110 en otra conferencia de consenso, de forma que el número de diabéticos aumenta. En estos momentos ya se está planteando que entre 100 y 110 ya son pre-diabéticos. Esto también pasa con la presión arterial. En estas conferencias de consenso los expertos que participan se ha demostrado que tienen relación financiera con la industria. Se produce un conflicto de intereses. Esto también ocurre, por ejemplo, con las estatinas que se utilizan para controlar los niveles anomarles de lípidos, de colesterol en sangre. Otro mecanismo es utilizar los medicamentos para indicaciones no aprobadas. Cuando un medicamento es aprobado para el tratamiento de la epilepsia, por coger un caso, el laboratorio o la corporación anima a los médicos, a través de los visitadores, para que este medicamento se utilice además para el dolor neuropático. La indicación se amplia, amplia el número de consumidores, y se utiliza de forma no autorizada. Y luego está el invento de enfermedades. Uno de los casos más conocidos es el de la «fobia social». ¿Qué es?, pues personas que cuando hablan en público se ponen nerviosas, con ansiedad y sudoración. Lo que hasta ahora era timidez o dificultad para las relaciones sociales se convierte en una enfermedad. Otro ejemplo es el de la eyaculación precoz. Han sacado un medicamento que retrasa un minuto la eyaculación y se supone que este es un problema gravísimo con mucha población susceptible de ser tratada. Pero estamos hablando de un problema psicológico, de relaciones sexuales y equilibrio. ¿Cuál es la relación parasitaria de la industria farmacéutica con el sistema público? Una de las consecuencias de la medicalización es que la factura sanitaria crece. El mercado farmacéutico es de más de 900 mil millones de euros al año. Tienen un enorme poder económico y político que subordina a los Estados, provocando un grave problema de sostenibilidad. En España uno de cada tres euros en la Sanidad se dedican a medicamentos. Estos tienen un precio muy alto y si uno los tiene que pagar de su bolsillo como en EEUU… Esto se da con la connivencia de algunos médicos, que obtienen beneficios directos. Y otros sencillamente no aceptan esa propaganda. El problema es que solo son el 20%, aproximadamente. Esto es un problema de poder político. El mismo Henry Kissinger, ex-director de la CIA, trabaja para Pfizer, y si visita a cualquier gobierno, fíjese la influencia que ejerce. El problema es que los organismos reguladores no son independientes. Y tampoco lo son los medios de comunicación que promueven la fascinación tecnológica como la fuente de la vida eterna. ¿Cuál es la alternativa? Desvelar los conflictos de intereses de los diferentes agentes que participan y promulgar leyes de transparencia y acceso público a la información. Actualmente algunas comunidades intentan sustituir medicamentos por genéricos – estamos hablando de ahorrar de esta forma más de 100 millones de euros al año – y el Ministerio se opone o se lo impide, como el caso de Galicia que incluso fue llevada ante el Constitucional.