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Tras 12 días de intensas protestas, la fuerza y persistencia de una masiva lucha popular ha torcido la muñeca del presidente ecuatoriano. Lenín Moreno se ha visto obligado a retirar el decreto 883, un “paquetazo” de medidas económicas dictado por el FMI, que disparaba el precio de los combustibles e imponía durísimas medidas contra las clases populares.
«Con este acuerdo se terminan las movilizaciones en todo Ecuador». Con estas palabras, acompañadas de grandes festejos por todo el país, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) anunciaba que habían ganado el pulso contra un presidente, Lenín Moreno, que tuvo que huir del Palacio de Carondelet en Quito en medio de las protestas y refugiarse en la segunda ciudad del país, Guayaquil. Aunque de momento se rebaja la tensión, la CONAIE advierte que estarán vigilantes y que piensan retomar la lucha si es necesario. “Esto no termina hasta que el acuerdo se concrete con cabalidad”, han dicho sus dirigentes
La CONAIE -punta de lanza de un vasto movimiento popular en el que no solo han participado los campesinos indígenas, sino el movimiento obrero y sindical, o miles de estudiantes y docentes- exigía la retirada del odiado decreto 883 como condición indispensable para desmovilizar a los miles de personas que desde hacía días se manifestaban por las calles de Quito, resistiendo brutales ofensivas de la policía y las ‘fuerzas del orden’.
Lenín Moreno respondió a las primeras protestas decretando el Estado de Excepción por dos meses y movilizando a 44.000 policías y militares. La brutalidad de los antidisturbios ha dejado un balance de 7 muertos, 1340 heridos y 1152 detenidos, según la propia Defensoría del Pueblo, pero también más de 70 periodistas encarcelados o agredidos por la policía, 9 medios de comunicación intervenidos, y 26 políticos o líderes sociales detenidos por mostrar su apoyo a las movilizaciones. Sin embargo, ninguna de esas medidas represivas ha conseguido que el movimiento popular retrocediera un milímetro durante las casi dos semanas de luchas, en las que han paralizado el país.
La ira popular estaba más que justificada. El «paquetazo» de Lenín Moreno eliminaba el subsidio a los combustibles, lo que suponía un aumento del precio del diésel y la gasolina de al menos un 123%, golpeando duramente a sectores como los transportistas o los campesinos, pero iniciando una ola inflacionaria sobre el precio de alimentos y demás productos de consumo que iba a impactar en los bolsillos populares. Pero además implicaba medidas como una bajada de los salarios de hasta un 20% en contratos temporales del sector público, así como la reducción de vacaciones de 30 a 15 días para empleados públicos y la aportación obligatoria de un día de su salario mensual.
El decreto 883 fue elaborado por el gobierno de Lenín Moreno para satisfacer el acuerdo que alcanzó en febrero el Gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para conceder al país una línea de crédito de 4.000 millones de euros en tres años, de los cuales 800 millones de euros ya fueron entregados. El organismo con sede en Washington imponía -como viene siendo habitual tratándose del FMI- draconianas exigencias como condición del préstamo: aumentar los impuestos sobre la población, «flexibilizar» las leyes laborales (es decir, triturar derechos de los trabajadores) y recortar el gasto público para generar ahorro fiscal y recaudar más de 4.000 millones de dólares.