Cargando...El saneamiento del sistema financiero se ha convertido en la prioridad del gobierno de Mariano Rajoy, que ha colocado el paro en segundo plano pese a ser el principal problema del país. Salvar a la banca con la inyección de capital público primero (FROB), y el rescate de la Unión Europea (UE) después, con la garantía del Estado y no de las entidades rescatadas, es más importante que resolver el drama que viven casi seis millones de personas.
Hay dinero para rescatar entidades que buscaron el beneficio rápido y han dejado en la ruina a decenas de miles de clientes, a los que colocaron con engaño productos financieros complejos (preferentes y deuda subordinada) que se han «comido» sus ahorros, que difícilmente van recuperar, al menos en su totalidad. El sistema financiero no se puede hundir, pero sí quienes nada han tenido que ver con su quiebra. Al contrario, el Gobierno los disculpa en lugar de exigirles responsabilidades y les permite marcharse a casa con indemnizaciones multimillonarias como premio a su gestión.
El Estado va a invertir 60.000 millones de euros en salvar a la banca, pero durante semanas ha mantenido en vilo a miles de familias que dependen de una ayuda de 400 euros mensuales para hacer frente a sus necesidades básicas. Personas que han agotado la prestación por desempleo y el subsidio posterior. El presidente Mariano Rajoy ha sacado pecho esta semana para anunciar que el Gobierno prorrogará seis meses más la citada ayuda, aunque no será hasta el Consejo de Ministros del próximo día 24 cuando conozcamos las condiciones que va a imponer para tener derecho a esta renta de subsistencia a los actuales 211.000 perceptores.
El PP lleva semanas preparando el terreno para el recorte, con un mensaje subliminal que traslada a la opinión pública la idea de que los beneficiarios de los 400 euros, y por extensión los parados, no buscan trabajo con suficiente interés porque viven muy bien de los subsidios del Estado. Ha extendido la sospecha sobre los más desfavorecidos, aunque solo una minoría defraude. Hay que ser miserable para defender que se puede vivir con una limosna que no soluciona el riesgo de exclusión social de muchas familias, como demuestra que 1.737.600 hogares tienen a todos sus miembros en paro.