Cargando...
La sentencia del caso Cassandra, por esperpéntica que pueda parecer, es coherente con el deterioro democrático que venimos sufriendo con la aprobación de la Ley Mordaza y la reforma del código penal.
El caso Cassandra ha tenido una resolución que nadie esperaba. Condenada por humillación hacia las víctimas del terrorismo a un año de cárcel y 7 años de inhabilitación absoluta para trabajar en cualquier cargo de la Administración Publica por los tuits ofensivos sobre el asesinato de Carrero Blanco por ETA. Aunque seguramente Cassandra no entre en prisión tendrán antecedentes penales durante diez años después de que termine de ejecutarse la pena de inabilitación que le impide obtener becas, presentarse a oposiciones o ser candidata en unas elecciones. En la acusación se juzgan tres tuits del 2012, cuando Cassandra era todavía menor de edad.
La sentencia ha indignado a las redes y a twitter que se volcaron en una campaña de apoyo a Cassandra. Juristas y abogados penalistas rechazan la sentencia. Incluso la hija del almirante Carrero se mostró muy sorprendida y se manifestó en contra de la resolución judicial.
Un sentencia kafkiana que lleva la aplicación de la ley al extremo coartando la libertad de expresión por unos simples chistes reducidos a un hecho histórico . Una burla por muy mal gusto que tenga no constituye en ningún caso ningún delito.«La sentencia no se puede explicar por el “delito” en sí sino dentro del marco de la ley Mordaza «
Una sentencia que por esperpéntica que pueda parecer es coherente con el deterioro democrático que venimos sufriendo. La sentencia no se puede explicar por el “delito” en sí sino dentro del marco de la ley mordaza , aprobada en el 2015, que ha supuesto un recorte de las libertades y del derecho de manifestación. La Ley Mordaza, una de las normas más emblemáticas de la legislatura de la mayoría absoluta del PP. supone un auténtico atentado contra libertades y derechos civiles fundamentales recogidos en la Constitución . Pero la ley mordaza no es el único recortes de libertades y derechos civiles que ha impuesto el gobierno. En el mismo `paquete´ ha entrado en vigor la reforma del código penal, que aunque de forma menos espectacular, tiene implicaciones mucho más profundas. La ley mordaza no legisla qué es delito y qué no. El código penal sí: registra qué es delito y cuáles son las penas. El nuevo código penal -en palabras de Jueces para la Democracia- “es más represivo, criminaliza conductas que no se perciben como delitos en la sociedad y es ambiguo, deliberadamente ambiguo”, además de ser inconstitucional.
Justo cuando el pleno del Congreso aprobó una moción para la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana; la televisada sentencia “ejemplar” del caso Cassandra ,que nada tiene que ver con el terrorismo; tiene como objetivo social y político amenazar a activistas y movimientos sociales. Está aplicación perversa de la ley mañana podría aplicarse a un huelguista por un piquete o por manifestarse. Necesitan el miedo y la represión para maniatar, amordazar y desactivar al movimiento popular