Las leyes de inmigración de Berlusconi

La ley fascista de Berlusconi

“Cerramos las puertas (de la inmigración) y sólo las volveremos a abrir para los que vienen a trabajar e integrarse”, declaró el primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi. Esa declaración, de por sí­ agresiva contra familias enteras que buscaron mejores horizontes en otras tierras, es sólo la muestra de una discriminación caracterí­stica del fascismo que dominó ese paí­s en la primera mitad del siglo pasado.

Recordemos la decisión del Parlamento Euroeo, hace pocos meses, conocida como “directiva de retorno”. Esa disposición convierte, a los inmigrantes que no tienen documentación aceptada y a quienes se llama ilegales, en sujetos de expulsión en condiciones humillantes. Esto último, porque los Estados europeos que aplicarán tal directiva, se reservan el derecho de mantener detenido hasta por 6 meses a la persona que no haya salido del paí­s cuando se le ordenó.Al gobierno de Roma no le parece suficiente este procedimiento. Por ley que aprobó su parlamento, si se encuentra a un inmigrante en esta condición, se le cobrará una multa que va de 5 a 10 mil euros y, a continuación, podrí­a ser sometido al arresto que fija la directiva de retorno. La fobia contra los llamados inmigrantes ilegales va más allá y da la impresión de que reaparece la policí­a secreta de los tiempos de Mussolini. La ley aprobada autoriza que se formen “asociaciones de ciudadanos” que realicen rondas para señalar las alteraciones al orden público y registrar a los sin techo, es decir, a las personas que carecen de vivienda. La pobreza y, sobre todo, la pobreza del inmigrante es ahora un delito grave.Hace ya mucho tiempo que se usa el término ilegal, aplicado a las personas llegadas a un paí­s en busca de oportunidades que no encuentran en el suyo. Estas personas han sido utilizadas masivamente en las épocas de desarrollo económico. En cuanto se detiene ese proceso, como ocurre periódicamente en el sistema capitalista, aquellos inmigrantes pasan a la categorí­a de indeseables, de ilegales y comienza una caza para expulsarlos. El señor Berlusconi lo dice claramente: volveremos a abrir las fronteras cuando los necesitemos para trabajar.La Declaración de los Derechos Humanos proclamada por la Organización de Naciones Unidas, dice en su artí­culo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. No dice que deba ser sólo en el Estado en que nació ni mucho menos que necesita permiso de un gobierno para residir en cualquier territorio. Entonces, ¿cómo ha ocurrido que los firmantes de esta Declaración, desconozcan la justicia de este derecho?Pero no se trata sólo de desconocer, en el sentido de rechazar, sino de retroceder a los tiempos del nazi-fascismo que llevó a la humanidad a un conflicto con casi 100 millones de muertos. Porque, aquel proceso criminal comenzó con la discriminación de ciertos grupos sociales y fue ampliándose cada vez más; primero fue a los que eran, luego a quienes los cobijaban, después a quienes no los denunciaban y en última instancia a quienes tení­an relaciones con los no denunciantes. La cadena ha comenzado con la ley del parlamento europeo, luego se endurece con la norma acordada en el parlamento italiano. ¿Qué viene después?Es cada vez más urgente que, los paí­ses empobrecidos, de donde salieron los inmigrantes hoy dí­a amenazados en Europa, conformen mecanismos de defensa de todos los inmigrantes llamados ilegales. Hay que condenar tal calificación; nadie puede ser declarado ilegal por haberse trasladado a otro paí­s sin cumplir con los costosos y lentos procedimientos burocráticos. ¿Qué habrí­a ocurrido hace 70 u 80 años si los inmigrantes italianos que llegaron a varios paí­ses latinoamericanos hubiesen sido perseguidos y expulsados? Los descendientes de aquellos que desembarcaron en tierras donde sus abuelos fueron recibidos sin exclusiones, deben encabezar esta cruzada en contra del renacer fascista en la Italia de Berlusconi.

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