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Los casos de corrupción recorren las principales instituciones del Estado. ¿Responderá la Ley de Transparencia a los retos planteados?
¿Cuáles son las principales ventajas y dificultades para que se incluyan los partidos en la Ley de Transparencia?
La principal ventaja de la inclusión de los partidos en la Ley de Transparencia es que los ciudadanos podrían conocer con más detalle muchas de las actividades, subvenciones, operaciones de gastos e ingresos… de los partidos, en línea con la información que se va a pedir a todas las instituciones públicas por parte de dicha ley, y otra ventaja es que ello daría un mayor nivel de credibilidad a los partidos por parte de los ciudadanos; en cuanto a las dificultades, la principal es la escasa voluntad de los partidos para autoincluirse en la citada Ley de Transparencia.
¿Cree que aparte de ser una herramienta contra la corrupción, la Ley proporciona más criterios a los ciudadanos a la hora de dar su apoyo a unas opciones u otras (está su transparencia, el origen de sus ingresos y en qué se lo gastan)?
Al hacer más transparentes a las instituciones que se recogen en la Ley, los ciudadanos pueden conocer con mayor nivel de detalle lo que hacen los cargos públicos, cómo lo hacen, lo que gastan, cómo lo gastan, etc. (y en su caso los propios partidos), lo cual puede ser una herramienta informativa de gran importancia a la hora de tomar la decisión del voto por parte de los ciudadanos. Es importante en todo caso que los ciudadanos dispongan de mayor información sobre las opciones de unos y otros partidos, así como también de las distintas personas o candidatos que integran las propias listas electorales. Cuanto más informado esté el ciudadano más libre y fundada podrá ser su decisión de voto.«La voluntad de los partidos por autoincluirse en la Ley es escasa»
¿Cree que un endurecimiento del Código Penal en los casos de corrupción e, incluso, de aquellos delitos que pudiesen tipificarse fruto de la Ley de Transparencia, ayudaría a la lucha contra la corrupción?
El Código Penal ya ha ampliado los casos de corrupción, y ha endurecido algunas de las sanciones previstas, y por otra parte, la nueva Ley de Transparencia, en su tercera parte, relativa al Buen Gobierno, recoge ya instrumentos de prevención y sanción de las posibles conductas ilegales que pudieran adoptar los políticos o gobernantes. Esta tercera parte de la ley es la más relacionada con la lucha contra la corrupción, aunque las dos primeras (transparencia y acceso a la información pública) son asimismo importantes para generar información y prevenir de esta forma la corrupción.
Existe la percepción en los ciudadanos de que es difícil que un corrupto vaya a la cárcel, mucho más difícil que devuelva el dinero, e imposible que los corruptores sean juzgados. ¿Qué cree que debería cambiar?
Creo que sería importante que se aplicasen estrictamente las leyes, y que la justicia tuviera medios y posibilidades para sancionar adecuadamente y en un plazo relativamente corto a los corruptos; por otra parte, el conocimiento, seguimiento y posible devolución del dinero que se embolsan los corruptos, es un tema difícil de resolver, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico.
¿No son igual de responsables, o más si cabe, los que pagan por obtener algo a cambio?, por ejemplo, el sobornado debe ser juzgado, pero ¿qué pasa con la empresa, banco o entidad que soborna para influir en las decisiones de gobierno de esa institución?
Tanto el que soborna como el sobornado deben ser perseguidos y sancionados adecuadamente por la ley, independientemente de su condición, de su personalidad física o jurídica. Es importante siempre tener en cuenta que en la corrupción hay dos partes, y ambas han de compartir la responsabilidad y culpabilidad de esos hechos corruptos.«En la corrupción hay dos partes y ambas deben compartir la culpabilidad»
Otro aspecto de la transparencia es el de responder de las cuentas ante los ciudadanos. ¿Qué mecanismos creen que serían los más adecuados y democráticos para articular esto?, independientemente de que sea posible aplicarlos en lo inmediato en España.
Es realmente importante que todas las instituciones públicas, y también los partidos políticos, publiciten sus cuentas de forma detallada ante los ciudadanos, para que éstos las puedan conocer y puedan tener opinión e incluso mostrar su disconformidad con algunos de los datos y hechos de los que se pudieran publicar. Además de las propias cuentas de ingresos, gastos… sería muy importante que todas las instituciones publicasen su patrimonio, esto es, el detalle de todos los bienes (fincas rústicas, urbanas, vehículos oficiales, etc.) que puedan tener, ya que son bienes que han sido financiados por los ciudadanos y que también tienen derecho a conocer en la medida en que los poseen y los disfrutan las instituciones y personas que les representan. La nueva Ley de Transparencia contempla la publicidad de muchas de estas cosas, aunque todavía no ha incorporado la necesaria publicidad del patrimonio de las instituciones; nosotros hemos presentado una propuesta de enmienda en el Congreso no hace mucho, y parece que los grupos parlamentarios se han mostrado de acuerdo con incorporar esa nueva información obligatoria dentro de la Ley de Transparencia.
Respecto a la Tasa Tobin, ¿cuál es su opinión sobre la propuesta del gobierno, y la de la Comisión Europea?, ¿realmente recoge los ejes de redistribución de riqueza y trasvase de la “economía financiera” a la “economía real”?
Mi opinión no puede ser sino positiva ante el hecho de que dentro de la Unión Europea, y concretamente en un conjunto de once países, se va a poder aplicar la Tasa Tobin. En mi opinión, esta tasa puede introducir un elemento de estabilidad en ciertos mercados y operaciones financieras, y además puede suponer un importante nivel de recaudación y de trasvase desde la economía financiera, que tanto ha sido ayudada por la sociedad y los ciudadanos hasta el momento, hacia la economía real que necesita en la actualidad bastante apoyo institucional y sobre todo de recursos financieros de cara a poder salir lo antes posible de esta profunda crisis no sólo económica, sino social y laboral.