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Gustavo Fajardo es abogado y asesor de AESCO – América, España, Solidaridad y Cooperación -.
¿Cuál es el fondo de esta reforma?, orque las denuncias que se escuchan hablan de una extensión de la Directiva de la Vergüenza europea y un proceso de criminalización… pero ¿por qué? Esos argumentos que se plantean como críticos en realidad lo que hacen es legitimarla, e implica un desconocimiento de la normativa que rige las relaciones entre los Estados de la Unión Europea. Ese es el argumento de los que defienden con un engaño la necesidad de la Ley. El problema no está en los motivos sino en los argumentos y en su cientificidad. No es cierto que los aspectos represivos de la Ley tengan su origen en la Directiva, mal llamada, de la Vergüenza. Este nombre fue acuñado por los servicios técnicos de imagen de los organismos que tratan de quitarle mella a esa norma. Vergüenza ¿de quién?. Es una directiva del armazón político de la extrema derecha europea. Incluso el PSOE se desmarca de los socialistas europeos para votarla por orden del Gobierno. Lo que se está planteando en este momento es una reforma de la ley que hay, y cuando uno visita la hemeroteca y ve hace 25 años las manifestaciones encabezadas por Cáritas y dos o tres ONGs que había, la pancarta decía “No a la Ley de Extranjería”. Porque cuando se dicta una ley para los extranjeros quiere decir que a partir de ese momento a esos seres no se les va a dar iguales derechos que al resto de ciudadanos. Es como si ahora sacasen una ley para garantizar los derechos de los negros. ¡Echémonos a temblar!. Si la consigna es “no a la reforma”, entonces ¿qué se quiere?, ¿la Ley de Extranjería? ¿o se quiere que no haya ley porque todos los ciudadanos somos iguales?. ¿Y por qué la reforma? Porque lo dijo el Tribunal Constitucional. Los sectores que apoyan veladamente la reforma le echan la culpa a una ley, cuando dicen que es por culpa de la Directiva de la Vergüenza, que no es cierto que se esté aplicando. El Tribunal Constitucional dijo que en España se viene aplicando una ley durante más de seis años que es contraria a los Derechos Humanos y a la Constitución, y eso es grave. El Tribunal dice que no se puede restringir el acceso de los seres humanos a la justicia gratuita, porque si hay personas que no tienen dinero para pagarse abogado y procurador entonces no son iguales ante la Ley, ni en la defensa de sus derechos. Esa es la ley del gobierno de Aznar pero que el PSOE ha venido aplicando con todo rigor. El Tribunal también dice que no se concibe un ser humano sin el derecho a promoverse en una escala educativa, y la ley niega ese derecho para la formación profesional y la universitaria. Igual que lo han dicho respecto al derecho a asociarse, integrarse en organizaciones para defender sus derechos o constituirlas. En España hemos tenido cerca de un millón y medio de personas, de ciudadanos, sin derechos políticos. ¿Y es entonces cuando el Gobierno lanza la reforma? No. Cuando el Tribunal exige que se reforme es cuando las organizaciones entramos. Y desde AESCO presentamos un proyecto de ley reparando los apartados podridos y perversos a tenor de la decisión del Tribunal Constitucional. El Gobierno y la oposición aprovechan esto, pero no para arreglarlo sino para decir que “si antes metíamos a un sin papeles cuarenta días en la cárcel ahora lo vamos a meter sesenta”. Pero no hay ningún estudio que demuestre que se han impedido expulsiones porque se hayan agotado los cuarenta días. Según los propios estudios del Ministerio del Interior las personas a las que no se les puede expulsar son a las que no se les puede identificar, y no son más del 2%. Primero dicen que lo que están haciendo es aplicar la normativa comunitaria, pero no es cierto, porque la normativa parte de una cuestión farisaica al dolerse de que hayan Estados que retienen a sin papeles que no han cometido ningún delito más de cien días porque no estaba regulado. La normativa lo que establece es un máximo para que no haya un abuso, no que haya que retenerlos ese tiempo. España ha aprovechado eso para ampliar el tiempo. Y estamos seguros que el Tribunal Constitucional acabará diciendo que no se puede retener a una persona que no ha cometido ninguna falta. Y en segundo lugar estos centros, a los que les han puesto un nombre vistoso “Centros de Internamiento de Extranjeros” y seguramente le agregaran “y de protección de su derecho a vivir dignamente”, son cárceles, centros penitenciarios. Pero esa gente está presa en peores condiciones que los delincuentes, que por lo menos están bajo la tutela del juez de vigilancia penitenciaria, al que se puede recurrir para obtener protección automática, y porque en estos Centros de Internamiento se hacinan de a diez por celda sin poder salir más que de cuatro a siete de la tarde. Hablamos entonces de un engaño en toda regla para atentar contra los derechos más básicos, ¿no? Sí, porque no hay ningún motivo legal. Los que van hablando de que el Gobierno está aplicando la Directiva de la Vergüenza se lo están poniendo en bandeja de plata, porque “no van a saltarse la normativa europea”, claro. Lo que hay que decirles es que están engañando a la gente. Además la normativa europea, que ni si quiera plantea que a la gente haya que meterla en la cárcel por ser extranjero, fue promovida por la derecha y apoyada por los parlamentarios socialistas, salvo honrosas excepciones, como un ex-candidato presidencial del PSOE que se negó a votar y ya lo está pagando porque no podrá ir como dirigente a las próximas elecciones. ¿Cuáles son las violaciones de derechos que se ahondan de las que estamos hablando? Primero se le niega el derecho a acceder a la vivienda de protección oficial a los que no son residentes de larga duración, que ahora son cinco años pero que seguramente lo alargarán a diez años. Luego solamente se empadronarán los que tengan residencia, en definitiva, dejar a dos millones de ciudadanos fuera de toda garantía. Aunque seguramente esto podamos cambiarlo. La reforma también establece que la reagrupación familiar solo se podrá aplicar a los mayores de 65 años, ¿por qué motivo?, seguramente porque vendrán ya con su jubilación, sino no se entiende. Y en la educación se burlan del Tribunal Constitucional diciendo que van a cambiarlo y lo dejan igual. Esto seguramente no conseguiremos cambiarlo y tendrá otra sentencia del Tribunal Constitucional, y, mientras, otros cinco años de violación de un derecho básico y expulsando a la calle a miles de niños y jóvenes. Pero una de las principales denuncias ha sido la de considerar un delito el sostén económico de un extranjero sin papeles, ¿es realmente un problema?, ¿por qué se le ha dado tanto protagonismo especialmente a esto? Porque es parte de la técnica del poder. Cuando se quiere meter una política determinada se ponen “garfios” para enganchar la discusión en algo que no es necesario. Algo que es muy visible y que permite engarzar la discusión. La jugada ha sido magistral. Han intentado reproducir algo que intentó hacer la derecha francesa hace ocho años dictando una norma criminalizando a quien acogiese a un inmigrante. Pero salieron 50.000 intelectuales firmando cartas en las que afirmaban que ellos tenían en su casa a un inmigrante acogido. Pero bueno, también es un poco hipócrita no preocuparse de que persigan a los sin papeles y saltar porque te van a poner una multa por acogerlos. Si endurecen la ley saquemos a miles de demócratas a la calle y que este Gobierno sea capaz de multar o de meternos en la cárcel. A parte de que aquí los inmigrantes vienen a trabajar. En plena crisis y con casi cinco millones de parados, ¿no crees que esta ley responde a la necesidad de deshacerse de la fuerza de trabajo “sobrante”?, hablando de la clase obrera inmigrante… se les ha engullido, se les ha masticado, y ahora se les escupe. El tema es que el debut del nuevo Ministro de Trabajo, la primera medida “anti-crisis” que dictó este Gobierno, fue el retorno de los inmigrantes. ¿Qué mensaje se le da a la opinión pública?, ¿cuál se está diciendo que es la causa de la crisis?. Pero es que además se dijo que se les pagaba el paro pero que se fuesen, como si fuera una ayuda caritativa. A parte de manifestar un desconocimiento total de la inmigración, porque se aprobó retirar el permiso de residencia a todo el que se acogiera al retorno, cuando cualquiera que vuelva a su país tiene un ojo puesto en España por si no le va bien. En AESCO tenemos una batería de demandas preparada porque no se puede sancionar a alguien que se acoja a un derecho, porque además se dice que si vuelven a España tendrán que devolver el dinero del paro, o sea, un derecho que me he ganado trabajando porque lo he pagado. Aunque hablando de la crisis los más perjudicados no son solo los inmigrantes, también los jóvenes españoles, porque desde González a Aznar lo que se ha hecho es precarizar el trabajo de los jóvenes especialmente. Por no hablar de cómo la seguridad social está premiando los despidos masivos, como sucede en TVE, en las empresas mineras y del sector del automóvil. ¿Y quién va a pagar las jubilaciones anticipadas?, pues los contribuyentes porque a las empresas no les va a costar ni un duro.