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El Juzgado del Contencioso Administrativo número 2 de Madrid anula la decisión del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) de vender 3.000 viviendas al fondo buitre Azora. Una victoria judicial resultado de cinco años de lucha por parte de los inquilinos afectados.
Todo empezó en 2013. La Comunidad de Madrid, a través del IVIMA, vendió por 200 millones de euros a Encasa Cibeles un total de 2.935 viviendas públicas, además de 3.048 garajes, 1.835 trasteros y 45 locales, repartidos todos ellos en diversas localidades de Madrid como Leganés o Navalcarnero. Encasa Cibeles es un fondo de inversión vinculado a Azora Gestión, que a su vez está ligado a Goldman Sachs: lo que se conoce como un “fondo buitre”.
Se trata de viviendas de protección oficial para personas en riesgo de exclusión social por tener rentas muy bajas: parados de larga duración, dependientes, etc. Tras la venta al fondo buitre, sus contratos de alquiler pasaron a multiplicarse… ¡por diez! Acoso inmobiliario en toda regla, para obligar a los inquilinos a marcharse.
Una vecina de Navalcarnero presentó una demanda, denunciando como ilegal la venta, a la que se sumó enseguida un recurso colectivo de la PAVPS (Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social). En un principio, el Contencioso Administrativo dictó sentencia a favor de la transacción, declarando que ante una venta salida a concurso, solo otras empresas podían impugnar su procedimiento y que los inquilinos no podían hacerlo porque no eran parte “afectada”, pese a ser en los hechos los más perjudicados.
Se tuvo que recurrir, primero al Tribunal Superior de Justicia, y posteriormente elevar el caso al Tribunal Supremo, una batalla legal que ha durado cinco años. Finalmente, el Supremo dictaminó que el Contencioso Administrativo revisara la sentencia.
Y así se hizo. En mayo de este año, el Juzgado del Contencioso Administrativo número 29 declaró nula la venta a los fondos buitre. Alegando que «no se ofrece ni justifica la razón o el porqué dejan de ser necesarias dichas promociones que cumplen una función social». Y afirmando que solo podía aceptarse la venta de esas viviendas en el caso que estuviesen desocupadas ni nadie las demandase, lo que obviamente no era el caso.
Sin embargo, la batalla no terminó ahí. La Comunidad de Madrid recurrió cínicamente la sentencia, en nombre del “interés general de los madrileños”, como si los inquilinos de todas esas viviendas no fuesen de Madrid.
Ha sido este septiembre cuando se ha vuelto a revisar la sentencia y los tribunales han vuelto a dar la razón a los inquilinos, declarando nula la venta y obligando a la Comunidad de Madrid a conservar las viviendas.
Esta es una muy buena noticia, y no solo para los propios inquilinos que van a poder seguir residiendo en sus hogares sin las condiciones draconianas que imponían los fondos buitres, sino porque crea jurisprudencia. Otros inquilinos han sufrido el mismo caso por parte del Ayuntamiento de Madrid, cuando estaba en manos del PP: las 1.860 viviendas que el consistorio (con Ana Botella de alcaldesa) vendió a través de la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo) al fondo buitre Fidere, filial de Blackstone, y cuyo destino todavía está en los tribunales. Con esta victoria, los vecinos tienen condiciones muy favorables para una segunda victoria.
Un triunfo que ha sido posible por la tenacidad y la organización de los inquilinos, que no dejaron de luchar aun cuando la justicia les dio la espalda en la primera vuelta.