Cargando...La investigación financiera y tributaria sobre la infanta Cristina ha llevado al juez José Castro a pedirle que se explique respecto a “determinados indicios objetivos” relacionados con defraudaciones tributarias y blanqueo de capitales. Lejos de poner en peligro los pilares del Estado o el futuro de la Monarquía, la decisión del magistrado constituye un buen síntoma de la salud democrática de una sociedad atravesada por corrientes muy críticas hacia el funcionamiento de sus instituciones.
Nada tiene de extraño que un juez de instrucción tramite una causa penal. Lo insostenible es lo contrario: que no se le pregunte nada a la hija del Rey por ser quien es. Lo que el juez hace no solo entra dentro de la normalidad procesal, sino que muestra la igualdad de los ciudadanos ante la ley —valorada por el propio rey don Juan Carlos en su discurso de Nochebuena de 2011— y la efectiva separación de poderes.
El acto judicial se produce tras el informe de la Fiscalía, que el 14 de noviembre se apresuró a negar la necesidad de llamar a declarar a doña Cristina, informe criticado en algunos medios jurídicos por cuanto suponía de presión hacia el juez. Ello no ha paralizado al magistrado que, a la vista de las dudas sobre el comportamiento tributario de una ciudadana, independientemente de que se trate de una Infanta de España, le cita a declarar con abogado.
El juez no sostiene que existan pruebas de delitos, sino que relata una larga serie de gastos personales de doña Cristina cargados a la sociedad Aizoon que, a su juicio, pueden constituir un reparto de dividendos opaco a Hacienda, contabilizados por la empresa como gastos operativos sin relación con su actividad. Para el juez, esa firma era una entidad vacía, que servía de “andamiaje imprescindible para la comisión de los delitos fiscales que se están investigando”. Si esas defraudaciones alcanzaron o no los 120.000 euros (la cuota para ser consideradas delictivas), o si la posesión por la Infanta del 50% de esa sociedad le hace responsable del manejo de fondos o esto afecta solo a su marido, Iñaki Urdangarin —administrador de Aizoon—, son algunas de las cuestiones que deberán depurarse en el proceso. Que ambos cargaran a esa firma sus gastos personales y familiares, o que aparentemente alquilaran parte de su propia vivienda familiar a la firma Aizoon puede deberse, o no, a causas explicables.
Lo inaceptable es que tales dudas queden en el aire y pasen a formar parte de un supuesto lado oscuro de la democracia. Los miembros de la familia del Rey carecen de fuero y, por tanto, si el auto de la convocatoria a declarar adquiere firmeza, doña Cristina deberá presentarse en el juzgado de Palma como una ciudadana más. No es positivo que la declaración señalada se demore aún dos meses, después de tres años de instrucción, pero es cierto que la defensa de la Infanta, la fiscalía y las partes tienen derecho a recurrir, y el juez señala un plazo prudencial para dar tiempo a la resolución de recursos, de los que depende que su auto de ayer adquiera firmeza o no.
Una eventual declaración de doña Cristina no prejuzga su futuro judicial. Otras 42 personas han sido citadas en el curso de la misma investigación, algunas de las cuales están imputadas y otras no. Las disquisiciones sobre inocencias o culpabilidades deben aplazarse hasta que exista una acusación formal o se excluya a la Infanta de la causa, una vez oída. Quede, en cualquier caso, la constancia pública de que este paso dado por el juez Castro solo puede entenderse como una respuesta digna a la exigencia de transparencia que caracteriza a cualquier democracia asentada.