Blackrock es uno de los mayores fondos de inversión del mundo. En España tiene importantes porcentajes del accionariado de empresas y bancos, así como miles de propiedades inmobiliarias.

El desarrrollo de las energías alternativas era una posibilidad para eliminar nuestra dependencia del exterior del petróleo y el gas. La compra ahora del 20% de las acciones de Naturgy es muy expresivo de cómo ese camino se cierra para supeditar todo el sector al capital extranjero.

No es una operación más. Para Blackrock es su mayor compra en diez años. Pagando 11.413 millones de euros se convierte en el segundo accionista de Naturgy (antigua Gas Natural).

El fondo estadounidense posee un capital relevante en 20 de las 35 mayores sociedades en España. En banca ya es el primer accionista en BBVA y Santander, y es un accionista importante en el Banco de Sabadell. En la energía su control sobre un sector tan estratégico se extiende en Iberdrola, Repsol, Enagás, o Redeia (Red Eléctrica Española).

Control extranjero del sector de la energía en España

BlackRock ostenta una posición de dominio sobre el conjunto del sector estratégico de la energía: como propietario participa en las decisiones de los dos operadores del sistema gasista (Enagás) y eléctrico (Redeia). Al tiempo, es accionista principal tanto en petróleos (Repsol) como en gas (Gas Natural-Energy) o electricidad y renovables (Gamesa…). El desarrollo de las energías alternativas (fotovoltaica y eólica) abría una puerta a un triple avance para España: en poder acabar con nuestra dependencia energética de las importaciones de gas y petróleo; en la investigación, llegamos a ser número uno en el sector en el mundo en patentes; y en eliminar el peso de los monopolios. Era posible porque la generación de electricidad con placas solares o modernos molinos de viento también se puede hacer a pequeña escala, con productores individuales o comunidades que combinasen autoconsumo y venta a la red del sobrante. Una oportunidad para completar ingresos de los agricultores y beneficiar a los núcleos rurales.

Todo esto se ha ido minando con las sucesivas regulaciones, favoreciendo megaproyectos solo al alcance de monopolios. Queda frenada la investigación, vendiendo industrias punteras (Gamesa) o paralizando patentes (español es el sistema para que los molinos floten estables en alta mar sin necesidad de fijarlos al fondo marino). Y se están imponiendo, en nombre del «interés común», expropiaciones en montes para instalar parques eólicos donde los habitantes no se benefician en nada de la riqueza generada.

Las acciones y participaciones cruzadas de BlackRock les otorgan un vasto poder.

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Control blando, cesión fuerte

Blackrock no suele reclamar los puestos en los consejos de administración de las empresas en las que entra, como le correspondería a su porcentaje de acciones. Pero la fuerza que le otorga su capital le permite influir en el rumbo de la compañía colonizada. La creciente presencia en el capital de las grandes empresas de este y otros fondos de inversión, principalmente anglosajones, parece corresponder a que su metrópoli ha impuesto, en la relación de dependencia que mantiene la oligarquia financiera española, un nuevo tributo a pagar.

A la entrada de España en el Mercado Común Europeo se produjo un pacto tácito, de cesión de amplios sectores industriales en favor de los monopolios alemanes y franceses. La producción industrial pasó de suponer un 27% del Producto Interior Bruto a un raquítico 13% actual. Y se entregó la propiedad de ramas enteras, como la automoción. Las inversiones norteamericanas fueron incrementadas. Se cedió el sistema de distribución de alimentos a cadenas francesas; se redujo la producción naval; y sucesivamente se fueron supeditando otras áreas económicas. Es tal la relación de dependencia que siendo uno de los mayores receptores de turistas del mundo, se cedió desde las redes nacionales de autobuses (Alsa vendida, y liquidada Enatcar), hasta el transporte de mercancías y viajeros a las islas, incluyendo la venta de la estratégica Iberia.

Nuestro destino fue sellado como una factoría de mano de obra barata para ensamblaje de lo producido fuera, y como parador turístico.

Un camino aceptado por la clase dominante española, ejecutado, sin diferencias en lo esencial, por los gobiernos de PSOE y PP. Llegando en su última etapa a convertir a inversores foráneos en los principales propietarios de suelo en nuestro país para construir pisos e infraestrucuturas, y de los centros comerciales, polígonos, oficinas y viviendas en alquiler.

¿Y qué ganaba con ello la oligarquía española?

Por el grado de dependencia que arrastramos respecto de Washington y subsidiariamente de Berlin, serían más imposiciones que negociaciones; pero sí que se observaba cómo tres sectores se quedaban al margen: la banca, la energía y las obras públicas, parecían cotos privados para el refugio de la menguante oligarquía española; pero desde la crisis de 2008 y las acuciantes necesidades de capital del imperio ya no se respetan. El dique está ahora en que el capital norteamericano se queda las acciones de bancos y energéticas, a cambio de que los Consejos de Administración, y los privilegios que ello conlleva, siguen siendo de las «grandes» familias nacionales. El capital extranjero se lleva el bocado de los dividendos anuales. Una total cesión a cambio de un control blando para esa clase social de la oligarquía. Para el resto de clases el dogal ha sido tensado.

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Blackrock, el rentista de España

El fondo estadounidense tiene 24.000 millones en propiedades en España, con paquetes de acciones en 20 de los 35 mayores grupos económicos del país. Se lleva 1.800 millones anuales solo del «corte de cupón», sin mediar inversión estratégica, proyecto industrial o cesión de patentes alguna. No hay ninguna relación de beneficio mutuo. Es solo un gigantesco parásito que se queda, en virtud de su capital, con un porcentaje de la riqueza anualmente generada por la sociedad española.

Y esto es solo el porcentaje que controla Blackrock, otros fondos norteamericanos, y de otras naciones, poseen en total ya hasta un 65% de todas las compañías del IBEX 35.