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Al mismo tiempo que la Fiscalía Anticorrupción hacía publicas las penas que pide para los imputados por la trama de las mascarillas, 24 años de prisión para el exministro Ábalos, conocíamos el informe de la UCO que señala al exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán, como clave en el amaño de obras públicas.
Casos de corrupción que afectan a altas esferas del PSOE y del gobierno, y que exigen no solo una decidida transparencia para llegar hasta el final de las tramas sino abordar los cambios legales para atajar este saqueo del dinero público, dando a la corrupción el mismo trato que al crimen organizado.
La primera pieza del conocido ya como ‘caso Koldo, Ábalos, Cerdán’, centrada en la compra de mascarillas durante la pandemia, será el primer juicio a la trama de corrupción con epicentro en el ministerio de Transportes bajo el ministro José Luis Ábalos.
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El juicio de las mascarillas
En este juicio el juez del Supremo sentará en el banquillo a Ábalos, su exasesor Koldo y el empresario Aldama, acusados de la compra fraudulenta de mascarillas y material sanitario en los momentos más duros de la pandemia.
La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión y multa de más de 3,9 millones de euros para el exministro de Transportes José Luis Ábalos por las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, y otros 19,5 años y 3,9 millones de multa para Koldo García. Para Víctor de Aldama, el tercer implicado en la trama, se piden 7 años de cárcel por la confesión de sus delitos y colaborar con la investigación
Anticorrupción imputa a Ábalos -considerado el jefe ya que “aportaba la autoridad que le confería su máxima autoridad” y a Koldo -su “alter ego”- cinco delitos: organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Además la Fiscalía pide una indemnización de 34.477 euros de forma subsidiaria entre Ábalos y Koldo para Ineco y 9.500 euros para Tragsatec, las dos empresas públicas en las que, supuestamente, la trama enchufó a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos.
Aldama es imputado por solo tres delitos, los de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada. Se considera acreditado que el comisionista tuvo “información previa y privilegiada” sobre la necesidad de la urgencia sanitaria y así una de sus mercantiles, Soluciones de Gestión, se hizo con los contratos de Puertos del Estado (8 millones de mascarillas) y de ADIF (5 millones) tras una orden que firmó el ministro Ábalos en marzo de 2020.
El informe de la UCO desvela las adjudicaciones de obras públicas a cambio de comisiones del 2%
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La trama de las obras públicas, corruptos y corruptores
El informe de la UCO, secreto hasta ahora, desvela la segunda pieza de la trama de corrupción que anidaba en el ministerio de Transportes: las adjudicaciones de obras públicas a cambio de comisiones del 2% sobre el total de los contratos que se repartirían Santos Cerdán, Ábalos y Koldo.
Este informe, se sustancia en los audios y materiales incautados a los investigados en los registros de sus domicilios, así como el registro de varias empresas vinculadas a la trama, sobre todo las sedes de Acciona y el domicilio de su Director de Construcción, Justo Vicente Pelegrini, y da las claves de esta segunda parte de la trama corrupta.
1) “la trama Cerdán”. En el ministerio de Transportes que dirige José Luis Ábalos (el de mayor presupuesto hasta ahora) sigue estando el epicentro. Pero el segundo secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tiene un papel determinante, como nexo de unión entre los corruptores y “la trama Cerdán”. A través de una pyme navarra, Servinabar, donde tiene el 45% de las acciones, Cerdán canaliza las presuntas comisiones por las adjudicaciones de obras a la trama.
2) En la trama aparecen los “corruptores”, los que pagan las mordidas. Ya no son un empresario como Aldama, sino una multinacional, Acciona, la empresa fundada por la familia oligárquica Entrecanales, dedicada a la gestión de infraestructuras, construcciones, servicios y energías renovables. Según el informe de la UCO, los registros de las sedes de la empresa en Bilbao y Madrid, demuestran que sin Acciona no podría haber funcionado la trama.
3) El informe UCO detalla el “modus operandi”. Cerdán establece la “colaboración” con Acciona, mediante la firma de un “memorándum de entendimiento” entre Servinabar y Acciona para cada una de las adjudicaciones de obra pública a la multinacional, donde se especifica el pago del 2% del coste total de cada obra adjudicada, que después se repartirían entre Cerdán, Ábalos y Koldo.
El 75% de los ingresos de Servinabar -unos 6 millones de euros- provenían de Acciona.
4) La colaboración Acciona-Servinabar se extendía por toda España, con adjudicaciones de grandes obras. Un tramo de la autovía A-68 en Logroño, la remodelación del Puente del Centenario en Sevilla, el tren de Sant Feliu de Llobregat en Barcelona y la ampliación del Túnel de Belate en el norte de Navarra. Estas cuatro grandes obras investigadas sumaron más de 300 millones de euros., incluyendo el 2% para la “trama Cerdán” a través de Servinabar.
Como consecuencia de estas adjudicaciones fraudulentas también están imputados: el director de Construcción de Acciona, Justo Vicente Pelegrini; Javier Herrero, ex Director General de Carreteras e Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif.
5) La familia Cerdán. La UCO también señala como “beneficiarios” de las mordidas al entorno familiar de Cerdán. Según apuntan, Santos Cerdán y su “entorno familiar” eran los beneficiarios últimos de las mordidas que pagaban las empresas constructoras: su hermana, contratada en Servinabar, su cuñado…
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La hora de la verdad
La trama de corrupción con epicentro en el ministerio de Transportes que dirigía Ábalos y los dos secretarios de Organización del PSOE imputados es uno de esos casos de corrupción que nadie puede negar y que afectan directamente a altas esferas del PSOE y del gobierno.
Además, por cómo se han dado, aprovechando los peores momentos de la pandemia para enriquecerse con las mascarillas o los audios indignantes y machistas de Koldo y Ábalos sobre la contratación de prostitutas, tienen efectos devastadores, que siembran desafección en la clase política de amplios sectores de la sociedad.
Es necesaria una reforma legal para dar a la corrupción el mismo trato que al crimen organizado: que no prescriban los delitos y devuelvan lo robado
Es la hora de la verdad no ya para los imputados. Es la hora de la verdad y la exigencia para los dirigentes del PSOE, pero también para los altos cargos políticos del gobierno y otras instituciones señaladas en las investigaciones. La colaboración con las investigaciones judiciales sigue siendo un déficit democrático. En el PSOE no pueden estar más pendientes de que muchas cosas no salgan a la luz que de aportar todo lo que pueda ayudar a esclarecer y limpiar cualquier atisbo de corrupción.
Pero también es el momento de la verdad para abordar los cambios legales necesarios para atajar este saqueo del dinero público.
Ante la reiterada aparición de la corrupción en los partidos que gestionan el dinero de todos, es necesario un cambio radical, una reforma legal para dar a la corrupción el mismo trato que al crimen organizado: que no prescriban los delitos de corrupción, mecanismos para que devuelvan lo robado respondiendo con el patrimonio personal y establecer cómo aplicar la responsabilidad subsidiaria de los partidos… Y por supuesto, acabar con los aforamientos.