El desgraciado, y efímeramente último, escándalo de corrupción que ha salido a la luz consiste, ni más ni menos, en que Miguel Navarro, el que fuera alcalde de Lorca (Murcia) por el PSOE hasta 2006 y durante 14 años, haya sido detenido por agentes de la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la policía como presunto autor de un delito de malversación de fondos públicos en el seno de la empresa municipal de la limpieza (Limusa). Pero lo realmente grave es la realidad que va saliendo a la superficie día tras día. Que la corrupción se extiende prácticamente por todos los ayuntamientos, que los implicados son de cualquier color político.
Con esta detención, ya son ocho las ersonas implicadas en la presunta trama de corrupción que, según la investigación llamada Operación Reciclaje, se apropió de la empresa municipal de limpieza y la utilizaron, junto con la sociedad Cabo Cope Naturaleza, para cometer delitos relacionados con el fraude al IVA y el Impuesto de Sociedades. La policía investiga la desviación millonaria de fondos que invertían en negocios inmobiliarios. Lo que los ciudadanos de a pie necesitan, y quieren, es que se lleve a cabo una investigación sistemática de todos las tramas de corrupción. Y que se ejerza un riguroso control del gasto público de todas las administraciones, desde los organismos centrales hasta los locales, pasando por los autonómicos.