Cargando...La expresión ‘capitalismo de amiguetes’ no es nueva. Aunque en las últimas semanas la ha rescatado de un cierto olvido el economista Luis Garicano -durante la presentación del programa económico de Ciudadanos-, hay que remontarse a la segunda mitad de los 90 para encontrar su origen. Y más en concreto, durante el intenso proceso de privatizaciones que lanzó el primer Gobierno Aznar, y que supuso que el Estado renunciaba a tener una presencia significativa, ni siquiera testimonial, en algunas de las grandes empresas del país, surgidas en su gran mayoría de los antiguos monopolios públicos en sectores estratégicos como el gas, la electricidad o las telecomunicaciones.
Aquel proceso supuso unos extraordinarios ingresos para el Estado. Nada menos que 50.126 millones en euros actuales, según el Consejo de Privatizaciones, pero lo relevante es que creó una nueva aristocracia económica muy cercana al poder y cuyo epicentro suele situarse en el palco del estadio Bernabéu. El Estado se desprendió de 72 empresas, muchas de ellas de gran tamaño y con enorme cuota de mercado.
Las privatizaciones, sin embargo, no fueron el único instrumento que alentó la creación de una nueva oligarquía acostumbrada a cabildear con el poder político. La proliferación del sistema concesional abrió nuevos negocios -con concursos muchas veces amañados- una vez que el sector público se retiró de la prestación de determinados servicios públicos, mientras que, en paralelo, se abrían lucrativas operaciones mediante los llamados modificados de obras, que permitían a las constructoras cobrar aunque el precio final del proyecto fuera desorbitado respecto del precio inicialmente previsto.
El camino, como se sabe, lo inició el anterior Gobierno socialista, pero la cristalización de una élite económica -las multinacionales españolas- con enorme capacidad de influencia sobre el gobierno de turno y sobre el BOE, es relativamente nueva.
La creación del Consejo Empresarial de Competitividad -el lobby de los lobbies- es la plasmación de esa idea. Y el resultado, como sostiene un brillante economista que conoce bien los entresijos del aparato productivo español, es un país con un dinámico sector exterior, pero con evidentes agujeros es su sistema económico interno.
Básicamente, porque se han diseñado políticas destinadas a proteger a las grandes multinacionales españolas -a quienes el Gobierno sigue identificando con la Marca España- en detrimento del interés general. Hay, en este sentido, una vieja (y célebre) frase de Adam Smith que lo resume. El economista escocés sostenía que los comerciantes de un mismo gremio raramente se reunían, y cuando lo hacían no era pasar un buen rato, sino para conspirar contra lo público o pactar alguna subida de precios.
El mejor ejemplo son las posiciones dominantes sobre el mercado interior que tienen compañías como Telefónica, Repsol, Gas Natural, Abertis o Iberdrola y Endesa, cuya capacidad de influencia en el gobierno de turno –por la escasa potencia de las leyes antimonopolio- es evidente más allá de que en determinados momentos puntuales (ante la crisis de las finanzas públicas) el actual Ejecutivo -como recordó Mariano Rajoy en el debate sobre el estado de la nación- haya tenido que tomar algunas medidas contra sus intereses.
El sistema, sin embargo, sigue intacto, y el mayor exponente de ese sinsentido (estamos ante un auténtico escándalo en un país desarrollado) es que los dos principales grupos de televisión capten más del 85% del mal llamado mercado de la publicidad (no lo hay) sin que la Comisión Nacional de Competencia diga esta boca es mía. Máxime cuando estamos ante un sector regulado que requiere una concesión administrativa para poder operar. El escándalo es todavía mayor si se tiene en cuenta que las dos últimas vicepresidentas (la anterior y la actual) siempre han situado el negocio de la televisión bajo su área de influencia directa, como si se tratara de un tesoro (electoral) que había que salvaguardar a toda costa.
No se trata, desde luego, de un fenómeno estrictamente español. Algunos estudios han identificado un enorme paralelismo en los países periféricos del sur de Europa. En particular, en Grecia y España. En ambos países el origen de sus problemas (son los únicos que soportan más del 20% de tasa de paro) tiene que ver con el mal funcionamiento del sistema económico por años de corrupción y mal gobierno.
Antiguos monopolios
En el caso de España, por ejemplo, el sector exterior funciona razonablemente bien, pero no es el caso del mercado interior por un problema de mala calidad de sus instituciones regulatorias, que tienden a favorecer la existencia de mercados muy poco competitivos y que funcionan en realidad con criterios de apropiación de rentas. La escasa presencia de multinacionales en sectores clave de la economía española (precisamente los que controlan los antiguos monopolios) es la prueba del nueve de este sistema anticompetitivo.
El Gobierno de Syriza -torpe en otros aspectos- ha identificado bien este problema y en las negociaciones que mantiene con la troika (ahora denominadas las ‘instituciones’) lo han planteado con sensatez. Entre sus puntos centrales está, por ejemplo, liquidar el oligopolio eléctrico que hace que los griegos paguen una elevada factura. O la imposición de tasas para quienes explotan gratis -habría que decir por la cara- las licencias de televisión conseguidas por su cercanía con el poder.
Desgraciadamente, en España no sucede lo mismo. El funcionamiento del mercado interior ha pasado por el debate del estado de la nación como si se tratara de un asunto menor. Hasta el extremo de que el presidente del Gobierno habla y habla sin proponer nada nuevo para obligar a las élites económicas a competir en favor del interés general y no del particular. Probablemente porque tantos años de colusión en contra de la ciudadanía han acabado por dormir muchas conciencias. Lo que es bueno para General Motors, como sostenía la célebre expresión, no es siempre bueno para el país. Y defender a grandes empresas en contra de los intereses generales se llama simple y llanamente corrupción.
La causa del mal funcionamiento del mercado interior -que expulsa la entrada de nuevos operadores y genera un mayor peso de las importaciones respecto de lo que sería razonable- probablemente tenga que ver con un problema más político que económico.
Corrupción y clientelismo
La arquitectura institucional del país está construida a imagen y semejanza de los partidos políticos, lo que hace que el clásico sistema de pesos y contrapesos no sólo no funcione, sino que se favorezca la corrupción y el clientelismo. Ni el sistema parlamentario ni el económico actúan de forma diligente, lo que alienta la creación de oligarquías con enorme capacidad de influencia amparadas en muchos casos por expresidentes de Gobierno.
El economista Dani Rodrik -una de las cabezas mejor amuebladas del pensamiento económico- ha estudiado bien este fenómeno, y en un reciente encuentro en el Banco Mundial ha recordado que no basta con aprobar reformas si en paralelo no se mejora el sistema de gobernanza y la propia calidad de las instituciones favoreciendo la presencia de los consumidores en las instituciones públicas. El éxito de las políticas de reformas, viene a decir Rodrik, dependerá de la gobernanza. Y hoy, desgraciadamente, las reglas del juego las marcan pequeños y poderosos grupos que determinan la acción de Gobierno. Haciendo bueno aquello que decía Adam Smith, como se sabe poco sospechoso de atentar contra el mercado.
Smith sostenía* que los comerciantes e industriales se quejaban mucho de los efectos perjudiciales de los altos salarios, “porque suben los precios y por ello restringen la venta de sus bienes en el país y en el exterior”. Pero “nada dicen”, sostenía el escocés, “de los beneficios elevados”. Y concluía: “Guardan silencio sobre las consecuencias perniciosas de sus propias ganancias. Sólo protestan ante las consecuencias de las ganancias de otros”.