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Los diputados tienen una «doble vida», por una parte ganan sueldos nada despreciables, pero la parte del león de sus ingresos mensuales lo constituyen sus actividades «privadas» extraparlamentarias en las que utilizan toda su influencia política -tales como bufetes de abogados, consultoras, etc- auténticos núcleos de la corrupción en España.
Casi la totalidad de los arlamentarios no viven de la nómina del Congreso, pese a que la ley electoral les impone la dedicación absoluta a su trabajo parlamentario.Con independencia de la fuerza política que representen, cierran filas y se defienden de manera feroz ante cualquier iniciativa que pretenda endurecer su régimen de incompatibilidades y dar transparencia a sus actividades privadas. Por supuesto, en el caso de los parlamentarios, estamos hablando de auténticas incompatibilidades tanto de intereses como materiales.De intereses, porque los parlamentarios utilizan su información e influencia, por ejemplo, por poner un caso, para asesorar a empresas privadas en concesión de terrenos. O a la inversa, se pueden oponer a normativas parlamentarias que aunque buenas para los ciudadanos vayan contra sus "clientes". Por otra parte se trata de una incompatibilidad material, de horas. Para atender sus múltiples tareas externas es sabido que la mayoría de los parlamentarios sólo acuden a los plenos más importantes o para las votaciones y se multiplica, por ejemplo, la contratación de “asesores” con nóminas también de miles de euros al mes de los bolsillos de los ciudadanos. Si se obligara a los parlamentario a trabajar todo el tiempo (con esos suculentos sueldos tan alejados de los de la mayoría de la población) ¿No marcharía mejor y más rápidamente el Congreso? Si se obligara a una dedicación exclusiva sin posibilidad de colusión entre intereses privados y públicos ¿no se avanzaría enormemente en sanear nuestros organismos públicos? ¿No sería también un buen criterio de selección para que al Congreso sólo entren los que tengan una verdadera vocación de servicio a la sociedad? Es decir, que se queden fuera todos aquellos que pretenden vivir de la política e inflar sus propios negocios usando el parlamento como plataforma. Actualmente el Congreso estudia la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que contempla el sistema de voto por correo de los españoles residentes en el extranjero o la regulación del sufragio de los inmigrantes, eso sí ningún grupo parlamentario ha planteado analizar siquiera la posible modificación de los artículos de la ley que establecen el laxo régimen de incompatibilidades de los diputados, que da lugar a abusos y frecuentes sospechas de colisión entre lo público y lo privado.