Mal estado del agua

La depuradora eres tú

Un reciente estudio de la Fundación Nueva Cultura del Agua afirma que más del 50% de las aguas españolas están en mal estado.

Las aguas fluviales españolas son un potencial energético y la base del consumo hídrico de todos nosotros. La correcta gestión del agua tiene consecuencias no sólo económicas sino también para la salud de la gran mayoría.

Se considera que sólo la industria química ha introducido más de 100.000 sustancias sintéticas diferentes en el medio acuático. Miles de sustancias que son arrojadas en cantidades desorbitadas a nuestros ríos y que serán retenidas en los lodos de los pantanos o finalmente irán a parar al mar, pues sólo una pequeñísima parte serán depuradas y eliminadas. A través del agua nos están llegando al organismo restos de productos químicos que escapan a la acción de las depuradoras convencionales. Miles de sustancias, de las cuales a lo sumo unas pocas centenas están catalogadas y son detectadas en los más finos análisis fisicoquímicos de seguimiento que realizan las autoridades hidráulicas. Se trata de pesticidas o fertilizantes usadas en la agricultura, medicamentos, plásticos, productos para el cuidado personal o subproductos de la desinfección de aguas. No conocemos cuales son las consecuencias de la presencia de todas estas sustancias para la salud.

La gamma de medicamentos que llegan a nuestros ríos porque directamente se tiran al retrete o se excretan es imponente. En 2006 se identificaron en el Ebro restos de 20 medicamentos, en 2009 le tocó el turno al Llobregat y el Anoia, cauces en los que aparecieron hasta 29 fármacos. Y ya se encuentran en la fauna. Un último estudio realizado por el ICRA en ríos en el Mediterráneo ha detectado en los peces antiinflamatorios como el diclofenaco (base del Voltarén), betabloqueantes (fármacos utilizados para controlar el ritmo cardiaco), drogas empleadas en tratamientos psiquiátricos como la carbomazepina, y el salbutamol, utilizado en procesos asmáticos. Otra investigación del mismo centro ha localizado vestigios de productos utilizados en tratamientos de quimioterapia en el agua de hospitales y depuradoras de Coimbra, Valencia, Girona y Toulouse, que son muy resistentes y tóxicos.

En manos de quién

Pero, ¿quién es responsable? ¿En manos de quién está el control de nuestra agua?

El motor de la degradación de nuestras aguas es, actualmente, la entrega de su gestión a los grandes monopolios. El agua es moneda de cambio para enjuagar grandes deudas, tanto de las administraciones como de las grandes constructoras.

Como resultado, mientras para unos las aguas en España serán una fuente de subida de tasas, impuestos y peligros para la salud; para otros será una fuente ingente de beneficios.

La UE exige que este proceso se acelere. Los costos de las obras hidráulicas, según ellos, deben ser asumidos progresivamente por los usuarios y se deben introducir impuestos medioambientales.

En Catalunya, el canon del agua ya incorpora un cuatro tramo para consumos excesivos o suntuarios. FACUA – Consumidores en Acción ha detectado diferencias desproporcionadas (¡de hasta el 354,4%!) en las tarifas del suministro domiciliario de agua en 2012 de 28 ciudades españolas.

En cuanto a la calidad del agua, la UE tiene un litigio con el gobierno español por la falta de tratamiento de las aguas residuales urbanas y éste afirma que es competencia de los municipios y gobiernos autonómicos.

Y ahí es donde podemos observar que se viene dando en España una auténtica ola de privatizaciones en la gestión del agua puesto que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y las imposiciones de la UE y el FMI la financiación urbana tira del agua. Un bien público por excelencia.

El descenso de los ingresos municipales ha hecho que se multipliquen por todo el Estado los procesos de privatización del suministro. El agua sigue siendo pública, pero la gestión se adjudica a una gran empresa de servicios a cambio de un “canon concesional”.«La degradación del agua se acelerará con la expropiación»

Incluso la Generalitat de Catalunya anunció en diciembre pasado la nueva gran privatización del año 2013: la venta de la Agencia Catalana del Agua, más conocida en Cataluña como la ACA, una de las grandes del sector público catalán. Factura 375 millones anuales gestionando y planificando el ciclo integral del agua. Sus beneficios, en torno a los 32 millones de euros, dependen en buena parte de los tributos sobre el agua. Arrastra una deuda de 1.240 millones.

En los tribunales está todavía la pugna por Aigues del Ter-Llobregat entre Agbar (20% Caixabank y 80% de la francesa Suez) y el consorcio liderado por Acciona Agua (39%) y el banco de inversiones brasileño BTG Pactual (39%), junto a las familias catalanas Godia y Rodés. Se trata de una concesión por 50 años que cubre el tratamiento, almacenamiento y transporte del agua a 4 millones de usuarios y al corazón industrial de Barcelona. El canon previsto es de 995,5 millones de euros y permite reducir la deuda pública catalana en 1.000 millones de euros.

En Andalucía, el 40% de la gestión del agua ya está en manos privadas. La empresa de Esther Koplowitz se ha adjudicado recientemente la gestión del agua de la ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz) durante 25 años por 900 millones. Su filial Aqualia se ha convertido ya en la principal operadora de agua de Andalucía, donde presta servicio en un centenar de municipios y atiende a una población de 2,4 millones de habitantes.

Oligopolio

Dos compañías se reparten cerca del 80% de este nuevo negocio: la catalana Agbar (filial de la francesa Suez) tiene 13 millones de usuarios, y la constructora FCC, más de 9 millones. Otras constructoras como Acciona también han acudido como moscas al panal de rica miel.

La rentabilidad es segura. Tienen un mercado cautivo durante décadas. La modificación al alza del precio es el grifo por el que aumentan sus beneficios sin cesar. Los recibos del agua tienen una garantía de cobro de entre el 95% y el 97%. Las compañías se hacen con un mercado sin competencia local, un auténtico monopolio. Es más, pasan a controlar los organismos de la administración que controlan el agua. ¿Quién les controla entonces a ellos?

Cuentan con dos grandes respaldos. Uno es la banca. Las grandes empresas que optan a los concursos de privatización suelen tener detrás una entidad bancaria que les va a financiar, aprovechando el dinero que el Banco Central Europeo les ha prestado al 1% de interés. Por imposición europea, los ayuntamientos no pueden endeudarse con la banca, por tanto esto es un plan de rescate encubierto.

Y, segundo, cuentan con la administración que no sólo otorga concesiones de forma sospechosa sino que aprueba los incrementos de tarifa exigidos por las concesionarias. En algunos ayuntamientos de Barcelona la subida ha llegado hasta el 27%.

Un estudio llevado a cabo por el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada afirma que “dentro de 20 años tendremos los ratios de aumento tarifario más caros de Europa, habrá una degradación de las infraestructuras y unas condiciones medioambientales lamentables”.

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