Brasil, que vota hoy, distorsiona por su gigantismo las estadísticas y las tendencias del conjunto de América Latina (AL). Las medias ocultan, en muchas ocasiones, las realidades que se dan en la cúspide de las sociedades y en la parte más baja de ellas. A pesar de la posibilidad de esa “trampa de las rentas medias” es muy significativo lo que está ocurriendo en el subcontinente durante la última década. La percepción externa de la región no se mueve tanto como la propia realidad.
Siguiendo la estela de los excelentes estudios sobre la calidad de la democracia de la zona, que comenzaron hace ahora una década, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acaba de publicar el último de ellos, sobre ciudadanía política, cuyas conclusiones son muy llamativas. La principal de ellas es la de que AL y cada uno de sus países muestran un importante progreso en materia de ciudadanía social durante la primera década del siglo XXI, que permite calificarla de “década ganada”, en contraposición a la década perdida de los años ochenta del siglo pasado. La ciudadanía social se mide por el ejercicio efectivo de los derechos económicos y sociales (derecho a ganarse la vida, a la protección, al más alto nivel posible de salud física y mental y a un medioambiente sano, a la educación y a gozar de los beneficios del progreso científico).
Este progreso en la ciudadanía social (que no significa ningún óptimo) es particularmente destacable en el contexto del escenario mundial: AL mejoró sus niveles de gasto social y de equidad distributiva en un momento en el que la mayoría de los países del mundo está experimentando el fenómeno contrario: incremento espectacular en sus niveles de desigualdad y caídas —o estancamientos— en el gasto social per capita. Disminuye la brecha que la ha separado de las naciones más desarrolladas.
Este progreso se identifica con el crecimiento del ingreso per capita, pero sobre todo, con el importante ascenso del gasto social. En promedio, este aumentó a un ritmo dos veces superior al del PIB, y lo hizo compatibilizándolo con los equilibrios macroeconómicos. Esta es la gran lección de América Latina para los tiempos que corren. Sin embargo, no se puede afirmar que ello sea un acontecimiento irreversible, porque la composición de los ingresos públicos que han permitido el alza del gasto social no está consolidada: el muy alto crecimiento de la presión fiscal está directamente relacionado con las subidas de precios de los recursos naturales que la región exporta. Se calcula que aproximadamente la mitad del aumento de los niveles de recaudación está vinculada a estos precios y no a los impuestos que pagan personas y empresas, por lo que la situación puede revertirse como ya ha ocurrido varias veces en la historia reciente de la región.
Por ello, el PNUD insiste en algo que lleva haciendo de modo permanente: la importancia de llegar a pactos (reformas) fiscales, que den potencia a estos cambios y a estas tendencias que significan una quiebra en la historia de la inequidad.