Cargando...El presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció hoy una intromisión abierta de Estados Unidos en sus asuntos internos que, entre sus argumentos para retirarle los beneficios de la Ley de Preferencias Arancelarias Andina y de Erradicación de Drogas (ATPDEA), cuestiona políticas que vamos implementando acá, como la nueva Constitución, de corte nacionalista.
“Lo más sorrendente es que en este nuevo gobierno de Estados Unidos –del presidente Barack Obama– ya no solamente cuestionan sobre la coca o el narcotráfico, sino políticas que vamos implementando acá en Bolivia”, subrayó el mandatario en un acto ante sindicalistas cocaleros del Chapare, en el centro del país. Citó un documento del Departamento de Estado sobre el desempeño de su gobierno, que comenzó en 2006, y que según Morales sirvió de base para retirarle a Bolivia el beneficio de la ATPDEA desde el 30 de junio, cuando Obama ratificó la decisión de su antecesor George W. Bush de marginar a Bolivia desde el año 2009 de la norma arancelaria. Washington aplica su norma como una compensación a los esfuerzos de los países andinos –Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú– a su lucha contra el narcotráfico, y que según Estados Unidos no fue cumplida por Bolivia durante 2008. Morales subrayó que en ese informe se cuestiona la nacionalización de los hidrocarburos efectuada por su gobierno en 2006, y critica un artículo de la nueva Constitución boliviana que autoriza la expropiación para bien público de las tierras que no cumplan una función social.De verdad no puedo creer que el presidente Obama tenga que observar (nuestra) Constitución; eso es decisión soberana de cualquier país, precisó. Se asienta en el informe estadunidense que los cultivos de coca en Bolivia subieron 6 por ciento durante 2008 al llegar a 32 mil hectáreas, superando en 20 mil las permitidas por la ley antidrogas, que autoriza 12 mil hectáreas en las llamadas zonas tradicionales como los Yungas de La Paz. Al respecto, Morales dijo que a su gobierno se le acusa de estar incentivando que haya más coca. “Yo sólo pido un c’ato –360 metros cuadrados– de coca por productor. Admito que cuesta evitar esto sólo con el control social. Pero mantengamos el c’ato de coca”, añadió el presidente al promulgar una ley de creación del municipio Shinahota, en una región productora de coca. No obstante, acotó que la dignidad de los bolivianos no vale unos 25 millones de dólares, que es la cantidad en que su gobierno cuantifica el monto de las pérdidas del beneficio arancelario. Más aún, rechazó otras acusaciones del informe estadunidense como aquella en que se dice que su gobierno puede disolver a los sindicatos con decretos administrativos, lo que calificó como de risa. Evo Morales ratificó otras medidas criticadas en el mencionado informe, como la expulsión en 2008 de los representantes de la oficina antidrogas (DEA) y el embajador Philip Goldberg, a quien acusó de conspirar contra su gobierno. Asimismo, la decisión de Bolivia de retirarse del Centro Internacional de Arbitraje, una medida que asumimos con orgullo y dignidad. Señaló que no era posible que desde afuera, desde el Banco Mundial, se puedan dilucidar litigios con empresas que operan en el país e ignorar las leyes nacionales sobre estos temas. Las acciones de Washington contra Morales vienen de larga data, desde los años 80 hasta la actualidad. Pero un incremento sustancial se registró cuando éste se convirtió en el favorito en la carrera presidencial de diciembre de 2005. Entre los actores que mantienen viva esa injerencia están la embajada de Estados Unidos y el Grupo Militar de ese país -con oficinas en la casa de gobierno hasta la llegada de Morales-, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y sus fundaciones subsidiarias para activar los golpes suaves de estos tiempos, y la agencia antidrogas estadounidense (DEA), entre otros, que han convertido a Bolivia en un verdadero laboratorio de viejas y nuevas contrainsurgencias. En los meses previos a la elección de 2005, las desesperadas acciones para impedir la llegada de Morales al poder resultaron una repetición asombrosa de lo actuado por Washington contra Salvador Allende en Chile, desde que éste era diputado hasta el golpe militar de 1973. Algunos documentos y testimonios que esta corresponsal recogió en Bolivia recientemente para un libro sobre la CIA y la DEA en ese país, revelan la historia increíble de esas conspiraciones contra Morales. Un entramado que tiene sus orígenes en los primeros años de la CIA en Bolivia, en los 50, y de la DEA, que entró en los años 80 de la mano del general Luis García Meza, quien impuso “la dictadura de los narco dólares” denominada así por el desaparecido periodista Gregorio Selser. Una testigo de esas conspiraciones relató como recibieron instrucciones de agentes de la DEA que estaban en una base interna que esa agencia tenía en un cuartel militar de Chimoré. Precisamente esa sede de la DEA fue cerrada por el presidente Morales. Las instrucciones fueron dadas a un grupo seleccionado por el conocimiento de la zona y se trataba de realizar un atentado contra Morales aprovechando la presencia de éste en el velatorio de campesinos asesinados en un bloqueo de carretera. Para esto, la DEA contó con el apoyo de un oficial boliviano de alto rango, quien obligó a participar en el plan a policías y militares, varios de los cuales manifestaron reticencias, pues la orden no estaba escrita y no provenía de sus mandos naturales. Cada vez que se va rascado más en la superficie de todo este entramado multinacional, de paramilitares y mercenarios, ligados al entramado opositor tanto en Bolivia como en Venezuela y sus conexiones con el Plan Colombia, CIA y la DEA. Empieza a tomar color una especie de nuevo “Operación Cóndor”, viejas recetas, pero esta vez desde la oposición a los gobiernos del frente antihegemonista en Latinoamérica. Una especie de gran acuerdo de todas las oligarquías que han perdido sus privilegios, auspiciadas por el imperialismo.