Empezamos el quinto mes de la dana de Valencia lleno de incertidumbres. Hay indignación popular por la gestión y malestar por la lentitud de las ayudas. ‘Mazón dimisión’ sigue siendo el grito más coreado. Aún más, después de que hayamos conocido que se presentó en el Cecopi a las 20,28h, cuando la mayoría de las víctimas mortales ya habían fallecido.

Falta un plan de recuperación. Y los expertos climáticos advierten: “las danas serán potencialmente más destructivas” y habrá que hacer una reconstrucción atendiendo a los retos del cambio climático.

¿Qué alternativa a la dana? ¿Qué necesitamos para hacer frente a esta situación?

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La indignación popular

El pasado 1 de marzo, cuatro meses después de la dana del 29 de octubre, la peor riada del siglo, las calles del centro de Valencia volvieron a llenarse de manifestantes (30.000 según la delegación del Gobierno). Ha sido la quinta manifestación exigiendo “justicia, reparación y dignidad” para las 227 víctimas, 3 desaparecidas y las más de 100.000 familias afectadas por las devastadoras inundaciones sin precedentes en los 80 municipios de las comarcas de l’Horta Sud, la Ribera, el Camp de Túria, la Hoya de Buñol-Chiva, la plana de Utiel-Requena, la Serranía, el Camp de Túria y las pedanías del sur de València.

Como en las cuatro anteriores, los manifestantes, convocados por varias asociaciones de víctimas y comités locales de emergencia, y apoyadas por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales volvieron a exigir responsabilidades y la dimisión de Mazón por la “inactividad, negligencia y falta de alerta temprana” en la gestión de la tragedia y las muertes que se podrían haber evitado.

“No fue ni la lluvia, ni el barranco, ni el río, fue la irresponsabilidad de aquellos que pudiendo salvar sus vidas no lo hicieron”, proclamó en su parlamento al final de la manifestación Rosa María Álvarez, la hija del barbero de Catarroja ahogado en su casa.

Políticamente, Carlos Mazón es un presidente visto para sentencia

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La jueza de Catarroja

En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja (Valencia), la jueza Nuria Ruiz trata de establecer los hechos que llevaron a una de las mayores tragedias de la historia reciente de España y determinar si hubo negligencia y las responsabilidades por enviar la alerta tres horas después, cuando el agua ya inundaba los municipios y habían fallecido la mayoría de las víctimas.

La diligente e intensa instrucción de la conocida ya como “la jueza de la dana”, compartida por la Fiscalía de Valencia, subraya “la palmaria ausencia de avisos”, el envío “tardío de la alerta” y su contenido “erróneo”.

La instrucción ha permitido conocer también el demoledor informe del teléfono de Emergencias 112. Según el informe remitido a la jueza de Catarroja, el 112 gestionó el día de las inundaciones casi veinte mil llamadas (19.821) y gestionó 4.770 incidencias.

Más de 10 mil llamadas (10.242) se recibieron antes de que se iniciara la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) a las 5 de la tarde. Aunque el gobierno de la Generalitat dice que no sabe si esa avalancha de llamadas se trasladó al Cecopi, según declaraciones de la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero. Y eso que el Cecopi y el teléfono de Emergencias 112 comparten el mismo edificio.

La presión de lo que se va conociendo de la instrucción de la jueza de la dana ya ha obligado a Mazón a desvelar parte de su agenda la tarde de la riada, poniendo de manifiesto que estuvo alejado del centro de emergencias en las horas claves de la tragedia cuando se debían tomar decisiones vitales.

El presidente de la Generalitat se presentó en el Cecopi, según el mismo revela, a las 20,28 horas, cuando ya se había lanzado la alerta y la mayoría de las víctimas mortales ya habían fallecido. Políticamente es un president visto para sentencia. Sobre todo porque la instrucción confirma que la falta de avisos adecuados a la población y la alerta tardía a las 20,11h son factores determinantes en la magnitud de la tragedia.

Nadie duda de que “el tiempo de Mazón hace tiempo que se acabó”. Falta por saber cuánta prórroga está dispuesto a concederle la cúpula del PP, cuando su presidente Feijóo ya ha dicho que “no estuvo a la altura de la dana”.

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Las ayudas insuficientes y con cuentagotas

Más de cuatro meses después de la tragedia las asociaciones y personas afectadas por la dana, miles de ellas que lo han perdido todo, se siguen quejando de la lentitud de las ayudas, denunciando que tanto las del gobierno como las de la Generalitat no llegan o lo hacen “a cuenta gotas”, y las que llegan son insuficientes para rehacer sus vidas, reparar los daños o levantar los negocios perdidos. Además hay un exceso de burocracia.

De conjunto gobierno y Generalitat han anunciado 17.516 millones de euros entre ayudas directas y créditos. Pero de ellos, cuatro meses después, hasta el 28 de febrero, solo se habían ejecutado menos del 27%, unos 4.719 millones.

El gobierno central ha movilizado 16.600 millones para atender la emergencia y el inicio de la recuperación, pero según datos del propio gobierno a finales de febrero solo 3.300 millones habían llegado a los afectados, apenas un 20%. A los que sumar 419 millones de los casi mil millones prometidos por la Generalitat. La Administración general del Estado ha recibido 394.953 solicitudes de ayuda, lo que podría significar que las ayudas solo estarían llegado hasta ahora a 1 de cada 5 afectados. A modo de ejemplo el gobierno ha comprometido ayudas para pagar la totalidad de los daños en instalaciones y servicios de los 78 municipios afectados (1.700 millones), así como la reparación de las redes de agua potable y alcantarillado y la totalidad de los gastos de emergencia. Estos últimos todavía están pendientes de cuantificar y resolver la presentación de facturas.

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La voz de los científicos y expertos

Se da por hecho que la dana que arrasó 78 municipios valencianos es la peor riada del último siglo. Incluso se acepta mayoritariamente que algo ha tenido que ver su extrema destrucción tanto con el cambio climático como con décadas de abandono por los gobiernos del Estado y la Comunidad para abordar los planes y ejecutar las obras en los barrancos y zonas inundables que habrían limitado sus trágicas y devastadoras consecuencias. Y sin embargo poco o nada se sabe de cómo la reconstrucción va a partir de las advertencias de los científicos y profesionales y de cómo integrar sus recomendaciones.

La comunidad científica reunida a finales de enero en la Universidad de Valencia, en la ‘I Conferencia de Expertos en Cambio Climático y Territorio en el Mediterráneo Ibérico’, advertía como una de sus principales conclusiones. “Sean o no más frecuentes, las danas serán potencialmente más destructivas”. Y recomendaba: la creación de un Observatorio en el Mediterráneo español que monitorice el cambio climático y conciencie a la población de sus riesgos. Así como

la revisión y refuerzo de los sistemas de alerta y los protocolos de actuación, que no están hechos para soportar el nuevo escenario climático.

Diferentes expertos, como Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico en la Universidad de Valencia, insistían en la necesidad de “revisar los planes generales y municipales para modificarlos y adaptarlos porque no se puede reconstruir el riesgo”. Porque el cambio climático obliga a modificar los métodos de construcción para hacer las infraestructuras más resilientes.

“Sean o no más frecuentes, las danas serán potencialmente más destructivas”

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Una alternativa para la dana

Por un Pacto de Estado nacional, autonómico y municipal

La indignación popular por las vidas que se pudieron evitar. El malestar por las ayudas con “cuentagotas” e insuficientes para rehacer vidas, reponer los daños o levantar los negocios perdidos. La ausencia de un plan de reconstrucción integral, que resuelva las urgencias y ayudas pendientes, para concentrarse en una reconstrucción que dé respuesta a las emergencias climáticas. Y el clima de crispación y división que impide dar una respuesta completa, integral, solidaria, eficaz y unitaria a la dana…, ponen sobre la mesa la necesidad de una alternativa capaz de dar respuesta a todos estos problemas.

La dimisión de Mazón es una exigencia popular, cuya responsabilidad se sustancia en los juzgados.

Pero una situación insostenible exige una alternativa con un solo y único objetivo: Unir todas las fuerzas susceptibles de ser unidas en la respuesta a la dana, para resolver las emergencias pendientes, para que lleguen las ayudas al 100 por cien de los afectados para reconstruir su vidas y negocios, y sobre todo para dotar a la Comunidad Valenciana de un Plan de Reconstrucción Integral.

1. Esta alternativa ha de ser un Pacto de Estado del que formen parte las tres administraciones, la Administración general, la autonómica y la municipal.

2. Un pacto abierto a todas las fuerzas políticas a todos los niveles y la adhesión de fuerzas sociales, y sindicales, con espacio para las organizaciones de afectados… Más allá de las diferencias ideológicas, políticas o de credo. Y con integración de comisiones de expertos, investigadores y profesionales técnicos y científicos.

3. Las ayudas, como los recursos de construcción, no tienen color, para ésta y otras posibles catástrofes. Las ayudas del Estado central no son del gobierno de turno, como las de la Generalitat no son de quien gobierna, son de todos los ciudadanos, son de nuestro dinero y son la expresión de un Estado en todos sus niveles que ha de ser cada vez más solidario.

4. Este Pacto de Estado ha de pivotar sobre dos ejes. Un eje de urgencias, para resolver las emergencias pendientes y las ayudas para no dejar a nadie atrás, de verdad.

Y segundo eje, un Plan de Reconstrucción Integral. Como dicen los expertos de la ‘I Conferencia de Expertos de Cambio Climático’ reunidos en Valencia, “no se puede reconstruir el riesgo”. La reconstrucción no se puede limitar a reponer lo que había. Hay que abordar la reconstrucción con criterios estructurales, modificar la construcción de las infraestructuras de los cauces y barrancos, de puentes, carreteras o vías férreas…, de las viviendas y construcciones en las zonas potencialmente inundables… para hacerlas más resilientes y adaptadas a los retos climatológicos y fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático.

Y con recursos. Un plan dotado de los fondos necesarios acordados de forma solidaria por las tres administraciones del Estado, independiente de los fondos de emergencia.

5. Un plan que tiene que incluir las recomendaciones de los expertos para “modificar los métodos de construcción y hacerlos más resilientes”. Revisar todas las infraestructuras de los barrios y pueblos alrededor de los cauces y zonas inundables. Y todos los protocolos de aviso que se han quedado obsoletos o son insuficientes para afrontar el nuevo escenario climático.