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El levantamiento parcial del sumario por corrupción del «caso Gürtel» que tramita el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha provocado un auténtico terremoto en el PP de imprevisibles consecuencias. Toda la estrategia de Rajoy levantada sobre la base de quitar importancia a las filtraciones en la prensa y desacreditar a jueces, fiscales y policías se ha venido abajo con las primeras revelaciones del sumario.
Lo que aarece cada vez con más claridad es toda una amplia trama de corrupción vinculada a las organizaciones del PP en varias comunidades autónomas (Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Catilla y León) y ayuntamientos (Boadilla, Majadahonda, Pozuelo, Arganda…). Trama que no sólo beneficiaba al conglomerado de empresas corruptas y a los cargos políticos y funcionarios públicos que pagaba con dinero, regalos –trajes, coches, relojes- y todo tipo de favores –“fiestas con chicas”-, sino que estaría detrás también de una (presunta) financiación del Partido Popular en esas comunidades, incluso podría llegar a toca la tesorería del PP nacional. Millones de euros Según lo desvelado por el sumario conocido, la red de corrupción liderada por Francisco Correa (que se hacía llamar “Don Vito” como El Padrino), Pablo Crespo, Álvaro Pérez “El bigotes” y Antoine Sánchez, compraba los favores de funcionarios y autoridades del PP para obtener tratos de favor en la organización de eventos relacionados con las actividades del Partido Popular (campañas electorales, congresos) o de las comunidades y ayuntamientos donde gobierna (ferias, recalificación de terrenos…).Según un informe de la Unidad de Delitos Económicos hasta 17 altos cargos del PP habrían cobrado un total de 5,5 millones de euros en efectivo o en especie. Desde el millón de euros en efectivo que habría recibido el senador Luís Bárcenas, ex tesorero del PP nacional, a los 12.783 euros en trajes del Presidente de la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps, y los 7.325 también por trajes del presidente del PPCV, Ricardo Costa; pasando por los 888.172 euros del director general de Urbanismo del ayuntamiento de Boadilla, Tomás Martín, los 642.924 euros del ex alcalde de Pozuelo, o los 563.000 euros del diputado regional y ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo.A cambio, las empresas de la trama habrían podido manejar decenas de millones de euros en concesiones. Sólo en la Comunidad Valenciana el informe policial recoge adjudicaciones a Orange Market, la empresa que habría pagado trajes de Camps, por valor de 1.083.925 euros en 2006, 1.089.600 euros en 2007, 1.059.250 euros en 2008 y 915.820 euros en 2009. La corrupción parasitaria En el “caso Gürtel”, iniciado por el juez Garzón, pero actualmente dividido en tres ramas que investigan los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y la Comunidad Valencina y el Tribunal Supremo, están implicados, además de los cabecillas de la trama de las empresas: tres diputados autonómicos de Madrid, entre ellos el ex asesor de Esperanza Aguirre López Viejo; el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y el secretario del PP valenciano, Enrique Costa; el senador Luís Bárcenas, extesorero nacional del PP y el diputado nacional Jesús Merino; y salpica al actual presidente del Parlamento de Castilla y León, Fernández Santiago y la financiación del PP gallego del 1996 al 1999.Estamos pues ante una trama parasitaria de la burguesía burocrática, en este caso del PP, pero que podríamos rastrearla igual en las tramas de corrupción de Mallorca, el “caso Mercasevilla” , Benidorm o el “caso del Palau”, que afectan a las castas políticas en el poder autonómico y local del PSOE, CiU, ERC, etc.La acumulación de poder por parte de las castas políticas regionales, que manejan ingentes cantidades de dinero público, son el caldo de cultivo ideal para el surgimiento y desarrollo de estas tramas de corrupción donde se entrelazan, hasta el punto de confundirse unos con otros, corruptores y corrompidos, los intereses personales con los intereses de las propias organizaciones territoriales de los partidos.Sólo existe un camino para acabar con esta corrupción parasitaria: por un lado tratarla como a la mafia, al crimen organizado, investigar hasta el final sacar todas las tramas, llevar a la cárcel a los implicados y aplicarles la ley para que devuelvan todo lo robado a las arcas públicas. Por otro, una profunda regeneración democrática que obligue a hacer públicas todas las cuentas de la Administración, hacer públicos todos los contratos y dar a cualquier ciudadano el derecho a conocer el destino hasta del último céntimo de euro.