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Por su puesto es necesaria desde hace muchos años una reforma en la ley del aborto. Corresponde a una imperiosa necesidad social. El número de abortos se ha duplicado en la última década en España. En 2007 se practicaron 112.000, mientras que en 1998, el total era de 53.000.
Pero el debate que gira entorno a la reforma (sobre las semanas del feto o la edad mínima desde la que una mujer ueda decidir practicarlo) deja fuera los principales aspectos a los que debería dar respuesta esta importante reforma.Entre los aspectos positivos de la reforma están que nos acercaría a las normas y plazos que imperan en la mayoría de los países europeos, la eliminación del aborto como un delito del Código Penal y permitir a las jóvenes a partir de 16 años decidir sobre su embarazo sin consultar a sus progenitores. La norma actual, aprobada en 1985, permite abortar sólo en tres supuestos: si existen malformaciones del feto, si las mujeres han sido víctimas de violaciones y si existe riesgo para la salud de la madre, que incluye riesgos psicológicos. Desde la caverna de la derecha surgen voces radicalemente en contra de estas sencillas pero imprescindibles modificaciones a la ley. Grupos como Provida han llegado a afirmar que estas modificaciones supondrían “una licencia para matar sin ninguna restricción”. Pero si una mujer puede trabajar, casarse o tener hijos, ¿por qué no va a poder decidir abortar y poder hacerlo en un plazo médicamente razonable? Ahora bien, el problema principal reside en que el aborto sea gratuito por la sanidad pública, para que esta reforma tenga una base material y de seguridad para llevarse a la práctica. El 97% de los abortos que se practican en España se hacen en centros privados. De las 113 mil intervenciones practicadas en año pasado, 97.969 se realizaron en clínicas privadas, con un coste entre 500 y 1.500 euros. La “clandestinidad” que rodea a muchos de estos centros crean condiciones que pueden dañar la salud e la mujer y poner en riesgo su vida. ¿Quién garantiza la seguridad, la higiene y la calidad de las clínicas privadas? ¿Y por qué tienen que pagar por una intervención que debe formar parte de la atención sanitaria pública.