Cargando...Los informes del Senado llegaron en medio de gran debate en Estados Unidos sobre si juzgar a los funcionarios del gobierno de George W. Bush autores de la doctrina jurídica que justificó el empleo de las torturas, y dos días después de que el presidente Barack Obama dejara abierta esta posibilidad.
Una comisión del Senado de Estados Unidos afirmó ayer que la CIA idió usar métodos violentos en interrogatorios por primera vez en mayo de 2002 y recibió luz verde de la entonces asesora de Seguridad Nacional estadounidense Condoleezza Rice, antes de que las técnicas fueran autorizadas legalmente. La revelación llegó en un informe de la Comisión de Inteligencia del Senado difundido anoche, horas después de la publicación de otro documento de la Comisión de Servicios Armados que acusó al Pentágono de aprovechar el marco legal para torturar a presuntos islamistas en Afganistán, Irak y Guantánamo.De acuerdo con una cronología elaborada por una comisión especial del Senado, cuya publicación fue autorizada por el actual secretario de Justicia, Eric Holder, Rice se reunió en julio de 2002 con el entonces jefe de la agencia de espionaje estadounidense (CIA), George Tenet. Durante la reunión, la secretaria de Estado dio luz verde para prácticas «severas» en los interrogatorios del presunto terrorista Abu Subaida, entre ellas la del «submarino».La cronología también prueba que cinco miembros del anterior Ejecutivo estadounidense, entre ellos Rice, fueron informados en mayo de 2002 por primera vez respecto de esos «métodos de interrogatorio alternativos».Un año después también el ex vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney, así como el antiguo secretario de Justicia John Ashcroft y varios de sus asesores recibieron informaciones respecto del «submarino». Ellos corroboraron que «el programa de la CIA es legal y que refleja la política del anterior gobierno», de acuerdo con las informaciones.La propia Rice había declarado ya en 2005 que su gobierno no empleaba ni apoyaba prácticas de tortura, después de que se filtrara una definición interna de la palabra «tortura» que limitaba bastante el alcance del término. La política de Estados Unidos, señaló entonces Rice, está en concordancia con las convenciones internacionales que prohíben el trato cruel, inhumano o denigrante.Según el diario The Washington Post, una docena de funcionarios de la administración Bush conocían detalles sobre las prácticas de tortura. De manera sorprendente -continúa el diario-, sólo Colin Powell, secretario de Estado durante el primer mandato de Bush, y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld no fueron tomados en cuenta para decidir al respecto.Ello, «pese a los altos riesgos para la política exterior», dijo el senador demócrata y experto en asuntos de espionaje John Rockefeller al periódico.Obama se mostró a favor de una investigación formal en el Congreso, siempre que sea hecha por una comisión integrada por demócratas y republicanos como la que investigó los atentados del 11 de septiembre de 2001, para tratar de evitar una politización de los trabajos que frustre la pesquisa. Sin embargo, ignorando las recomendaciones de Obama, los líderes demócratas del Senado no parecen inclinados a crear una comisión investigadora con republicanos.»De una manera u otra, es necesario que haya una explicación pública de estas políticas problemáticas», dijo el líder del bloque senatorial demócrata, Harry Reid, quien agregó que la comisión investigadora «responderá un montón de las preguntas que tiene el pueblo estadounidense».En una entrevista con el canal CBS, el senador John McCain dijo que una decisión del gobierno de Obama o de la mayoría demócrata del Congreso de reabrir la controversia política se convertirá en una «caza de brujas» y tendrá un efecto «aterrador» sobre los abogados que aconsejan legalmente a los presidentes.Obama ha acotado el terreno, protegiendo a la CIA como agencia, con el nombramiento como director de una persona de su confianza, Leo Panetta, y a sus agentes sobre el terreno en cuanto que sometidos al imperativo de la ‘obediencia debida y dejando la iniciativa al secretario de Justicia, en cualquier caso, «mirar hacia delante y evitar disensiones sociales».Obama no se equivocó en sus cálculos al esperar una reacción del ala «izquierda» de su partido, de las organizaciones proderechos humanos y una cierta agitación internacional. Pero pertenece ya a la nómina de un país donde la elevada función presidencial está muy sacralizada, por lo que es consciente de que encausar a un presidente (y, en este caso, a un vicepresidente corresponsable del Gobierno como fue Richard Cheney) no es fácil ni es seguro que suscite gran aceptación popular. Por eso, todos los boletos los tienen los tres ministros de Justicia (fiscales generales por otro nombre) de la «era Bush»: John Ashcroft, Alberto Gonzales y Michael Mukasey. El segundo, miembro del clan de los texanos y amigo personal del ex presidente, fue además su asesor legal antes de ocupar la cartera y parece el más