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Los bancos quieren usar los 35.000 millones de euros que el Gobierno aprobó para pagar las deudas de las administraciones públicas para liquidar los pagos pendientes que los proveedores tienen con las entidades financieras. Así lo contempla el Ministerio de Economía y lo denuncian los empresarios acreedores, sobre todo los pequeños y medianos. Lo curioso es que esta manera de actuar es un procedimiento legal que permite al banco liquidar deudas vencidas que tenga con esos proveedores y sanear así su balance. El Gobierno era consciente de ello, pero advierte de que es la manera de poner al día a las administraciones.El plan de proveedores de ayuntamientos y autonomías que el Gobierno ha diseñado para aliviar la falta de liquidez y para evitar su cierre, sobre todo de las pymes, puede que no llegue a la economía real. Algunas entidades financieras están comunicando a estos proveedores que de los pagos que reciban de las administraciones se cobrarán la deuda crediticia pendiente con la entidad.Es decir, al mismo tiempo que los bancos participan en la creación de un fondo para el pago a los proveedores, a través de un crédito sindicado, se encargarán también de cobrar la mora evitando su paso a la actividad. Con esta actuación, las entidades financieras podrán sanear su balance, pero ese dinero no llegará al circuito de liquidez que necesitan las pymes y los autónomos.Según declaró la semana pasada en la sesión del control del Gobierno en el Congreso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el plan de los proveedores «va a favorecer la vida de autónomos y pymes». «Se trata de una gran operación financiera, la mayor que se ha hecho en la democracia, necesaria para atender las necesidades de la economía y mantener puestos de trabajo», añadió. Según las estimaciones de este ministerio, el objetivo de este plan es evitar la destrucción de entre 75.000 y 100.00 empleos.Sin embargo, el plan sólo será financiero y no generará actividad, porque también se ha detectado que hay entidades que están comprando la deuda municipal a los proveedores, descontándoles una comisión o quita, a veces superior al 5% del tipo de interés medio con que prestan el dinero al ayuntamiento. Con esta práctica, el proveedor no tiene que ocuparse de ningún trámite y recibe el dinero por adelantado -con ese descuento-, mientras que el banco incrementa el negocio y su cuenta de resultados. Esta actuación se está produciendo en las pymes, y sobre todo en el comercio, que tiene necesidad de cobrar cuanto antes.Según reconoce Francisco Jardón, presidente de Aselip, la asociación de empresas de limpieza pública que engloba a las grandes constructoras, «es lo de siempre, todo el mundo va a lo suyo; ya me han llegado varios casos en que se les ha advertido que tendrán que liquidar la deuda con la entidad con ese dinero».Algunos de estos proveedores se han dirigido a este diario para cuestionar estas prácticas en estos momentos de dificultad y de falta de circulante para operar en el día a día. Jardón confirma también que este tipo de actuaciones se está concentrando en las pymes y autónomos. «No debería permitirse, ya que se supone que este plan va destinado a habilitar tesorería para que sobrevivan las empresas y puedan desarrollar negocio y contratos», concluye.Fuentes del Gobierno reconocieron, sin embargo, que éste era «uno de los riesgos posibles» al crear el plan. No obstante, jutificaron estas prácticas, porque son legales. En este sentido, fuentes del sector financiero reconocieron que se puede usar el dinero destinado a los proveedores para liquidar deudas vencidas.