Cargando...«España no es en esto diferente. Si bien ha estado mejor supervisada la banca que en el entorno, el exceso de exposición a los activos inmobiliarios, que se han revelado peligrosos, así como la lentitud desesperante en los procesos de concentración y saneamiento, arrojan cada vez más dudas sobre el futuro del sector, al que se le demanda rapidez en el ajuste para contribuir a la recuperación de la economía» (CINCO DÍAS)
PÚBLICO.- Como exlica La Vía Campesina en su convocatoria de este año –y pone el ejemplo de Honduras, donde varias personas del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán han sido asesinadas también por su defensa de la tierra que les permite cultivar sus alimentos–, la represión sobre las organizaciones campesinas no cesa. Pero al abuso del terrateniente se ha sumado el poder hegemónico de las empresas transnacionales. Controlan los mercados de las semillas, de los agrotóxicos, de los fertilizantes, del agua, de la genética animal y también, como una nueva tendencia, se están haciendo –muchas veces de la mano de terceros países– con el control de mucha tierra productiva. Monsanto, Cargill, Carrefour, Archer Daniels Midland, Nestlé, Syngenta, entre otras, son los nombres que La Vía Campesina cita como señores de una agricultura globalizada responsable del tránsito de millones de agricultores y agricultoras de sus campos a los suburbios de las ciudades. EL PAÍS.- El Tribunal Constitucional ha sido incapaz, por quinta ocasión en casi cuatro años, de dirimir sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña. No debería intentarlo una sexta vez. No existe ninguna garantía de que con la actual composición este tribunal sea capaz de evitar un nuevo fracaso. Y se trata, además, de una composición que no haría más que añadir sombras a una decisión adoptada en la sexta prórroga. De los 12 magistrados que empezaron la discusión, uno está recusado, otro fallecido, cuatro han desbordado el plazo para el que fueron elegidos y otros tres lo harán en noviembre. Editorial. Cinco Días La banca, los márgenes de interés y Darwin Las principales fracturas generadas por la crisis financiera internacional siguen abiertas, especialmente aquellas que afectan más al normal desarrollo de los operadores del mercado. El activo que experimentó el mayor golpe fue precisamente el menos cuantificable y el más difícil de reparar, pese a que ingentes cantidades de dinero público lo hayan intentado: la confianza. La sospecha cruzada de todos contra todos los bancos paralizó cualquier tipo de operación entre ellos y secó el flujo de liquidez de tal manera que el dinero, que es para los negocios como la sangre o el oxígeno para el cuerpo humano, sólo llegaba a los operadores cuando lo bombeaban los bancos centrales, convertidos de prestador de último recurso en fiador de único recurso. Todavía hoy, 33 meses después de que se cerrasen los mercados, no se han abierto de forma normalizada, y unos operadores siguen sospechando de otros, por considerar que no han limpiado suficientemente sus balances, que se han deteriorado por la duración extrema de la crisis, o que no han recapitalizado suficientemente y no han recompuesto sus ratios de solvencia. En definitiva, el dinero no circula con fluidez y confianza. Y España no es en esto diferente. Si bien ha estado mejor supervisada la banca que en el entorno, el exceso de exposición a los activos inmobiliarios, que se han revelado peligrosos, así como la lentitud desesperante en los procesos de concentración y saneamiento, arrojan cada vez más dudas sobre el futuro del sector, al que se le demanda rapidez en el ajuste para contribuir a la recuperación de la economía. Más capital y más liquidez de disposición libre. Esas son dos de las condiciones que la normativa mundial exige ahora a las instituciones bancarias y de seguros, para tener mayores niveles de cobertura y soportar el resto de la crisis o las que surjan en adelante. Las necesidades de recursos propios están parcialmente resueltas, con un grado aceptable de cumplimiento en los bancos comerciales, que o bien han ampliado capital o han destinado parte de sus beneficios a provisiones y a capital, con la consiguiente reducción del dividendo. Sin embargo, no lo están en las cajas. El deterioro de unos balances en los que el peso relativo del crédito inmobiliario es superior al de los bancos no ha sido corregido, y las operaciones de fusión para compartir riesgos están paralizadas por las intromisiones políticas de las comunidades autónomas y la poco activa actitud de rigor del Gobierno y del Banco de España, que amenaza sistemáticamente con todo tipo de iniciativas que apenas movilizan el ánimo de los afectados. Pero a las necesidades de capital se unen las de liquidez, que tras cerrarse los grifos generosos del Banco Central Europeo, deberá ser rastreada en unos mercados interbancarios anémicos, o en levantar ahorro de los particulares, tal como están haciendo ahora masivamente en España bancos y cajas. Los vencimientos del apalancamiento tomado por los bancos, que en el último ciclo han llegado a tener una proporción realmente desequilibrada de crédito sobre depósitos, apremia la búsqueda de nuevas fuentes de financiación, y la fórmula tradicional de la captación de depósitos es la vía finalmente elegida. Esta última guerra del pasivo desatada tiene unas características diferentes, puesto que el mercado está ya muy trabajado, y la captación se hace a costa de poner en riesgo los márgenes de intermediación de las instituciones, ya que los tipos activos están mayoritariamente bajo mínimos, puesto que están indizados a un euríbor que determina en gran medida el propio BCE, y que tiene pegado al 1%. Por tanto, remuneraciones del 4% como ofrecen algunas entidades no podrán ser atendidas por todos, bajo riesgo cierto de poner la cuenta de resultados contra las cuerdas, y en muchos casos deteriorar más situaciones ya límites. Detrás de esta operación, desatada fundamentalmente por las entidades comerciales grandes, se sospecha una estrategia comercial para poner de rodillas a las instituciones más pequeñas y con menos margen, y proceder a una limpieza darwiniana del mercado. Tampoco en este caso el Banco de España puede quedarse mirando sin comprobar si determinadas entidades están haciendo banca a pérdida, puesto que quizás el remedio sea en tal caso peor que la dolencia. CINCO DÍAS. 17-4-2010 Opinión. Público Un mundo sin transnacionales Gustavo Duch Guillot Hace hoy 14 años, 250 líderes campesinos de La Vía Campesina, en representación de unas 80 organizaciones de todo el planeta, celebraban su segunda asamblea, en Tlaxcala (México), cuando recibieron noticias de Brasil. En el Estado amazónico de Pará, en Eldorado dos Carajás, más de 1.500 mujeres y hombres del MST (Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra) tomaron y bloquearon la carretera principal para exigir a los gobiernos federal y estatal que adoptaran medidas urgentes a favor de la reforma agraria (en un país donde el 2% de los propietarios es dueño de más de la mitad de la tierra fértil del país, mientras más de 100.000 familias duermen bajo carpas negras en campamentos de ocupación de tierras). Sobre las cuatro de la tarde, 155 miembros de la Policía Estatal Militar atacaron sin piedad. Asesinaron a 19 personas, 69 resultaron heridas y, de ellas, tres murieron unos días más tarde. Catorce años después, la matanza orquestada por los grandes propietarios de la región con el consentimiento del Estado sigue sin respuesta. Los disparos en Pará retumbaron en la reunión de Tlaxcala y, desde entonces, cada 17 de abril miles de campesinos y campesinas, y muchas otras personas que apoyan al mundo rural, organizan acciones y eventos para recordar la situación de opresión y marginación que parece que les tiene asignado el sistema capitalista. Como explica La Vía Campesina en su convocatoria de este año –y pone el ejemplo de Honduras, donde varias personas del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán han sido asesinadas también por su defensa de la tierra que les permite cultivar sus alimentos–, la represión sobre las organizaciones campesinas no cesa y se repiten, idénticos, muchos 17 de abril por todo el mundo. Pero al abuso del terrateniente se ha sumado el poder hegemónico de las empresas transnacionales sobre toda la cadena alimentaria. Controlan los mercados de las semillas, de los agrotóxicos, de los fertilizantes, del agua, de la genética animal y también, como una nueva tendencia, se están haciendo –muchas veces de la mano de terceros países– con el control de mucha tierra productiva. Monsanto, Cargill, Carrefour, Archer Daniels Midland, Nestlé, Syngenta, entre otras, son los nombres que La Vía Campesina cita como señores de una agricultura globalizada responsable del tránsito de millones de agricultores y agricultoras de sus campos a los suburbios de las ciudades, de la autosuficiencia a engrosar las bolsas de la pobreza, mientras –con sus modelos intensivos– ahondan en la herida sobre la salud del planeta. Así, La Vía Campesina y sus aliados centran todas sus acciones y reivindicaciones en señalar el inmenso daño que estas corporaciones ocasionan, rompiendo de paso el mito que suele situar en competencia a la agricultura de los países ricos con la agricultura de los países del Sur. Para reforzar las energías en la ofensiva contra las transnacionales y a favor de un mundo sin monsantos, La Vía Campesina recuerda algunas acciones que demuestran que las cosas se pueden cambiar y apunta hacia otras que se deben cambiar. Frente al avance de los transgénicos como tecnología de dominación del campesinado y de pérdida de biodiversidad para la naturaleza, La Vía Campesina destaca cómo la presión de la sociedad civil de la India consiguió detener el pasado enero la aprobación de una berenjena transgénica de la que es copropietaria Monsanto. O cómo la ocupación que hicieron en 2006 de la sede de investigación de Syngenta en Brasil para alertar de que en Paraná esta transnacional estaba sembrando ilegalmente varias hectáreas de cultivos transgénicos ha llevado a finales del 2009 a conseguir que esos terrenos se hayan reconvertido en un centro para la enseñanza y la investigación de la agroecología. En Europa, junto a las reivindicaciones contra el reciente decreto de aprobación de nuevas variedades transgénicas, se están coordinando muchas actividades para desvelar el poder que sobre nuestra agricultura ejercen los grandes supermercados. Los datos que desvelan son muy significativos, a la vez que preocupantes: en este momento, los grandes supermercados han absorbido el 80% del mercado minorista en Europa. En Reino Unido, por ejemplo, una de cada siete libras que se gasta en el comercio se desembolsa en una sola gran superficie, en Tesco, que, como sus compañeros de pódium, aprovecha la desregulación del comercio internacional para comprar sus mercancías en los mercados mundiales a precios más bajos, ocultando en el precio de las etiquetas los costes sociales y ambientales. “Cuando un producto llega al mercado –explica Susan George–, ha perdido toda la memoria de los abusos de los cuales es la consecuencia, tanto en el plano humano como en el de la naturaleza”. Con esta realidad, sin acceso a los recursos naturales, sin atención política, las opciones pasan por la movilización, y esa es seguramente una de las características insignia de La Vía Campesina desde su creación en 1993. Como la misma organización explica, barridos por el huracán de la globalización, sintieron la necesidad de recuperar con una voz propia y única su espacio de participación social. Sus propuestas, bajo la premisa de que la alimentación es un derecho, no una mercancía para las transnacionales, dibujan un paisaje posible, justo y hermoso. PÚBLICO. 17-4-2010 Opinión. El País Otro Constitucional El Tribunal Constitucional ha sido incapaz, por quinta ocasión en casi cuatro años, de dirimir sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña. No debería intentarlo una sexta vez. No existe ninguna garantía de que con la actual composición este tribunal sea capaz de evitar un nuevo fracaso. Y se trata, además, de una composición que no haría más que añadir sombras a una decisión adoptada en la sexta prórroga. De los 12 magistrados que empezaron la discusión, uno está recusado, otro fallecido, cuatro han desbordado el plazo para el que fueron elegidos y otros tres lo harán en noviembre. Noviembre es la fecha límite para celebrar las elecciones catalanas (quizá sean antes), y no resultaría tampoco conveniente una sentencia en plena campaña o precampaña electoral. Tanta precariedad erosiona su legitimidad -aunque naturalmente no la anula- para dictar la esperada sentencia. Ante el continuado bloqueo del tribunal demostrado en este asunto, debe ser el Parlamento quien tome las riendas y renueve su composición. La situación es grave. Es grave para Cataluña y para el resto de la sociedad española. Ni una ni la otra merecen este trato. El autogobierno consagrado en la Constitución es algo demasiado serio como para seguir, voluntariamente o no, degradando su horizonte al someterlo al albur de quinielas, amagos de cambios de opinión de un juez si el vecino modifica la suya, recusaciones y otros episodios poco edificantes. España en su conjunto no merece esta incertidumbre, que no representa más que inseguridad jurídica a futuro. Lo quieran o no los magistrados del Constitucional, su tardanza e incapacidad han producido daños políticos de grueso calibre: sobre sus posiciones reales o adivinadas han estado urdiendo tácticas, estrategias y auténticas subastas tanto el neocentralismo español como el soberanismo catalán, que han ocupado la vida política con discusiones eternas y virtuales que dañan al diseño constitucional. No pueden alegar ignorancia, pues conforman un tribunal, con disciplina jurídica, pero de extracción y funciones políticas, al ser elegido por las Cámaras y ejercer entre sus funciones la de enjuiciar las leyes, producto político del Parlamento. La tarea del Constitucional no radica sólo en la escueta validación, o rechazo, de las leyes impugnadas. También consiste en establecer, si las hay, entre las distintas posibles lecturas de las mismas, interpretaciones conformes a la Constitución, y como consecuencia, imponerlas como válidas. Y la finura de la tarea constructivaque se le exige aumenta en el examen de leyes, como el Estatut, insertas en el bloque de constitucionalidad, que han pasado el triple filtro de la votación de dos Parlamentos y un referéndum popular. El eventual choque de legitimidades -la política contra la del tribunal- no debe derivar, en contra lo que algunos pretenden en Cataluña, en negar la competencia del Constitucional para dirimir. La tiene toda. Y sin menoscabo alguno. Pero tampoco se puede obviar la realidad: en estos años se ha aprobado una cuarentena de nuevas leyes autonómicas, existe una veintena en trámite, y otra veintena de traspasos pactados bajo el amparo del Estatut. Son normas y acuerdos de muy distinto calado (de la financiación a la enseñanza) que no han generado ningún terremoto. El actual tribunal ha sido incapaz de realizar su tarea. La sentencia debe redactarla un nuevo cuerpo de magistrados con plenitud de facultades y de prestigio, y sin interferir en el proceso electoral catalán que se abrirá en los próximos meses. Y si el Parlamento tampoco es capaz de estar a la altura de las circunstancias, los actuales magistrados tienen un método para forzarle a ello: la dimisión. EL PAÍS. 17-4-2010