Cargando...
«El estallido inmobiliario se debía a esta enorme distancia entre el precio de la vivienda y el nivel salarial del pueblo estadounidense. La explosión de la burbuja significó el colapso del sector inmobiliario y la paralización de la construcción. Y consecuencia de la centralidad de tal sector en el crecimiento económico, el colapso significó la Gran Recesión de la economía.»
Las semejanzas con la situación esañola son enormes. Como en EEUU, en España el complejo bancario-sector inmobiliario-industria de la construcción fue el eje del crecimiento económico. Y también, como en EEUU, la burbuja se basó en el comportamiento especulativo de la banca, que determinó, en consecuencia, unos precios artificialmente altos, muy por encima de la capacidad de compra de la población española, que se endeudó enormemente. Y de nuevo, como en EEUU, las autoridades públicas estimularon el comportamiento especulativo del complejo bancario-inmobiliario. (PÚBLICO) EL MUNDO.- LA SUBIDA del 9,8% a partir de enero del recibo de la luz ha suscitado una justificada indignación en la opinión pública. EL MUNDO revela hoy el contenido del informe elaborado por el Ministerio de Industria para justificar lo que llama «corrección del déficit tarifario del sector eléctrico», cifrado en unos 16.400 millones de euros. Ese déficit es achacable en buena medida a las ayudas a las energías renovables, que el año pasado ascendieron a casi 6.000 millones de euros, y a la compra de carbón nacional subvencionado para la producción eléctrica. Todo ello es pagado por los ciudadanos en el recibo de la luz, en el que el 47% se dedica a primas, subvenciones e impuestos mientras que el 53% restante va destinado a remunerar el coste real de la energía. EL ECONOMISTA.- El apoyo de los empresarios que el presidente electo de CEOE, Joan Rosell, transmitía el pasado lunes a la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, no será incondicional y sin contrapartidas. El propio sucesor de Gerardo Díaz Ferrán informaba el martes a los miembros de la Junta Directiva de la organización empresarial el compromiso del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, de profundizar en la reforma laboral e introducir modificaciones para flexibilizar el mercado de trabajo en línea con las propuestas de la patronal. Opinión. Público La banca culpable Vicenç Navarro Dean Baker, codirector del Center for Economic and Policy Research de Washington, fue el primer economista que alertó de la existencia de una burbuja inmobiliaria en EEUU y de las consecuencias que el estallido de tal burbuja tendría para la economía estadounidense. El establishment económico (los economistas en puestos de dirección de la Administración Bush junior, así como las lumbreras del mundo académico universitario) ignoraron completamente tal aviso, reproduciendo una imagen de complacencia con la situación de la economía, a la vez que mantenían unos comportamientos cómplices con los grupos de presión responsables de la burbuja inmobiliaria (entre los cuales hay que destacar a la banca). En EEUU acaba de estrenarse el documental Inside Job que muestra la génesis de la crisis económica y financiera de EEUU, incluido el estallido de la burbuja inmobiliaria, señalando la gran responsabilidad que centros universitarios de formación y análisis económico tuvieron (a través de sus servicios de asesoría a la banca-Wall Street) en el desarrollo de tales crisis. Los guardianes de la “ortodoxia económica neoliberal”, que promocionaban la sabiduría convencional económica, marginaban y silenciaban las escasas voces críticas a tal pensamiento único. Voces críticas como las de Dean Baker eran ignoradas sistemáticamente. La burbuja, sin embargo, estalló y creó una enorme recesión. Ninguna de las voces del establishment neoliberal admitió su error. En realidad, lo que Dean Baker estaba señalando era fácil de prever. Las prácticas especulativas del complejo bancario-inmobiliario estaban creando una situación explosiva que se basaba en unos precios exagerados e irracionales de las viviendas, muy por encima del nivel de los salarios que pudiera sostener el consumo de tales viviendas. El estallido inmobiliario se debía a esta enorme distancia entre el precio de la vivienda y el nivel salarial del pueblo estadounidense. La explosión de la burbuja significó el colapso del sector inmobiliario y la paralización de la construcción. Y consecuencia de la centralidad de tal sector en el crecimiento económico, el colapso significó la Gran Recesión de la economía. La manera de salir de ella era mediante el aumento del gasto público, que cubriera, en parte, el vacío que había creado el colapso del mercado de la vivienda, estimulando así la economía. Y otra medida necesaria era la bajada muy significativa del precio de la vivienda, que se calculó estaba sobrevalorada en un 30% (en algunas partes del país, como California, incluso un 70%). Tal reducción era esencial para reavivar el sector de la vivienda. Dean Baker acaba de escribir otro libro, False Profits. Recovering the Bubble Economy, en el que indica que, a no ser que los precios de la vivienda bajen más, la economía estadounidense no saldrá de la Gran Recesión. Lo que hace especialmente interesante la lectura del libro de Baker es que las semejanzas con la situación española son enormes, semejanzas que también acaban de señalarse en un artículo reciente de The New York Times (18-12-10). Como en EEUU, en España el complejo bancario-sector inmobiliario-industria de la construcción fue el eje del crecimiento económico. Y también, como en EEUU, la burbuja se basó en el comportamiento especulativo de la banca, que determinó, en consecuencia, unos precios artificialmente altos, muy por encima de la capacidad de compra de la población española, que se endeudó enormemente. Y de nuevo, como en EEUU, las autoridades públicas estimularon el comportamiento especulativo (mediante, entre otras medidas, la desregulación del suelo) del complejo bancario-inmobiliario. Y como en EEUU, el comportamiento del Banco Central fue de una enorme dejadez en su responsabilidad reguladora y supervisora. La responsabilidad del Banco de España y de su gobernador en el establecimiento de la burbuja y su explosión no ha sido menor. Su complicidad con la banca adquirió un nivel tal que debieran exigírsele responsabilidades. Pero tal complicidad, según The New York Times (18-12-10), continúa en España. Así, no sólo Dean Baker sino muchos otros expertos internacionales señalan que el precio de la vivienda en España debiera bajar mucho más (un 30%) de lo que ha bajado (sólo un 12%). Si no se produce un mayor descenso, equilibrando el precio de la vivienda con el nivel adquisitivo de la población, no habrá reavivación del mercado inmobiliario y no habrá recuperación de la economía. Y aquí, de nuevo, el problema está en el excesivo poder de la banca española (hoy una de las mayores propietarias de viviendas vacías), que no quiere bajar más los precios a fin de no aumentar sus pérdidas y mantener su nivel de beneficios. Y, paradójica y sorprendentemente, las autoridades públicas no están interviniendo para forzar la venta de tales viviendas (prohibiendo, por ejemplo, que existan viviendas vacías) y con ello bajar el precio de la vivienda. En realidad, están haciendo todo lo contrario. Nada menos que la segunda autoridad económica del Gobierno Zapatero, José Manuel Campa, ha indicado que “el precio de la vivienda ha bajado ya suficientemente”, apoyando las declaraciones casi idénticas del gobernador del Banco de España que, como siempre, apoya a la banca a la cual debiera supervisar y regular. En realidad, el grado de complicidad entre el Banco de España y la banca explica la desconfianza que existe fuera de España hacia la tan promovida “salud del sistema bancario español”. Hoy, nadie conoce el grado de morosidad existente en España ni el porcentaje de viviendas vacías existente en el mercado español. Y esta falta de confianza es la que está retrasando la recuperación económica. Y, mientras, el gobernador del Banco de España está acusando a los sindicatos de ser responsables de la escasa recuperación económica por su defensa de los puestos de trabajo. PÚBLICO. 30-12-2010 Editorial. El Mundo Despilfarro y disparate en el sector eléctrico LA SUBIDA del 9,8% a partir de enero del recibo de la luz ha suscitado una justificada indignación en la opinión pública. EL MUNDO revela hoy el contenido del informe elaborado por el Ministerio de Industria para justificar lo que llama «corrección del déficit tarifario del sector eléctrico», cifrado en unos 16.400 millones de euros. Ese déficit es achacable en buena medida a las ayudas a las energías renovables, que el año pasado ascendieron a casi 6.000 millones de euros, y a la compra de carbón nacional subvencionado para la producción eléctrica. Todo ello es pagado por los ciudadanos en el recibo de la luz, en el que el 47% se dedica a primas, subvenciones e impuestos mientras que el 53% restante va destinado a remunerar el coste real de la energía. Las cifras del informe de Industria son verdaderamente escandalosas en lo que atañe a la energía fotovoltaica y al carbón nacional, cuyas subvenciones son las dos grandes partidas que han contribuido a disparar el déficit tarifario. En concreto, Industria reconoce en su informe que los productores de electricidad por paneles fotovoltaicos cobran una subvención de 450 euros por megavatio/hora cuando el precio al que se comercializa esta energía es de 64 euros; es decir, siete veces menos. No hace falta decir que, desde el punto de vista de la lógica económica, estamos ante un costoso absurdo del que sólo se benefician los cazaprimas del más diverso pelaje. Peor todavía es el timo del carbón nacional, ya que Industria reconoce en su informe que, desde julio de 2009, su utilización en las centrales térmicas es «prácticamente nula», lo que quiere decir que sólo sirve para ser almacenado hasta el punto de que los stocks se han triplicado desde diciembre de 2007. Las compras previstas de carbón nacional para 2010 y 2011 son de 592 millones de euros, según datos del propio Ministerio de Industria. Si el recurso a estas fuentes resulta ruinoso, igualmente antieconómica es la utilización de la potencia instalada del parque eléctrico, que en 2008 sólo alcanzó el 35,7% del total, unos 20 puntos por debajo de Francia. Ello se debe, como reconoce implícitamente el informe, a la fuerte caída de la demanda en los tres últimos años, que ha roto una tendencia ininterrumpida de crecimiento de dos décadas. Pero además hay otra importante causa de esa infrautilización del sistema eléctrico: que prima el consumo de energías renovables caras mientras que otras fuentes mucho más baratas se mantienen como reserva para los picos de consumo. Industria cuantificó ayer en 2.600 millones la cantidad que tendrán que pagar los ciudadanos en sus recibos de la luz en 2011 para reducir el déficit tarifario acumulado. No habría que desembolsar ni un sólo euro si el Gobierno redujera a la mitad las ayudas a las energías renovables y suprimiera la obligación de comprar carbón nacional. Lo que el informe de Industria pone blanco sobre negro es la demencial política de Zapatero de subvencionar una serie de energías carísimas y de escasa eficiencia, que han provocado que el recibo de la luz haya subido un 43% en los últimos tres años, mientras se tomaba la decisión de cerrar Garoña en 2013. Ahora los usuarios van a tener que rascarse el bolsillo para pagar esos disparates, provocados en buena medida por razones ideológicas. Zapatero tenía que ser el adalid de las energías no contaminantes y ha acabado «contaminando» el coste de la vida de los españoles. EL MUNDO. 30-12-2010 Reforma laboral. El Economista El ministro de Trabajo promete a la CEOE que hará una reforma laboral más profunda José María Triper El apoyo de los empresarios que el presidente electo de CEOE, Joan Rosell, transmitía el pasado lunes a la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, no será incondicional y sin contrapartidas. El propio sucesor de Gerardo Díaz Ferrán informaba el martes a los miembros de la Junta Directiva de la organización empresarial el compromiso del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, de profundizar en la reforma laboral e introducir modificaciones para flexibilizar el mercado de trabajo en línea con las propuestas de la patronal. Aunque Rosell no abundó en más detalles sobre el contenido de los cambios que planea el Gobierno, sí avanzó el compromiso del titular de Trabajo de tener ultimada esta "contrarreforma" antes de finalizar el mes de marzo. En círculos de la patronal española se relaciona este reposicionamiento del Ejecutivo con la reunión que mantuvo el presidente Rodríguez Zapatero en La Moncloa con los presidentes de las grandes empresas españolas. Y, en base al contenido de este encuentro, apuntan que las modificaciones de la reforma laboral a las que se refería Valeriano Gómez se dirigen en dos aspectos esenciales: la flexibilización de la negociación colectiva y el desarrollo de los reglamentos de la reforma laboral. Respecto a la negociación colectiva, hay que recordar que el Gobierno fijó el 19 de marzo como fecha tope para que la patronal y los sindicatos llegaran a un acuerdo que, hoy por hoy, es casi imposible. Es por ello que desde el Ejecutivo se está preparando ya un documento sobre las reformas de los convenios en el que, en sintonía con las demandas de la CEOE, se eliminará la llamada "ultraactividad", es decir, la renovación automática de los convenios si no hay acuerdo en las negociaciones. También se podría plantear autorizar el descuelgue de las empresas de los convenios generales, en determinadas circunstancias. Clarificar el despido Por lo que respecta al contenido estricto de la reforma laboral, el interés prioritario de CEOE estriba en clarificar las causas económicas del despido objetivo con 20 días por año, para evitar al máximo el recurso a la vía judicial en las extinciones de contratos. La reforma aprobada por el Ejecutivo establece tres supuestos económicos a los que pueden acogerse las empresas: las pérdidas, la previsión de pérdidas en el corto plazo y una caída importante en los ingresos. Sin embargo, la falta de concreción y de cuantificación de estos motivos impide la necesaria desjudicialización de los despidos que reivindican los empresarios. El vicepresidente nato de CEOE y presidente de Cepyme, Jesús Terciado, uno de los dos hombres fuertes en el equipo de Rosell, aseguraba recientemente que la reforma laboral "no ataja el principal problema de las empresas, la falta de flexibilidad. Una empresa con problemas debería tener capacidad para negociar con los trabajadores y llegar a una solución sin pasar por los tribunales". Y concluía que "es impepinable aprobar otra reforma, nos la van a exigir los mercados". Es a esta exigencia a la que estaría pensando dar satisfacción el Gobierno, a pesar de las más que probables movilizaciones de los sindicatos. Ya el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, confirmaba hace unos días que el Gobierno "ha ofrecido una amplia colaboración y espacio de diálogo para el desarrollo de los decretos de la reforma laboral", pero advertía que "si lo que pretenden las organizaciones sindicales es poner, de alguna forma, patas arriba la reforma laboral, el Gobierno nunca se ha planteado hacerlo, ni lo debe hacer en este momento". EL ECONOMISTA. 30-12-2010