Cargando...Los abogados de la acusación poseen testimonios de cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el principal grupo paramilitar, que confirman cómo la multinacional norteamericana Dole Company les encargó asesinara decenas de campesinos y sindicalistas. La demanda se extiende también a otras bananeras estadounidenses como Chiquita Brands. La connivencia y la complicidad entre multinacionales, paramilitares y Estado contra el pueblo y los trabajadores es la norma en Colombia.
La comañía bananera estadounidense Dole Company habría ordenado y financiado a paramilitares de ultraderecha para que asesinaran a 57 sindicalistas y campesinos en Colombia por habitar zonas cultivables u oponerse al trato que les daba la multinacional, según Terry Collingsworth, el abogado norteamericano que encabeza la denuncia contra la firma."Fueron 57 asesinatos, cuidadosamente seleccionados”, dijo tras entrevistar a unas 2 mil víctimas de la violencia en la zona bananera Collingsworth, que defiende a las familias víctimas de los paramilitares en el departamento de Magdalena. El Crimen que cometieron los asesinados: ser sindicalistas de los trabajadores de la multinacional, ser jornaleros contrarios a los tratos que la empresa imponía, o simplemente habitar en las zonas donde la bananera quería sembrar.La denuncia fue presentada por Collingsworth en un juzgado de Los Angeles, y Dole, cómo no, negó todas las acusaciones. Los denunciantes afirman tener pruebas de la financiación que Dole hizo a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) -grupo responsable de miles de masacres en Colombia- entre los años 1997 y 2006. El abogado sostiene que Dole sigue apoyando a los paramilitares -que retomaron las armas como mercenarios tras el desarme de las AUC- y anunció que en el proceso judicial aportará diversos testimonios de ex jefes de la ultraderecha colombiana, donde reconocen que la Dole les pagó “para debilitar al movimiento sindical y protegerla de las guerrillas”.Collingsworth está curtido en estas lides. El abogado ya había entablado una querella contra la bananera Chiquita Brands, a nombre de víctimas de las AUC, luego de que la empresa admitiera ante una corte de Estados Unidos el pago de 1,7 millones de dólares al grupo a cambio de seguridad en Urabá, en el norteño estado Antioquia, por lo cual fue multada en abril de 2007 con 25 millones de dólares.