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No hay cumplimiento de los derechos humanos si no hay justa distribución de la riqueza. No hay cumplimiento de la Constitución sin un cumplimiento de los derechos humanos y de una justa distribución de la riqueza. ¿A quién debemos entonces votar?
En toda sociedad, los derechos humanos se aseguran mediante la colaboración de todos a crear una riqueza que los sustentan y desarrollan. Riqueza que, políticamente hablando, tiene que gestionarse equitativamente de modo que se haga efectivo el cumplimiento de esos derechos.
Justo en este punto, Recortes Cero–Grupo Verde considera que la unitaria andadura ético-jurídica que suelen compartir los Partidos se rompe por la negativa de unos u otros a desterrar el egoísmo y la codicia de minorías y sectores sociales que se oponen a la efectiva igualdad de esos derechos.
El reparto injusto de la riqueza alberga el virus más letal de una democracia
Está aquí la clave para distinguir qué Partidos ofrecen condiciones y voluntad de distribuir la riqueza, sin hollar los derechos de nadie. Sin políticos libres y capaces de subordinar el egoísmo y la prepotencia de los más poderosos, la política del Bien Común se convierte en promesa vana y mentira. El reparto injusto de la riqueza alberga el virus más letal de una democracia: permitir que unas minorías acumulen una riqueza que es de todos.
La riqueza es suficiente para que puedan lograrse los derechos de todos.
Si la política atiende a su objetivo del Bien Común, logrará una sociedad más igualitaria, más estable, más armónica, consciente de que el acometimiento de este proyecto, levantará siempre la misma protesta: no es viable, es una quimera, no existe riqueza para todos. ¡Falaz protesta!
España ocupa el 14º lugar dentro de las mayores economías del mundo. Y su riqueza viene generada en un 90% por el pueblo español. Sin embargo, más de 7 millones de españoles no ganan 1.000€ al mes y son más de 120.000 españoles los que ganan más de 20.000€ al mes.
Un proceso de crecimiento económico, sin distribución de la riqueza, nos lleva a una sociedad en la que más de 13 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. El paro juvenil es uno de los mayores de Europa. El desempleo en menores de 26 años ha alcanzado un 42,3%.
La presión fiscal es de las más bajas de Europa. Y el 90% de las cargas fiscales salen del bolsillo de los trabajadores, que por el contrario sólo reciben el 46% del PIB.
Con que el Estado recaudase de Bancos y Empresas tan solo el doble del impuesto que se aplica a pequeñas y medianas empresas, recabaría más de 60.000 millones de euros al año. Con la mitad de ese dinero, 7 millones de jubilados cobrarían 14 pagas al año de 1.000 euros mensuales.
No hay democracia política sin democracia económica. O lo que es lo mismo: no hay cumplimiento de los derechos humanos sin una justa distribución de la riqueza. O lo que es lo mismo, no hay cumplimiento de la Constitución sin un cumplimiento de los derechos humanos y de una justa distribución de la riqueza.