Cargando...De la mano del PSOE se pretenden modificar 50 de los 71 artículos de la norma. Por lo positivo podemos hablar del restablecimiento pleno de los derechos de asociación, sindicación, huelga, reunión y manifestación para todos los inmigrantes, tengan o no papeles. Un triunfo, no del PSOE, sino de un puñado de ONG`s y asociaciones que recurrieron ante el Tribunal Constitucional la anterior reforma.
Por otra arte, se propone la obtención del permiso de trabajo para los cónyuges e hijos que han llegado por la vía de la reagrupación familiar, que hasta ahora sólo tenían derecho a la residencia. Aunque, eso sí, la normativa propone impedir que las personas mayores de 65 años reagrupadas obtengan el permiso de trabajo. ¿Sólo “carne fresca” para trabajar? Pero ¿en qué se endurece la Ley? Aumenta el período de detención en los Centros de Internamiento, de 40 a 60 días, ampliables a 70. Los inmigrantes no podrán reagrupar a sus ascendientes, salvo que tenga ya un permiso de trabajo de 5 años, y sólo podrá traer a los mayores de 65 años. Más grave aún es que aumentan las sanciones, no tanto a las mafias, sino a quienes simulen una “relación laboral con un extranjero” y aparecen nuevos delitos como la de los matrimonios por conveniencia. Estos “delitos” pueden ser castigados con entre 10 y 100 mil euros. Tanto los matrimonios por conveniencia (o solidaridad) como los “contratos” falsos, son prácticas relativamente extendidas, que en la mayoría de las ocasiones hace referencia al apoyo del pueblo español a los inmigrantes sin papeles; convertirlas en delito forma parte de la política de enfrentar a unos contra otros y dejar sin “oxígeno” –sin apoyo social- a los inmigrantes irregulares. Pero tal vez lo más duro de la reforma es lo que no dice. En una población sobre la que un 11% son extranjeros ¿puede darse una cuarta reforma sin considerar los derechos de representación política, voz y voto de los inmigrantes? ¿No se está construyendo en nuestras narices una sociedad de ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría? Por otra parte, no podemos equivocarnos la reforma debe ser leída dentro de un ajuste drástico del mercado de trabajo en nuestro país. El gobierno ha reducido a su mínima expresión los contingentes de trabajadores contratados en el extranjero. También invita a salir, por las buenas o por las malas, a los trabajadores inmigrantes. Las redadas se multiplican, los Centros de Internamiento se abarrotan. Para justificar medidas y reformas tan retrógradas, estos días, nos inundan las noticias del aumento hasta el 17% del paro entre los inmigrantes y del problema que representa este “exceso” de inmigrantes en nuestro país. Algunos expertos vaticinan que en poco tiempo se necesitará nuevamente de la mano de obra inmigrante. Pero este es un argumento débil. La pregunta que debemos hacernos es si es aceptable que un gobierno, que se llama progresista, con una mano ayude de la gran banca (con hasta 150 mil millones de euros) y con la otra, expulse a los trabajadores que tantos beneficios ha generado en la época de bonanza; quienes ya son parte de la sociedad española, no “envaces desechables”. Hay que detenerse un momento para preguntarnos ¿Son justas y correctas las medidas que está tomando el gobierno contra la crisis? ¿Tienen que pagar las consecuencias los trabajadores y, entre ellos, el sector más débil: inmigrantes, mujeres y jóvenes? Algo falla.