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El 8 de abril de 2003, un tanque norteamericano arrojaba un misil contra el Hotel Palestina, sede de los periodistas acreditados en Bagdad. José Couso, cámara español de Tele 5, y Taras Protsyuk, reportero de la agencia Reuters, caían muertos bajo los proyectiles estadounidenses. No se trató de ningún error, ni siquiera de un trágico «daño colateral». Fue un asesinato premeditado. El ejército norteamericano quería impunidad mientras ocupaba Bagdad, y silenció con el crimen a los periodistas que se atrevieron a filmar sus desmanes.
Pocas horas antes, aviones norteamericanos habían bombardeado las sedes de las televisiones árabes de Al Yazira y Abu Dhabi. Un crimen consciente y premeditado, ejecutado con absoluta impunidad.
Irak es el paradigma de la matanza sistemática de periodistas con más de 400 periodistas asesinados. Ni siquiera la segunda guerra mundial con sus millones de muertos ha sumado tantos periodistas muertos.
Con lo que no contaba Washington es que la sed de justicia de una familia iba a significar algo más que un quebradero de cabeza para toda una superpotencia.
Pocas semanas después del asesinato, la madre y tres hermanos de José Couso, por un lado, y la viuda e hijos, por otro, se querellan contra los autores de los disparos. «La causa de José Couso es la causa de todos. Con lo que no contaba EEUU es con la sed de justicia de una familia»
Las vías abiertas en España para juzgar crímenes contra la humanidad permitieron que jueces independientes admitieran a trámite la causa.
A pesar de las maniobras de EEUU la lucha de Javier y David Couso, y su madre Maribel Permuy, por la justicia ha sentado un precedente en el derecho internacional. El “caso Couso” es la única causa en el mundo que ha sido investigada contra militares del ejército de EEUU. La Audiencia Nacional procesó por primera vez a suboficiales, oficiales y jefes del ejército estadounidense por el asesinato de los periodistas José Couso, Tarek Ayyoub de Al Jazeera el ucraniano Taras Protsyuk de Reuters. El juez español Santiago Pedraz ordenó la búsqueda y captura del sargento Thomas Gibson, comandante del carro de combate y autor del disparo; el capitán Philip Wolford, jefe de la unidad de carros de combate que autorizó a Gibson a disparar. Y el teniente coronel Philip De Camps, quien autorizó al comandante Wolford ordenar el disparo. Como le pasó también a Pinochet los militares estadounidenses no podían viajar libremente por el mundo por miedo a ser detenidos. Pedraz también imputó en el mismo auto en el 2011, al general Bufort Blount, jefe del cuartel general y comandante de la 3ª División de Infantería del Ejército de Estados Unidos, y al Jefe de la 2º Brigada de la 3ª División, el coronel David Perkins. La persistencia en exigir justicia de la familia de José Couso puso en brete a todo un imperio.
A partir de este momento, EEUU pone en marcha toda su maquinaria, en Washington y en Madrid, intensificando sus presiones para proteger a sus cachorros.
“Hay un concurso entre representantes del Estado, del Poder Judicial, de la Fiscalía… que han conspirado, se han puesto a las órdenes y han asesorado a una potencia extranjera, en este caso EEUU, para frenar el proceso judicial legítimo, que debería ser independiente” dice Couso.
A las pocas semanas, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional -siguiendo órdenes del fiscal general, es decir del gobierno de Zapatero- recurre la orden de detención contra los militares norteamericanos.
La insistencia de Pedraz hace avanzar la causa, pero la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, en una disparatada sentencia, archiva el caso por entender que “no se trata de un asesinato, sino de un acto de guerra contra un enemigo aparente erróneamente identificado”.
La familia de José Couso no desfallece, y recurre ante el Tribunal Supremo, que acaba dándoles la razón.EEUU presiona para que se cambien las leyes que permitieron a jueces españoles juzgar a Pinochet, el genocidio en Guatemala o los crímenes en Palestina. Zapatero y Rajoy, que tanto discuten en otras cosas, se pusieron rápidamente de acuerdo para impulsar una reforma que liquidará el principio de justicia universal. “Son patriotas de hojalata, más bien deberían pedir la nacionalidad estadounidense porque estos señores de españoles tienen bastante poco” afirma Javier Couso.
El caso volverá a la Audiencia Nacional, y allí los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y Enrique López rizan el rizo de la sumisión ante el imperio. Primero otorgando mayor credibilidad a un informe del Mando Central Norteamericano -que evidentemente exoneraba a sus militares- que a los testigos directos españoles. Y luego archivando la causa bajo el pretexto de que “Estados Unidos es una democracia, incluso con más tradición y arraigo que la nuestra, y si ellos dicen que fue un acto de defensa, así debió ser”.
«El Gobierno cambió la ley para proteger a los asesinos de mi hermano», denuncia David Couso, hermano del cámara asesinado, quien ha afirmado que se trató de «un cambio de ley hecho ‘a la carta’ para favorecer a determinados criminales»
Bajo el lema “sólo nos queda vencer”, centenares de manifestantes han rodeado a la familia Couso y recordado 13 años después la impunidad con la que el Ejército estadounidense actuó en y las trabas que los diferentes Gobiernos españoles han ido imponiendo a la causa.
La familia ,que no ha dudado en enfrentarse a toda una superpotencia para exigir justicia, concentrada frente a la embajada americana pide ahora que se abra el caso de José Couso.
Estamos ante un nuevo episodio en la lucha contra la impunidad con que la superpotencia norteamericana quiere proteger sus crímenes pasados y futuros. La causa de José Couso es la causa de todos.