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Las jerarquías de la iglesia vasca, auténtico pulmón artificial del régimen etnicista de los Arzallus e Ibarretxe, tenían que decir la suya en esta campaña. Y el obispo de San Sebastián ha aparecido para defender al entorno del terror, calificando como «un mal para la comunidad política» la ilegalización de D3M y Asakatasuna, marcas electorales de ETA.
Para José María Uriarte, obiso de San Sebastián "por muy repugnante que nos pueda parecer el proceder de algunos de sus dirigentes ante los asesinatos y atentados, o por una hipotética connivencia o complicidad con ETA (aún por demostrar judicialmente), dejar sin representación a una parte minoritaria pero significativa de nuestro pueblo, es un mal para esa comunidad política: limita el ejercicio de un derecho fundamental, distorsiona el mapa electoral y propicia un proceso de excepcionalidad apoyado en una ley también excepcional: La Ley de Partidos”. Al obispo de San Sebastián no le parece una “distorsión del mapa electoral” que el terror étnico haya obligado a exiliarse a 200.000 vascos. Ni considera “un proceso de excepcionalidad”que toda la oposición no nacionalista deba vivir rodeada de escoltas. Pero eso sí, se indigna cuando la justicia no permite presentarse a partidos que son una tapadera de ETA. Desgraciadamente, no debe extrañarnos las desvergonzadas posiciones de la iglesia vasca ante el terrorismo. Hace unos meses, José María Uriarte declinó acudir al Festival organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo. Mientras éste se celebraba, el obispo de San Sebastián estaba pronunciando una conferencia donde se defendía “la misericordia para los agresores”, afirmando que “la dispersión de los presos no es humana, ni alargar la condena de algunos reos”. El desprecio a las víctimas y la cercanía a los verdugos es la política oficial del obispado donostiarra. El anterior obispo de San Sebastián, José María Setién, llegó a afirmar que “en Euskadi existe un problema político, y detrás del terrorismo existen frecuentemente razones de justicia”. Y el número de octubre pasado de la revista Arantzazu recoge un escrito del Secretariado Social Diocesano del Obispado de San Sebastián, donde se defiende que “el llamado conflicto vasco no puede reducirse, sin más, al conflicto generado por la violencia armada de ETA (…) en tanto no exista la aceptación en libertad de un nuevo marco jurídico [el “derecho a decidir” de Ibarretxe] no podrá hablarse de una normalización de Euskalerría ni de una justa autodeterminación de la ciudadanía vasca". Estas son las jerarquías de la iglesia vasca, ofreciendo desde hace décadas sustento y justificación al terror. En el resto de España ya pasaron los tiempos donde el régimen caminaba bajo palio. En Euskadi no. La iglesia ha funcionado como un auténtico pulmón artificial del régimen de terror instaurado por los Arzallus e Ibarretxe en Euskadi. Sólo hace falta recordar la defensa del plan Ibarretxe efectuada por el obispo de San Sebastián: “El plan Ibarretxe pretende ser un intento serio, no excluyente, de abordar una salida válida para la necesaria pacificación del pueblo vasco”. Este maridaje entre la iglesia vasca y el nacionalismo étnico –desde los tiempos donde Sabino Arana envuelve su mensaje en la sotana del jesuita, hasta un plan Ibarretxe bendecido por los obispos– se hace posible en primer lugar por el interés material común de mantener el control sobre la Euskadi rural, la extensa red clientelar de “parrokio-kavernas”, feudos del PNV más reaccionario, donde los alcaldes vigilan a quién vota cada vecino, el control social sobre los “disidentes” es férreo, y los curas actúan como verdaderos comisarios ideológicos del rebaño.