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La consigna «No vull pagar» se ha convertido en lema de una rebelión ciudadana en Cataluña contra el atraco que suponen las autopistas de peaje. La respuesta del gobierno de Rajoy ha sido contundente. En los presupuestos guardaba una sorpresa. Se incrementarán las multas y el control sobre los ciudadanos que se nieguen a pagar los peajes Y se regalarán miles de millones a las constructoras propietarias de las autopistas.
El gobierno de Rajoy ha anunciado que podrá embargar la caja diaria de los bares o establecimientos que tengan alguna deuda con Hacienda.
Emplean como argumento que “hay que sacar dinero de donde sea para reducir el déficit”. Pero el mismo gobierno que se muestra inflexible ante un autónomo agobiado por las deudas, regala generosidad cuando se trata de los negocios de la oligarquía. «Se regala dinero a las constructoras que atracan a la gente con peajes desorbitados. Y se impone más castigo para quien se niega a tragar con el atraco»
Los gruesos volúmenes de los Presupuestos Generales del Estado nos reservaban todavía una sorpresa más.
Contemplan un nuevo rescate con dinero público para las autopistas de peaje.
Un negocio que atrajo, por la promesa de futuros y suculentos beneficios, la atención de la oligarquía y los bancos.
Grandes constructoras como Ferrovial, ACS, OHL… se lanzaron a gestionar como concesionarias los tramos de autopistas con peaje. Imponiendo a los ciudadanos precios desorbitados.
Y los grandes bancos nacionales y extranjeros les concedieron generosos préstamos para impulsar el negocio, esperando participar del botín prometido.
El estallido de la crisis convirtió los beneficios en pérdidas. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué los bancos y constructoras han asumido los riesgos de una mala inversión?
Nada de eso. Si usted es un pequeño empresario y su negocio va mal, su quiebra es inminente. Pero si es la oligarquía, el Estado acudirá a su rescate.
Las nueve principales concesionarias de autopistas de peaje –en propiedad de las grandes constructoras- acumulan 4.000 millones en pérdidas.
El Estado –es decir, todos nosotros, a través de nuestros impuestos- se hará cargo. En los presupuestos, el gobierno abre vías de crédito en condiciones favorables a los magnates del ladrillo para que puedan pagar sus deudas.
¿Y qué ocurre con los ciudadanos? Para el gobierno nosotros sí tenemos que pagar a toda costa.
Por eso convierte a las constructoras en “policías” contra la gente. Reforzando los instrumentos legales para que las empresas concesionarias puedan establecer las multas a los ciudadanos que se nieguen a pagar en los peajes.
Otorgando al personal contratado por las constructoras categoría de autoridad, y capacidad para que sus denuncias tengan carácter probatorio en un juicio.
Toda una andanada de represión que intenta golpear al emergente movimiento ciudadano de rebelión que, especialmente en Cataluña, donde los peajes son una sangría para muchos, ha enarbolado la consigna de “No vull pagar” –“No quiero pagar”-, negándose a abonar los desmesurados precios impuestos por las constructoras.
Regalos para las grandes constructoras y los bancos. Mano dura contra las víctimas del atraco.
Y al “independentista” Artur Mas le echan humo las manos de aplaudir que “el gobierno de Madrid” defienda los intereses de las concesionarias –una de las principales es Abertis, es decir La Caixa, es decir la gran burguesía catalana- contra los derechos de la mayoría de ciudadanos catalanes.