Inseguridad jurí­dica

La expropiación de YPF a Repsol no puede obviamente beneficiar a España, ni a las empresas concernidas, pero tampoco a Argentina. Es urgente que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ponga fin a esta ya larga incertidumbre respetando las reglas nacionales e internacionales y, sobre todo, la sensatez. Al final, siempre están los tribunales. Pero cambiar las leyes para una nacionalización a bajo coste dañaría de forma irreparable la seguridad jurídica en una Argentina que, como casi todos los países, España incluida, necesita de los capitales y de la tecnología extranjeros. La expropiación, dictada por un enfoque populista interno en el que presionan los gobernadores locales, no resuelve ni uno solo de los problemas a los que ha llevado una desastrosa política energética. Es Repsol, copropietaria de YPF, quien dispone de la mejor tecnología para nuevas exploraciones y extracciones que pueden convertir a Argentina en un país autoabastecido en petróleo y gas.