Cargando...La Ley de Extranjería protege el derecho de los inmigrantes irregulares a poder denunciar sus condiciones laborales ilegales. Muchos inmigrantes en situación irregular consiguen el permiso de trabajo si demuestran en un juicio que han estado trabajando de forma ilegal al menos un año para una empresa. Sin embargo, dos inmigrantes sin papeles han sido detenidos a la salida del juzgado donde estaban demandando a la empresa que los empleaba de forma ilegal. Y uno de ellos ha recibido la orden de expulsión de forma inmediata. Quien hace la ley hace la trampa. Utilizar la aplicación de la Ley de Extranjería para acabar con los inmigrantes que se rebelan contra la superexplotación no es racismo, es pura y dura explotación de clase.
Porque una detención or encontrarse en situación irregular en España no debe terminar en una expulsión del país si, como el paraguayo Luis Eduardo Egaña, de 23 años, va a declarar contra la empresa Escenasant SL, que le ha mantenido empleado sin los correspondientes trámites legales, durante 16 meses junto con su compatriota y primo Claudio Cesar Maturana, de 27 años, paraguayos ambos. Y si curiosamente la brigada de Extranjería de la Policía Nacional le ha pedido la documentación en el mismo juzgado santanderino donde se ha presentado para llevar a cabo la declaración. Porque tampoco la empresa Escenasant es una empresa pirata, que se mueve en los límites de la actividad clandestina. Entre los trabajos realizados se incluyen tanto el montaje de 2.500 metros cuadrados de carpa para un mitin del PPen la fiesta patronal cántabra de la Bien Aparecida, el 12 de julio de 2008, al que asistieron 6.000 personas; como también encargarse de montar una carpa para el día de las Fuerzas Armadas de este año en la plaza santanderina de Alfonso XIII. Es una empresa bien relacionada. Ya es muy sintomático que la Policía efectúe controles de identidad de manera arbitraria y lo haga en un juzgado donde a diario se presentan casos de denuncias de contratación ilegal de inmigrantes sin papeles. Es muy significativo que el expediente de expulsión se haya resuelto con una rapidez espectacular. La propia Ley de Extranjería establece que la expulsión es una medida extraordinaria. Especialmente en casos como éste, en el que se ha acreditado una estancia mínima de tres años en España y la condición de acreedor de 15.000 euros. Lo que parece más bien es que la Ley de Extranjería se ha convertido en una tapadera de la superexplotación. Y que su endurecimiento busca eliminar la resistencia de los inmigrantes para poder cargar la crisis económica sobre el sector más explotado de los trabajadores en España. Y ante la rebelión contra el empresario que obtiene extraordinarios beneficios, se expulsa a los atrevidos. Lo que aparentemente es racismo, realmente es la más clara y burda explotación de clase.