Granada. Justicia

Indicios de criminalidad suficientes

Eran las 15.38 horas de un lunes de noviembre, en 2005. Almuñécar, Granada. Obras de la construcción del sexto viaducto de la A-7, de los ocho que estaba previsto construir para conectar las dos laderas del valle por donde pasa el rí­o Verde, a unos tres kilómetros de Almuñécar (Granada). De repente, tres de los seis pilares cayeron desde una altura de unos 80 metros y se desplomó la autocimba, una plataforma metálica que se coloca en un viaducto para cimentar sobre ella. La estructura, de 60 metros de largo y 12 de ancho, cayó sobre los obreros y aplastó la vida de cinco trabajadores portugueses y uno español.

Entonces se dijo que la obra había asado todos los controles e inspecciones. Cuatro años después, la juez sustituta del Juzgado de Instrucción 2 de Almuñécar, en Granada, imputa a doce trabajadores del Ministerio de Fomento y de las constructoras por delitos contra la seguridad de los trabajadores, homicidio imprudente y otro de lesiones imprudentes Aquel accidente puso de manifiesto la realidad que se escondía bajo el auge del sector de la construcción. La más más absoluta precariedad de los trabajadores subsubcontratados. La Unión Temporal de Empresas (UTE) La Herradura –formada por Azvi, Proder y Obras Subterráneas– subcontrató a la empresa gallega ‘Estructuras y Montajes Prefabricados’ para la obra, y ésta a su vez subcontrató a la portuguesa Douro Montemuro. Los cinco obreros portugueses trabajaban para Douro mientras que el trabajador español pertenecía a la primera. La inversión en seguridad no es que fuera un gasto del cual podían prescindir para aumentar sus beneficios, sino que ni tan siquiera estaba prevista la revisión de las estructuras de la obra. Según los distintos informes técnicos, el accidente se produjo por un mantenimiento insuficiente. Ni Fomento, que era el promotor de la obra, ni las empresas tenían prevista la revisión de la autocimbra que provocó el desplome del viaducto, ni tampoco hay constancia de que se hiciera ninguna revisión. La imputación por parte de la juez no hace más que confirmar lo que la sabiduría popular expresaba entonces en las encuestas. Una conclusión que coincide con la encuesta que hizo ABC en aquel entonces:¿Quién es el responsable de los accidentes laborales? La imprudencia de los trabajadores: 10% – 294 votos Las empresas, que contratan en precario 35% – 1021 votos Las autoridades que no inspeccionan 48% – 1385 votos Nadie: los accidentes son inevitables 6% – 184 votos Total: 2884 votos (ABC, noviembre 2005)

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