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La India es un país de cifras colosales. En los últimos cinco años, la clase obrera hindú ha batido cinco veces todos los récords, organizando las Huelgas Generales más masivas del planeta. La celebrada el 26 de noviembre contra las agresivas y reaccionarias políticas del derechista gobierno Modi han vuelto a pulverizar las marcas, movilizando a más de 250 millones de personas.
El potentísimo movimiento sindical hindú ya ha logrado sacar -en septiembre de 2015, septiembre de 2016, enero de 2019 y enero de 2020- a cientos de millones de trabajadores a las calles de toda India. Pero este nuevo hito huelguístico rompe de nuevo el techo: 250 millones de personas, una cifra mareante que equivale a la mitad de la población de la UE, y que contrasta con la escasa o nula cobertura que los medios nacionales o internacionales le han dado.
La segunda Huelga General de este año en India no sólo destaca por su cantidad, sino porque -mucho más que las anteriores- une a los trabajadores de la ciudad y el campo. No solo la convocan los 10 principales sindicatos obreros urbanos -la mayor parte de filiación marxista- sino también una plataforma paraguas de más de 300 organizaciones campesinas. La huelga no es fruto de un día: lleva tres meses convocándose a través de una intensa campaña de agitación, actos, protestas y paros parciales en múltiples sectores, como el de las trabajadoras sanitarias (las ASHA) o los de estudiantes y maestros.
El inmenso paro nacional se produce en respuesta a un no menos agresivo ataque a las condiciones de vida y de trabajo por parte de un gobierno del Bharatiya Janata Party (BPJ) que ha dado un salto en sus ofensivas anti-obreras y antipopulares.
La exigencia principal es la derogación de los cuatro Códigos Laborales que el Gobierno Modi pretende poner en vigor, y que conculcan derechos básicos. El Código de Seguridad Social deja fuera del sistema de pensiones a grandes masas de trabajadores, incluidos aquellos que trabajen en empresas de menos de 20 personas, y deja sin derechos laborales a una enorme variedad de trabajadores, incluidos los del sector agrario, lo que supera al 50% del total de trabajadores en la India.
El Código de Relaciones Industriales deja fuera de la definición de «trabajador» a becarios, falsos autónomos, etc. y pone trabas muy serias al ejercicio del sindicalismo, como el requisito del 10% de afiliación para el registro de un sindicato en un sector. También limita el derecho a huelga a un máximo del 50% de la plantilla de una industria.
En otras disposiciones de ámbito regional aprobadas por los gobernadores del BPJ se amplía la jornada de 8 a 12 horas, se estipula que las horas extras dejarán de cobrarse, se eliminan los convenios, la indemnización por despido y el registro de nuevos sindicatos por 3 años. O se libra a las empresas de las obligaciones de higiene y salubridad. Todos estos ataques de Modi y su partido, que en los últimos años se han acercado a EEUU, se hacen bajo la justificación de hacer proliferar las ‘Zonas Económicas Especiales’ y atraer capital extranjero.
Además de la derogación de estas normas, la demanda de los campesinos se centra en derribar varias leyes que multiplican el poder de las grandes multinacionales sobre el campo hindú. Hasta ahora los agricultores podían vender una parte de su cultivo al Estado, con unos precios mínimos fijos. Ahora muchos pasarán a depender enteramente de corporaciones que decidirán qué cultivarán, cuánto comprarán y a qué precio lo comprarán y venderán, y con cuánto stock se quedarán.