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La nueva ley permite a los inversores extranjeros poseer el 51% de las acciones en empresas mixtas de la esfera del comercio minorista, del que viven decenas de millones de familias indias.
La huelga general, convocada por varias federaciones sindicales y comerciales del gigante asiático, causó la paralización de los mercados y comercios a lo largo del día o durante unas horas en todo el país. A ella se sumaron también las protestas de conductores de autobuses y camiones por los abusos de los monopolios, cuya expresión más visible es la desmesurada subida del precio de los combustibles en un 12,5% en lo que va de año.
Hace ya 20 años, el entonces primer ministro Narasimha Rao, siguiendo en cierta medida el camino iniciado por el gobierno chino unos años atrás, inició el proceso de reforma, apertura y liberalización de la economía india, a través de la cual se facilitó la concesión de licencias y abrió las puertas a inversores extranjeros.
Sin embargo, y tomando ejemplo también de China, dicha ley no permitía al capital extranjero entrar por completo en su economía, a la que se dividió en ramas estratégicas y no estratégicas. El acceso del capital extranjero estuvo prohibido o limitado a varios sectores de los considerados estratégicos, incluido el comercio minorista del que viven millones de familias.
Al pasar a catalogar el comercio minorista en el sector de ramas no estratégicas, la entrada de los grandes monopolios extranjeros y los gigantes mundiales de la distribución amenaza con provocar la ruina de millones de pequeños comerciantes locales. Las grandes cadenas extranjeras como la estadounidense Walmart, la británica Tesco o la francesa Carrefour ya están presentes en India como mayoristas, pero no pueden vender directamente a los consumidores.
Ya en diciembre de 2011, el primer ministro Manmohan Shing trató de aprobar esta ley, pero se vio obligado a desistir ante la oposición política de un partido clave en su coalición gubernamental –que amenazó con retirarle su apoyo, alegando que atacaba los intereses de los más desfavorecidos–, y la oposición popular de los 25 millones de pequeños comerciantes que históricamente han constituido uno de los principales nervios económicos del país. Sin embargo, volvía a colarla el pasado mes envuelta en un paquete de medidas dirigidas a estimular la economía del país, que muestra signos de una acusada ralentización, desde un crecimiento del 8,4% de PIB en 2009 y 2010, al 6,5% de 2011 y la perspectiva de un 5,5% de crecimiento en 2013.
La contundente respuesta de la población, sin embargo, posiblemente vuelva a dejar de nuevo la medida en el aire.