Iberdrola y Repsol en la cuerda floja

“La trascendencia de la medida no ha pasado desapercibida entre las grandes empresas del Ibex, ni tampoco entre las filas del PP, de cuyo mandato data la última modificación de la Ley de Sociedades Anónimas, que permite limitar el derecho de voto de los accionistas al 10%. La eliminación de este blindaje anti opa, impulsado para salvaguardar la titularidad española de empresas pertenecientes a sectores estratégicos, favorecerí­a a inversores como ACS y Sacyr, que actualmente libran respectivos pulsos para controlar a sus participadas Iberdrola y Repsol”. (EL CONFIDENCIAL)

CINCO DÍAS.- La receta castiza ara recomponer la competitividad es la devaluación de la divisa. Pero en ausencia de autonomía cambiaria, España tiene que buscar correcciones que, sumadas, simulen o encubran una devaluación. Lo común es debilitar la capacidad de compra de los nativos, con subidas de impuestos o recortes de sus rentas principales (salarios), y hacer más atractivos los bienes y servicios españoles para la demanda externa, con una bajada general de sus costes de producción EL MUNDO.- No estoy diciendo que estemos abocados a una etapa de ajuste que va a durar 20 años, pero sí que este país podría entrar en una larga fase de estancamiento, con un paro estructural muy elevado y unos crecimientos de la economía inferiores al 1%. La razón de este pesimismo es el altísimo endeudamiento público y privado de España, que alcanza ya el 350% del PIB. Si a ello añadimos el impacto de la crisis inmobiliaria, los problemas del sistema financiero y el enorme agujero negro de las cuentas del Estado, el panorama no puede ser más desolador. Opinión. El Confidencial Moncloa coló la enmienda pro constructoras a espaldas de Economía y del grupo parlamentario del PSOE Carlos Hernanz Traerá cola. La enmienda a la Ley de Sociedades Anónimas presentada in extremis por el PSOE el pasado día 16 ha puesto en armas a buena parte del empresariado nacional y al Partido Popular. Incluso una parte del Gobierno ha visto con perplejidad cómo una medida de ese calado, que eliminaría los blindajes anti opa aprobados bajo mandato de Rodrigo Rato, ha sido redactada desde Moncloa sin contar con la participación del Ministerio de Economía ni con la del propio grupo parlamentario socialista, según han confirmado a este diario fuentes ministeriales. Bajo la premisa de adelantarse a nuevas normas comunitarias, el PSOE ha incluido una enmienda al proyecto de ley por el que se modificará el marco jurídico de las Sociedades Anónimas. Esta revisión, por la que se pretende eliminar la limitación de voto, no ha nacido del trabajo del grupo parlamentario socialista, sino de Moncloa. El documento viajó de la oficina económica del Presidente al portavoz y jefe del grupo parlamentario socialista, el ex ministro José Antonio Alonso, persona de máxima confianza del Rodríguez Zapatero, que coló la enmienda. La incursión de este texto a espaldas de algunos de los departamentos que tendrían que haber participado en su redacción, o al menos estar informados de su existencia, ha generado un fuerte malestar dentro del seno del Gobierno. Fundamentalmente, en el ministra de Economía, Elena Salgado, que no entiende cómo recibe la confianza del Presidente para formar parte del gabinete anticrisis –junto a José Blanco y Miguel Sebastián– y al mismo tiempo no es consultada ni avisada para formar parte de este cambio legislativo de tanta importancia. La trascendencia de la medida no ha pasado desapercibida entre las grandes empresas del Ibex, ni tampoco entre las filas del PP, de cuyo mandato data la última modificación de la Ley de Sociedades Anónimas, que permite limitar el derecho de voto de los accionistas al 10%. La eliminación de este blindaje anti opa, impulsado para salvaguardar la titularidad española de empresas pertenecientes a sectores estratégicos, favorecería a inversores como ACS y Sacyr, que actualmente libran respectivos pulsos para controlar a sus participadas Iberdrola y Repsol. Aunque la enmienda está prevista que se debata en el Congreso el próximo día 4 de marzo, la dirección del Partido Popular tiene decidido replicar esta misma semana la iniciativa del PSOE. Desde la calle Génova, el equipo económico de los populares exigirá negociar una decisión de tanta importancia, que puede revertir las relaciones de poder existentes en las primeras multinacionales españolas y obviando los intereses de los accionistas minoritarios, según fuentes próximas al equipo del líder de la oposición, Mariano Rajoy. Según recogía la información adelantada el pasado sábado por el diario El País, hasta la fecha actual, con la Ley de Sociedades Anónimas en vigor (artículo 105), las empresas podían limitar estatutariamente los derechos de sus accionistas. Empresas como Iberdrola lo justifican en sus documentos explicando que "la limitación del número máximo de votos que puede emitir un accionista, o varios pertenecientes a un mismo grupo o que, en su caso, actúen de forma concertada, es una medida de protección de los muchos accionistas minoritarios". Aunque son varias las empresas potencialmente afectadas, como Telefónica, NH Hoteles, Enagás, Red Eléctrica, Banco Popular y Banco Sabadell, nadie duda en que los principales beneficiarios de esta modificación serían ACS y Sacyr. Ambas constructoras, con participaciones relevantes en Iberdrola y Repsol, podrían así tomar el mando de ambas compañías energéticas sin tener que aumentar sus porcentajes de capital, los cuales consiguieron con abultadas cuotas de endeudamiento que más tarde les han llevado a situaciones financieras muy comprometidas para sus balances. EL CONFIDENCIAL. 22-2-2010 Editorial. Cinco Días Otra forma de devaluar La crisis está cambiando de forma radical los comportamientos de la inmensa mayoría de las economías en el mundo. Pero la revisión del estatus productivo debe ser más severa en las economías maduras cuyas fórmulas para generar y distribuir riqueza están agotadas. La española es precisamente de las más apuntadas por todas las instituciones mundiales como un modelo agotado que lastrará la recuperación, con efectos demoledores sobre el empleo durante varios años. El devenir de la actividad recogido por las estadísticas en las últimas semanas no hace sino confirmar precisamente esta sospecha, con una recesión prolongada durante siete trimestres, con indicios poco claros de que se produzca la recuperación en los primeros meses de 2010, y con fundadas dudas de que tal recuperación sea lo suficientemente sostenible como para reanimar la contratación de trabajadores. Casi todos los países europeos, pero sobre todo aquellos con modelos de crecimiento basados en las manufacturas, han ensayado fórmulas para conservar la mayor cantidad posible de ocupación. Francia, Alemania, Holanda e incluso Portugal han utilizado parte de los recursos públicos en formatos neokeynesianos centrados en sustentar la demanda con el sostenimiento del empleo. En España, con un tejido empresarial más endeble y atomizado, muy intensivo en actividades cerradas a la demanda para una larga temporada, como la construcción y comercialización residencial, el empleo se ha desplomado, y los formatos de sacrificio en los costes o reparto del empleo existente se han limitado a iniciativas individuales y a algunos sectores industriales que han interpretado la crisis como un paréntesis. Ahora, para recuperar los estándares de riqueza que España disfrutaba antes de la crisis no queda otro remedio que recomponer el modelo de crecimiento en una apuesta decidida por las manufacturas, la mejora de la formación y la generación de nuevos nichos de negocio en los que esté muy presente la investigación y el desarrollo. Pero como un modelo de crecimiento no se cambia ni en un año ni en dos, y el desempleo no puede esperar, España debe buscar soluciones inmediatas para que la economía encuentre alternativas y el desempleo, válvulas de escape aceptables. Para ello es necesario aceptar primero la necesidad de identificar cuál es el principal problema que tiene la economía, y que la ha llevado a acumular un desempleo como el actual, con una descorazonadora concentración entre la población juvenil. Los expertos coinciden en que España, además de haber consumido ingentes cantidades de recursos en la construcción y generar grados desconocidos de endeudamiento en las familias, ha deteriorado de forma acelerada sus niveles de competitividad con todas las economías del mundo, pero especialmente con aquellas con las que mantiene mayores volúmenes de intercambio comercial. Un crecimiento por encima de su potencial durante todo un ciclo que comenzó a finales de los noventa y que ha durado casi un decenio, ha estimulado avances desmedidos de los costes y los precios hasta dañar de forma peligrosa la competitividad. La receta castiza para recomponerla es la devaluación de la divisa, tal como ha hecho el Reino Unido forzando una depreciación fría de la libra esterlina, que ha conseguido ya oxigenar una balanza comercial tradicionalmente deficitaria. Pero en ausencia de autonomía cambiaria, España tiene que buscar correcciones que, sumadas, simulen o encubran una devaluación. Lo común es debilitar la capacidad de compra de los nativos, con subidas de impuestos o recortes de sus rentas principales (salarios), y hacer más atractivos los bienes y servicios españoles para la demanda externa, con una bajada general de sus costes de producción. Una pequeña parte ya se ha hecho. Habrá una subida de impuestos en julio que acompañará a la iniciada en enero, y muchas empresas han aplicado ya reducciones de sus costes vía salarial. De hecho, el pacto salarial de congelación real con posibilidad de descuelgue para las sociedades en pérdidas puede ser un instrumento que funcione durante los tres próximos años. Pero debería ser acompañado con una reducción significativa de otros costes del factor trabajo, vía cotizaciones sobre todo, aunque las cuentas públicas no estén en el mejor momento para tales ensayos. CINCO DÍAS. 22-2-2010 Opinión. El Mundo Una crisis a la japonesa Pedro C. Cuartango Estuve una semana en Japón a finales de 1989 en un viaje de trabajo en el que mantuve contactos con empresarios y políticos de aquel país. Japón se encontraba entonces en el cénit de su poderío económico. Eran los tiempos en los que proliferaba una abundante literatura sobre la superioridad del modelo japonés frente a la debilidad de la economía americana. Se decía, poco más o menos, que los japoneses iban a conquistar el mundo, debido a sus avances tecnológicos y a una planificación gubernamental de sus estrategias industriales. Ni que decir tiene que quedé fascinado al visitar las plantas de fabricación de compañías como Nissan, que tenía una factoría robotizada de automóviles en la bahía de Tokio. Los coches eran embarcados en un transatlántico con destino a EEUU. El índice Nikkei estaba entonces por encima de los 32.000 puntos y los precios de los bienes de consumo eran astronómicos. Comer en un restaurante de Tokio era diez veces más caro que en Madrid. Pues bien, la economía japonesa entró en crisis en 1990 y así ha permanecido desde entonces. Durante dos décadas, su crecimiento ha permanecido en torno a cero, mientras los salarios eran recortados y el sistema financiero afrontaba un penoso proceso de saneamiento. El Nikkei está ahora en algo más de 10.000 puntos, la tercera parte que a finales de 1989. No puedo entrar aquí a analizar las causas del declive japonés, pero sí me parece que existe un cierto riesgo de que la economía española sufra un proceso parecido. No estoy diciendo que estemos abocados a una etapa de ajuste que va a durar 20 años, pero sí que este país podría entrar en una larga fase de estancamiento, con un paro estructural muy elevado y unos crecimientos de la economía inferiores al 1%. La razón de este pesimismo es el altísimo endeudamiento público y privado de España, que alcanza ya el 350% del PIB. Si a ello añadimos el impacto de la crisis inmobiliaria, los problemas del sistema financiero y el enorme agujero negro de las cuentas del Estado, el panorama no puede ser más desolador. Parece muy difícil de creer que España podrá salir de esta crisis en el segundo semestre de este año, como sostiene Zapatero. Por el contrario, los datos apuntan a un estancamiento sostenido, que podría durar dos o tres años más, como predice el Banco de España. Cada día que pasa la situación empeora, por lo que creo que la política del Gobierno es una huida hacia adelante. Con o sin pacto, lo primero es decir la verdad a los ciudadanos: que no saldremos de esta situación sin un doloroso sacrificio por parte de todos. EL MUNDO. 20-2-2010

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