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En septiembre de 2001, Ibarretxe presentaba ante el parlamento vasco lo que iba a convertirse en la principal batalla de sus diez años de gobierno. Bajo el jesuítico título de «Propuesta para la convivencia en Euskadi», el lehendakari pretendía imponer un auténtico apartheid político planificado, fortaleciendo los mecanismos de poder del régimen de terror impuesto contra la sociedad vasca. El «Plan Ibarretxe», felizmente tumbado por la creciente oposición de la sociedad vasca al nacionalismo étnico, ha sido la principal amenaza a la libertad y la democracia.
Durante 25 años de gobierno, y esecialmente en la última década, el nacionalismo étnico y excluyente no sólo ha ejercido las funciones de un gobierno autonómico, sino que, aprovechando el terror de ETA, ha creado un auténtico régimen con evidentes rasgos totalitarios.En la pasada entrega de este serial, demostramos como el plan Ibarretxe, a través de la distinción entre ciudadanía y nacionalidad, bebía directamente del programa de Nuremberg del partido nazi. Pero conviene recordar como también perseguía ampliar y fortalecer los instrumentos de poder de ese régimen totalitario que tiene en Ajuria Enea y en Sabin Etxea sus centros neurálgicos.Un breve repaso al articulado del plan del lehendakari es un muestrario de los horrores que hubieran esperado a Euskadi, y al conjunto de España, si Ibarretxe hubiera podido implantar su plan.El plan Ibarretxe suponía, de conjunto, la constitución de un auténtico Estado vasco que detentaría un control absoluto de todas las competencias. Sólo se reserva a España la moneda –el euro– y Defensa. El resto hubiera quedado en manos de la camarilla nazifascista de Ibarretxe.· El plan Ibarretxe pretendía imponer que “la nueva organización judicial vasca tiene como punto culminante el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi, ante el que se agotarán las sucesivas instancias procesales”. Estableciendo la creación de un Consejo Judicial Vasco como órgano de gobierno de los jueces. La elaboración de las leyes y la organización de la justicia hubieran estado pues, en manos del gobierno vasco, incluida la capacidad de indulto. Y la justicia española no podría interferir en Euskadi, ni los vascos solicitar el amparo de ella. Incluso las competencias de la Audiencia Nacional, que juzga los delitos relacionados con el terrorismo, pasarían a manos de la nueva “justicia vasca”. ¿Cómo sería una justicia en manos de Ibarretxe, si recordamos que se ha opuesto a todas las medidas judiciales contra el terrorismo, argumentando que “azuzaban el conflicto político”? ¿Qué protección judicial tendrían los miembros de la rebelión democrática, o los concejales del PP y PSOE?¿Cómo estaría Euskadi si los organismos del Estado español no hubieran podido intervenir en la lucha contra ETA en Euskadi? Lo dominante sería la doctrina de Ibarretxe, cuyos consejeros de interior paralizan, como han denunciado los sindicatos de la Ertzaintza, cualquier intervención de la policía vasca contra ETA y su entorno.· El plan Ibarretxe dejaba en manos exclusivas de las autoridades vascas “el régimen de creación, reconocimiento, organización y extinción de partidos políticos en Euskadi”.Alguien que se ha opuesto a la ilegalización de todas las marcas políticas de ETA (Batasuna, EAHK, ANV…), a pesar de que se han demostrado sus vínculos con ETA, y que considera que el PSE-EE y el PP no son partidos “estrictamente vascos”, podría decidir sobre la legalidad de las fuerzas políticas. De haber sido así, Josu Ternera seguiría siendo miembro de la comisión de Derechos Humanos del parlamento vasco –cargo al que accedió gracias a los votos de Ibarretxe-, o las sedes de Batasuna constituirían todavía un centro desde donde se preparaba la kale borroka o se captaban pistoleros de ETA.La educación es una de las materias que el plan Ibarretxe reservaba “en exclusividad” a Euskadi, sin posibilidad de que el gobierno español interviniera en su gestión o contenidos.¿Qué tipo de educación se recibiría en Euskadi si no hubiera estado sujeta a las normas del gobierno español? La educación que inocula el odio a España, el virus etnicista, las tergiversaciones históricas y la subversión de la realidad, donde se enseña a los niños vascos que los etarras son “vascos ilustres” y “a veces los derechos nacionales se defienden a tiros”, habría llegado al espanto.· El control de las subvenciones hubiera pasado, según el plan Ibarretxe, a depender sólo del criterio de las autoridades vascas.Sabemos que mientras el gobierno vasco se ha negado a prestar ayuda alguna a organizaciones como Basta Ya o Foro de Ermua, ha financiado generosamente a los aparatos de limpieza étnica del entorno etarra.· Por último, el plan Ibarretxe establecía que los asuntos constitucionales se tratarían a través de una comisión mixta entre jueces del Tribunal Constitucional español y jueces vascos.No es que las leyes españolas no serían de aplicación inmediata en Euskadi, sino que, de haberse salido Ibarretxe con la suya, la constitución del 78 no obligaría ni ampararía por igual a los vascos que al resto de españoles.El plan Ibarretxe no pudo implantarse por la decidida lucha de la rebelión democrática, y por la creciente oposición de la sociedad vasca. Pero, como recuerda la fábula, la naturaleza del escorpión es picar cuando y a quien pueda. No debemos olvidar, cuando se acercan unas elecciones decisivas, que Ibarretxe sigue aspirando a estos mismos objetivos.Sin desmontar el entramado ideológico, político, económico y clientelar tejido durante estos años, al mismo tiempo que se gana la batalla al terror, es imposible garantizar la libertad y la democracia en el País Vasco. Por eso, el objetivo en el que debemos estar empeñados todos los demócratas antifascistas no puede ser otro que luchar por desalojar a Ibarretxe y su camarilla del gobierno, como paso imprescindible para acabar con el régimen del nacionalismo étnico que hiela de raíz cualquier intento de restablecer la plena libertad y la democracia en Euskadi.