Cargando...«La huelga tiene sentido porque las medidas que el Gobierno ha adoptado o ha anunciado no son, como se repite, inevitables. Frente a la indudable presión de los mercados -propiciada por la cerrazón de Alemania- cabían otro tipo de respuestas. Primero, la exigencia de una posición coherente de la señora Merkel. Segundo, un ajuste interno más equilibrado que no recayera primordialmente sobre las clases populares y que no lastrara el crecimiento y el empleo. Y, tercero, no aceptar exigencias espurias de sectores económicos y financieros, como esta reforma laboral y la que viene de las pensiones.»
La huelga general retende exigir que se modifique una política de ajuste focalizada en las clases populares: congelación actual y previsión futura de recorte de las pensiones, reducción de retribuciones a los empleados públicos, profunda regresión de los derechos laborales. Estas medidas recaen sobre los que ninguna responsabilidad tuvieron en la crisis. Entretanto, sus causantes, las entidades financieras, vuelven a tener beneficios exorbitantes, no inyectan crédito en la economía, lastran el crecimiento económico y la creación de empleo y dictan medidas de reducción del Estado social. Los ciudadanos son los perdedores y los bancos los ganadores de este tipo de respuesta a la crisis. (EL PAÍS) PÚBLICO.- La Unión Europea que tenemos es la Europa que han ido configurando las derechas con la ayuda del socioliberalismo, que ha construido una Europa a las espaldas de las poblaciones. Pero existen alternativas, y también en España. En lugar de intentar conseguir fondos para el Estado congelando las pensiones y disminuyendo los salarios de los empleados públicos, se ha propuesto revertir las políticas fiscales regresivas que restaron ingresos al Estado. Y en lugar de gastar cantidades ingentes en la banca y en las cajas, se ha propuesto hacer de las cajas bancos públicos, para facilitar el crédito, y así un largo etcétera. EXPANSIÓN.- La tarifa eléctrica de último recurso (TUR), la única que fija el Gobierno y a la que pueden acogerse más de veinte millones de hogares y pymes, subirá un 4,8 por ciento el próximo 1 de octubre, informó hoy el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en un comunicado. El aumento del precio de la luz quedó fijado ayer tras la celebración de la subasta que ha establecido el coste de la energía para el suministro a tarifa durante el último trimestre del año y de que el Gobierno propusiera mantener el importe de los peajes de acceso. Opinión. El País Huelga general contra el giro antisocial José María Zufiaur La huelga general convocada para el próximo día 29 de septiembre pretende expresar el rechazo de los trabajadores y ciudadanos al giro antisocial adoptado por el Gobierno. Tiene también por finalidad rectificar algunas de las medidas ya adoptadas y evitar otras anunciadas. Coincide, además, con una jornada de movilización europea convocada por la Confederación Europea de Sindicatos que exige de la UE y de sus Estados miembros una política económica y social orientada al empleo y la cohesión social, así como otro tipo de construcción europea capaz de influir en el mundo, contrarrestar la actual mundialización neoliberal y preservar nuestro modelo social. He aquí los motivos y objetivos más relevantes, a mi entender, de esta huelga. La huelga tiene sentido porque las medidas que el Gobierno ha adoptado o ha anunciado no son, como se repite, inevitables. Frente a la indudable presión de los mercados -propiciada por la cerrazón de Alemania a asumir la lógica de una unión monetaria, es decir, sostener hasta el final a cualquier país de la eurozona atacado- cabían otro tipo de respuestas. Primero, la exigencia de una posición coherente de la señora Merkel. Segundo, un ajuste interno más equilibrado que no recayera primordialmente sobre las clases populares y que no lastrara el crecimiento y el empleo. Y, tercero, no aceptar exigencias espurias de sectores económicos y financieros, como esta reforma laboral y la que viene de las pensiones. Ha quedado meridianamente claro que cuando el Banco de España ha cumplido sus deberes de revelar la solvencia de nuestras entidades de crédito se ha desinflado aquel ataque de los mercados sobre la deuda soberana española, lo que para nada consiguió el real decreto ley de la reforma laboral. En cuanto a la reforma de las pensiones, si el objetivo fuera de verdad asegurar su futuro, tampoco sería necesario hacerla así ni con estas prisas. Implementarla antes del final de año solo tiene dos objetivos clásicos: para el Gobierno, reducir el gasto; para el sistema financiero que lo presiona, abrir mercado a los fondos privados de pensiones. La huelga general pretende exigir que se modifique una política de ajuste focalizada en las clases populares: congelación actual y previsión futura de recorte de las pensiones, reducción de retribuciones a los empleados públicos, profunda regresión de los derechos laborales. Estas medidas recaen sobre los que ninguna responsabilidad tuvieron en la crisis. Entretanto, sus causantes, las entidades financieras, vuelven a tener beneficios exorbitantes, no inyectan crédito en la economía, lastran el crecimiento económico y la creación de empleo y dictan medidas de reducción del Estado social. Los ciudadanos son los perdedores y los bancos los ganadores de este tipo de respuesta a la crisis. La huelga quiere mostrar el rechazo al giro copernicano de un Gobierno que de presentarse como el campeón de las políticas sociales ha pasado a ser el campeón de las más antisociales. Fue incapaz de aceptar -cuando bastantes expertos lo venían advirtiendo- las consecuencias del modelo de crecimiento basado en el ladrillo y el endeudamiento masivo del sector privado. Su política fiscal ha estado basada en la idea de que bajar impuestos, o adoptar medidas populistas como la deducción general de 400 euros en el IRPF, era de izquierdas. Tampoco ha hecho nada contra el fraude fiscal y ha terminado regalando las cajas de ahorros a los bancos. Ahora pretende hacernos creer que sus actuales medidas son las que siempre ha defendido y que el debilitamiento de los pilares del Estado de bienestar es la mejor manera de que la gente viva mejor en el futuro. La huelga busca cambiar radicalmente una reforma laboral que se suma y es peor que todas las anteriores. Esta reforma no crea puestos de trabajo ni arregla la temporalidad del empleo. Despedir a los trabajadores será, eso sí, más fácil. Desde mediados de los noventa, y con esta reforma, se ha reducido entre un 48% y un 64% el coste del despido para las empresas (mucho más con la nueva redacción de las causas objetivas de despido, que llevará a los jueces a declarar despido justificado el que antes declaraban improcedente). Además, en 15 años la rebaja de la indemnización por despido de los trabajadores fijos alcanza entre un 30% y un 72%. La reforma aumenta la arbitrariedad empresarial y debilita los derechos de los trabajadores. Para empeorar las cosas, legaliza las agencias privadas, introduciendo el ánimo de lucro en la intermediación laboral. Nos enfrentamos, pues, a una reforma que trata de "arreglar" la precariedad haciendo a todos más precarios y que puede desencadenar un movimiento incontrolado de sustitución masiva de trabajadores antiguos por nuevos. Se trata, por último, de una reforma que va a contracorriente de un cambio del modelo productivo orientado hacia la productividad, la calidad y la cohesión social. La hulega quiere asimismo parar una reforma de la negociación colectiva, guardada en la recámara. Dando preeminencia a la negociación de empresa, busca acabar con la permanencia temporal de las disposiciones de los convenios colectivos y reducir al mínimo la negociación colectiva supraempresarial, con el inevitable debilitamiento de la parte laboral y pérdida de conquistas laborales. La huelga trata de impedir la anunciada reforma de las pensiones. Ahora se niegan las afirmaciones, de no hace todavía un año, sobre la solidez del sistema. Afirmaciones realizadas por los mismos responsables gubernamentales que hoy defienden lo contrario con lenguaje de madera. La reforma de las pensiones va a perjudicar sobre todo a los jóvenes, a las mujeres, a los precarios, a los trabajadores mayores en paro y a los que tienen trabajos más penosos. Lo único que tal reforma nos asegura es que en el futuro las pensiones serán bastante inferiores que las actuales en relación con el último salario en activo. La huelga defiende que a los trabajadores en paro que agoten la prestación -que pronto serán centenares de miles- no les falte protección por desempleo, evitando así que se deslicen hacia la pobreza y la exclusión social La huelga demanda una profunda reforma fiscal que nos acerque a los parámetros de los países europeos más desarrollados y cohesionados, de los que nos separan más de 12 puntos de imposición fiscal. Las reformas fiscales emprendidas por Zapatero han significado disminución del tipo del Impuesto de Sociedades y reforma del IRPF, reduciendo el número de tramos y el tipo marginal. Aún peor, consolidó la regresiva separación de las rentas del capital de las restantes, introducida por el PP, otorgándoles, además, un trato de favor mediante un tipo menor y proporcional. Sin olvidarnos de la eliminación del Impuesto sobre los Patrimonios. Y cuando el Gobierno ha abordado una brutal política de reducción del déficit no ha pensado en subir los impuestos directos sino el IVA, que pagan por igual todos los ciudadanos. Esta huelga reivindica los valores de la izquierda. Apoyarla es defender valores socialdemócratas. El accidentalismo, inventado por Gil Robles y convertido en arte por Guy Mollet, que ha impregnado la acción política gubernamental, y esa concepción ambidiestra -en expresión de un responsable de comunicación del Ejecutivo- según la cual el nuevo socialismo se caracteriza por ser de derechas en lo económico y de izquierdas en lo social, han quedado pronto desacreditados. El 29 de septiembre es el comienzo de un proceso más largo. Especialmente porque la izquierda, española y europea, tendrá que responder, con una urgencia nunca evidenciada como ahora, con sus propias respuestas a la degradación social, a los desafíos a los que se enfrentan nuestras sociedades y al futuro de la UE. Los frutos de las huelgas generales no siempre se recogen al día siguiente: los de la huelga del 14-D se recogieron un año más tarde. Contrariamente a lo que dicen algunos, opino que la reforma laboral aprobada se modificará más bien pronto. Por la huelga y porque pronto se evidenciará que el modelo laboral que va a configurar es aún más insostenible que el que teníamos. EL PAÍS. 23-9-2010 Opinión. Público Los sindicatos llevan razón Vicenç Navarro Existe una visión muy generalizada en amplios sectores políticos y mediáticos españoles (incluyendo algunos de izquierdas) que considera que el nivel de integración de las economías de los países en la economía mundial global es tal que la globalización económica es, en realidad, la que determina lo que un país puede hacer o dejar de hacer. En esta visión, los estados deben someterse a los dictámenes de ese orden económico globalizado, hasta el punto de que el sistema democrático dentro de cada país desaparece y se convierte en irrelevante. La última versión de este determinismo globalizador es la respuesta de la Unión Europea y de España al dictamen de los mercados financieros. Se subraya en los mayores medios de información que, en respuesta a las exigencias de estos mercados, no hay otra alternativa que llevar a cabo políticas impopulares (tales como las políticas de austeridad de gasto público y social, y las desreguladoras del mercado de trabajo que faciliten el despido, entre otras) para tranquilizar a los mercados y evitar así que estos penalicen a tales estados, dificultando el pago de la deuda soberana y la obtención de crédito. Se nos dice que no entender esta realidad y oponerse a estas políticas, tal como hacen los sindicatos en la Unión Europea (también en España) y los partidos a la izquierda de los partidos gobernantes es “estúpido”, tal como afirmaba Fernando Vallespín en su artículo de El País “La huelga zombi” (17-09-10). Este artículo, además de criticar a tales partidos y sindicatos “por demonizar el capitalismo”, señalaba que un indicador de la inevitabilidad de las políticas realizadas por el Gobierno español era la falta de propuestas de políticas públicas alternativas por parte de tales agentes sociales e instrumentos políticos. Decía Vallespín que muchos de ellos no habían hecho propuestas (porque según él no existían) de cómo, por ejemplo, compaginar “el gasto público social con la respuesta necesaria para evitar el pago de excesivos intereses debido a los mercados financieros”. En realidad, tal artículo (tanto en su contenido como en su tono insultante) es representativo de la hostilidad presentada por los cinco rotativos de mayor difusión del país hacia la convocatoria de huelga general y hacia sus convocantes –los sindicatos– y los partidos que apoyan tal convocatoria. Tal argumento de inevitabilidad es, sin embargo, profundamente erróneo. Su función no es explicar la realidad económica, sino justificar unas políticas públicas, detrás de las cuales están la banca –que causó la crisis financiera– y la gran patronal –que facilitó la aparición de la crisis (ver mi artículo “La causa de la crisis”, Público, 09-09-10)–, así como las instituciones dominadas por el capital financiero (como el Fondo Monetario Internacional) y las derechas europeas (como el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo). En realidad, las políticas que están desarrollando los gobiernos de la eurozona, en respuesta a las presiones de aquellas instituciones, son las mismas políticas que han estado presionando durante muchos años. Quieren utilizar la crisis (que ellos provocaron) para conseguir lo que han deseado siempre. Y utilizan ahora el argumento de los mercados financieros (como antes utilizaron el argumento de la globalización) para subrayar que no hay alternativas a las políticas que ellos proponen. La realidad, sin embargo, es distinta. Los mercados financieros hablan con muchas voces, y no puede concluirse que lo que están exigiendo sea la reducción del déficit mediante la reducción del gasto público. La agencia Moody’s, por ejemplo, indicó (30-06-10) que el problema de España eran “las débiles perspectivas de crecimiento de su frágil economía” (que la reducción del gasto público acentuará). Los países que están experimentando mayores dificultados (los famosos PIGS, Portugal, Irlanda, Grecia y España) tienen, por cierto, el menor gasto público de la eurozona, y sus políticas fiscales son las más regresivas. Pero, independientemente de lo que dijeran tales agencias, el hecho más importante es que el mismo establishment europeo que está proponiendo estas medidas impopulares tiene en sus manos el poder para imponer su voluntad sobre tales mercados. No es cierto que los estados deban someterse a los mercados. Los estados y la Unión Europea pueden controlar los mercados. La evidencia de ello es abrumadora. Lo que ocurre es que la enorme influencia política del capital financiero sobre tales estados hace que se sigan aquellas políticas impopulares. Y ahí está la raíz del problema, un problema que es político más que económico: las relaciones de poder dentro de cada Estado. La Unión Europea que tenemos es la Europa que han ido configurando las derechas con la ayuda del socioliberalismo, que ha construido una Europa a las espaldas de las poblaciones de sus estados miembros, que presenta sus propias propuestas como las únicas posibles. Pero existen alternativas, y también en España. No es cierto que –como Vallespín afirma– los sindicatos y las izquierdas no hayan hecho propuestas alternativas. Para cada política neoliberal existen propuestas alternativas. En lugar de intentar conseguir fondos para el Estado congelando las pensiones y disminuyendo los salarios de los empleados públicos, se ha propuesto revertir las políticas fiscales regresivas que restaron ingresos al Estado. Y en lugar de gastar cantidades ingentes en la banca y en las cajas, se ha propuesto hacer de las cajas bancos públicos, para facilitar el crédito, y así un largo etcétera. El hecho de que Vallespín parezca desconocer tales propuestas puede deberse a que sólo lee los diarios de mayor difusión donde, en su avalancha hostil en contra de la huelga general, nunca aparecen tales alternativas, como parte de una discriminación antidemocrática contra las izquierdas. Pero ahora, además de ignorarlas, importantes voces del establishment mediático las insultan, llamándolas “estúpidas”. La abundante evidencia existente sobre estas alternativas, sin embargo, hace merecedores de tal calificativo a quienes lo utilizan. PÚBLICO. 23-9-2010 Eléctricas. Expansión El recibo de la luz subirá un 4,8% en octubre para hogares y pymes La tarifa eléctrica de último recurso (TUR), la única que fija el Gobierno y a la que pueden acogerse más de veinte millones de hogares y pymes, subirá un 4,8 por ciento el próximo 1 de octubre, informó hoy el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en un comunicado. Esta revisión supondrá un incremento medio de la factura eléctrica de 1,7 euros por hogar, ya que la TUR con discriminación horaria (es decir, con tarifa nocturna reducida) subirá un 3% mientras que la TUR sin discriminación horaria se encarecerá un 5%. El aumento del precio de la luz quedó fijado ayer tras la celebración de la subasta que ha establecido el coste de la energía para el suministro a tarifa durante el último trimestre del año y de que el Gobierno propusiera mantener el importe de los peajes de acceso. Los peajes o tarifas de acceso remuneran costes regulados del sistema eléctrico, como las primas a las renovables, el transporte o la distribución, y las pagan todos los consumidores de electricidad. En el caso de la TUR, a la que pueden acogerse usuarios con potencias inferiores o iguales a 10 kilovatios, los peajes constituyen uno de los componentes utilizados para su cálculo, junto a los impuestos y al precio de la energía, que se determina mediante subastas (CESUR). Desde julio de 2009, los clientes con potencias contratadas inferiores o iguales a los 10 kilovatios (kW) pueden elegir entre acogerse a tarifa o contratar su suministro en el mercado libre. Según datos de Industria, en la actualidad hay 27 millones de hogares y pymes con derecho a acogerse a la TUR, de los que 5 millones pueden optar por el bono social, una tarifa subvencionada que no experimentará ninguna subida en octubre. Tienen derecho al bono social los consumidores con una potencia contratada inferior a 3 kW, los pensionistas que perciban cuantías mínimas, las familias numerosas y los hogares que tengan a todos sus miembros en situación de desempleo. El incremento en la TUR anunciado hoy por Industria supera las previsiones del sector, que apuntaron ayer a una subida ligeramente por encima del 2%. Según la subasta de energía Cesur para el suministro de último recurso del último trimestre celebrada ayer, el producto de carga base se vendió a 46,94 euros el megavatio hora (MWh), un 5,48% más caro que en el periodo anterior, mientras que el producto punta alcanzó un precio de 53 euros MWh, un 4,99% más. Este incremento en el coste de la energía se debe, según Industria, al alza en el precio de los combustibles y al efecto estacional del invierno, una estación en la que se dispara el consumo doméstico de electricidad. Esta es la primera subida de la tarifa regulada del año, después de que el Gobierno acordara con el PP congelar la subida de la luz prevista para julio. El precio final de la TUR, que se revisa trimestralmente, también contiene costes de comercialización e impuestos. EXPANSIÓN. 23-9-2010