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Atrapados en un limbo legal que no les reconoce el derecho a la huelga pero tampoco se lo niega, los 5.100 jueces y 2.400 fiscales españoles están llamados al tercer paro de la Justicia en democracia. Hablamos con uno de los convocantes de la huelga, Angel Dolado, del Foro Judicial Independiente, y juez decano de Zaragoza.
¿Es realmente una huelga unitaria sin precedentes como dicen?
La huelga no solo la hemos convocado tres asociaciones de jueces y tres de fiscales, sino que expresamente tenemos también el apoyo de la Abogacía española, de los sindicatos mayoritarios, de los consumidores y usuarios, y de los secretarios judiciales.
¿Por qué llamar a los huelguistas a notificar por escrito su decisión, separándolo del seguimiento concreto el día 20?
Es un método para que no se utilicen de forma indebida los datos por parte de quien le interese decir que ha sido un fracaso, o que ha sido un éxito. Nosotros, como comité de huelga, hemos comunicado que se nos indique quién ha secundado la huelga antes de las 11h de la mañana el propio día 20, y que a los tribunales superiores de justicia se les comunique a partir de las 12h. ¿Por qué?, porque si a partir de las 9 de la mañana se prolongan las comunicaciones muchas horas y sacan los datos a mitad de la mañana, dirían que la huelga ha sido un fracaso, por eso la distinción entre la comunicación de quién va a hacer huelga y el seguimiento durante el día. «No se protege a un juez independiente, sino que se le ponen trabas»
¿En que se basan para pedir la inconstitucionalidad de la Ley de Tasas?
La Ley de Tasas que ya teníamos desde hace cuatro o cinco años había sido validada por el Constitucional porque afectaba a personas jurídicas, en cambio, ya anticipaban, dos sentencias del mismo año 2012, que si se hacía una reforma que afectase a las personas físicas y las cuantías fueran claramente desproporcionadas, en ese caso, podría ir en contra del artículo 24 de la Constitución, porque limitaría de forma considerable, en primera instancia, el acceso a la justicia ordinaria, y eso es lo que está sucediendo.
Sabemos también que en el caso de los consumidores, puede ser viable considerar la acción colectiva, en aquellos casos en los que el dinero en tasas sea tan considerable que no se pudiese llevar a cabo por una asociación de consumidores.
¿No es una ley que legaliza una justicia de clase, condenando a la mayoría a no poder acceder a ella?
Así es. Se cubre el derecho a la justicia gratuita, como no podría ser de otra manera. Pero para los que tienen mucho dinero pueden colocar las tasas que quieran que no tendrían problemas, sin embargo hay una clase media en este país que lo va a tener realmente difícil.
Por ejemplo, los trabajadores que quieran acceder a una segunda instancia tendrán que depositar 500€. Imagínese los despidos que están sufriendo muchos de ellos, como para considerar que es inviable la apelación. Lo mismo pasa en los recursos de casación, 1.200€. Y lo más importante, las comunidades de propietarios, en las que estamos todos, que tienen derecho a la justicia gratuita, no la tendrían porque no podrían demandar como comunidad de propietarios. Si tienen que demandar por ejemplo a un constructor, al promotor, al aparejador o al arquitecto, porque hay un defecto en la construcción de 600 mil euros, habría que depositar el 0,5% de la cantidad reclamada. Absolutamente inviable.
El ministro ha anunciado que va a modificar las cuantías, por lo que ya está reconociendo que su ley no es adecuada, y que es inconstitucional. Ha dicho que ha cogido las tesis de la Defensora del Pueblo, que tiene como plazo el 21 de febrero para interponer el recurso de inconstitucionalidad, salvo que el ministro anuncie que las nuevas tasas son adecuadas a lo que podríamos entender como no disuasorias. Esas nuevas cuantías el Ministerio todavía no las ha publicado.
Sí puedo decir que como juez decano de Zaragoza he observado una disminución del 40% en los contenciosos-administrativos y del 25% de media en los procesos ordinarios. «Lo más importante en la lucha contra la corrupción es que hay que encontrar dónde está el dinero»
¿Cuáles son las principales necesidades de inversión en Justicia?
Dejando de lado que hacen falta el doble de jueces, y hablando de medios materiales, el Ministerio ha paralizado el desarrollo de la oficina judicial. Esta nueva herramienta la necesitamos. Hay que cambiar las estructuras de los viejos juzgados del siglo XIX, en compartimentos estancos. Hay que acometer los servicios comunes de tramitación y ejecución, y eso no se está haciendo. Y luego hay que introducir una serie de modificaciones en las leyes de enjuiciamiento, para que los juicios sean mucho más rápidos en su tramitación, se celebre el juicio antes y se dicten sentencias. Y lo que es más importante, la compatibilidad de todos los sistemas informáticos, que a través de las transferencias a las comunidades autónomas, en muchos de ellos es totalmente inviable la interoperatividad.
¿Hacen falta el doble de jueces?
Sí, sí. Nosotros tenemos 10 jueces por cada 100 mil habitantes. En países como Francia, que tiene menos juicios al año, nosotros estamos en torno a 9 demandas al año y en Francia solamente 6. Hay 20 jueces por cada 100 mil habitantes, pero es que en Alemania hay 25. Además ya necesitábamos el doble, pero es que desde el 1 de enero nos han eliminado mil jueces sustitutos y 300 fiscales sustitutos. O sea que con una plantilla insuficiente de profesionales, ahora hemos tenido una merma del 30%, que era el trabajo que sacaban esos jueces y fiscales. Imagínese la coyuntura, que hay muchas comunidades autónomas, como Canarias, Madrid, Andalucía o Cataluña, totalmente colapsadas, convocándose juicios, en lo laboral o lo contencioso-administrativo, a dos años. Eso no es una administración de Justicia, eso es no tener Justicia.
Asistimos, pues, aun deterioro progresivo de la Justicia sin precedentes…
Por eso se ha producido esta unidad de colectivos. Sabemos que la política gubernamental, en este último año y en materia de Justicia, se basa en colapsar aún más el sistema, llevándonos a métodos alternativos como la privatización de los servicios, como está pasando con el Registro Civil. Luego puede pasar con los actos de comunicación y de los embargos.
Lo que decimos es que estos atentados contra la Justicia, a parte de la propia independencia del poder judicial, son gravísimos. Ya hemos oído a varios representantes de varias asociaciones, incluso a Carlos Carnicer, decir que estamos prácticamente en una situación predemocrática. Tenemos una democracia parlamentaria pero con una política en materia de Justicia que no va en beneficio del ciudadano. ¿Cuando nos hemos unido todos los colectivos contra una política de Justicia? Nunca, ni si quiera en las huelgas del 2009 contra la actuación del ministro Bermejo. Esto va mucho más allá de todo lo que ha ocurrido anteriormente.
También denuncian que la reforma que pretende el ministro Gallardón del Consejo General del Poder Judicial, lo convertirá en un apéndice del Ministerio de Justicia.
Totalmente. En esto estamos convencidos todos, incluso algunas asociaciones que no apoyan la huelga. Nosotros pedíamos que al menos los doce vocales judiciales los eligiésemos los jueces a través de un juez un voto. Esa promesa la ha incumplido el ministro. Ahora se nos presenta bajo la falsedad de que todos los jueces, incluidos los no asociados, pueden formar parte del Consejo simplemente con que tenga la firma de 25 compañeros, que no es representativo de nada.
El Ministerio puede colocar a 20 vocales clarísimamente obedientes a quien les ha nombrado y a los designios del Ejecutivo y del Legislador, cosa que no ocurriría si la elección de los 12 vocales se hiciese entre jueces. Porque intentaríamos elegir a los mejor preparados, a los más independientes en su forma de actuar y que no fuesen genuflexos ante las políticas ejecutivas de ningún gobierno. Y hay otro riesgo añadido, porque nos están abocando a que dentro de esos 20 haya una mayoría en los magistrados del Tribunal Supremo, que tienen vida propia y autonomía presupuestaria, porque sus salarios no tienen nada que ver con los de los jueces en general. Además se exige un nivel de años para algunos jueces, más de 25, y por otro lado que hayan dos jueces de recién ingreso en la carrera…
Esto conlleva eliminar a todos los jueces que ahora mismo están liderando todas estas reivindicaciones. Y eso es lo que queremos impedir, que no se toque la Ley Orgánica, ni el modelo que hay ahora. Y eso que no ha sido nada positivo, porque ya saben que nuestra crítica al Consejo General ha sido de politización, y ha sido grande, pero desde luego lo que se nos viene encima es que prácticamente la independencia de los jueces quedará desaparecida.
Tenemos graves problemas con los temas de corrupción porque necesitamos medios materiales, y lo primero que hacemos es acudir al Consejo, bien para que nos ampare, o proporcione medios. El caso Urdangarín esta semana ha cogido otros derroteros porque podría haber algún tipo de pago por parte de una candidatura olímpica a asociaciones sin ánimo de lucro del señor Urdangarín. ¿Qué ha hecho el Consejo General esta semana, a través de tres votos a dos de la Permanente?, pedirle explicaciones al juez Castro de por qué abandona Baleares para tomarle declaración a determinados imputados en este caso, en Barcelona o Madrid. ¿Eso qué significa?, desde luego no proteger a un juez independiente, y encima poner trabas en su camino. Y eso es hoy, imagínese si los próximos 20 vocales van en esa línea. Dependeríamos hasta para respirar del Ministerio de Justicia, y eso hoy cuando la última garantía en la persecución de los delitos de corrupción está en la administración de la Justicia. Por eso todas nuestras reivindicaciones, la convocatoria de huelga y lo que venga.
Si cada día aparecen más casos de corrupción, en los partidos que participan o han participado en la gestión del gobierno central y en los autonómicos, se restan recursos a la Justicia, se dificulta el acceso a los ciudadanos a ésta, y se hace depender a la Justicia del Ministerio del Interior…
Es un problema de involución democrática. Los jueces no vamos a desistir, ni a dejar de levantar la voz. Nunca hemos llevado adelante ninguna reivindicación económica, ni personal, ni estatutaria… lo que nos jugamos es una institución fundamental del Estado que la Constitución reconoce como tal. La Justicia independiente es la única forma de garantizar la separación de poderes.
La única esperanza que tengo viene precisamente de esta semana. Desgraciadamente, por tres muertos se ha admitido la ILP por la dación en pago. Y por otra parte el ministro ha recogido velas con la Ley de Tasas. En estos dos hechos está nuestra esperanza. No podemos seguir con una política de rodillo ante la que todos los sectores se rebelan.
¿Qué medidas serían necesarias para ser más eficaces contra la corrupción?
En primer lugar modificar varias leyes, como las que protegen a diputados, senadores, concejales… con lo que llamamos privilegio de fuero, es decir que necesitan un tribunal especial para ser juzgados, que lo único que hace es dilatar los procesos y que vaya de un tribunal a otro.
En segundo lugar que los jueces de la Audiencia Nacional fueran los auténticamente competentes, como lo están siendo en estos momentos en los delitos económicos de corrupción que afectan a fuerzas políticas, con afección de todo tipo de asociaciones cuando no está concentrado el caso en una sola provincia. Como hemos dicho los 50 decanos de toda España, apoyando a los jueces de la Audiencia Nacional, estos jueces tienen que tener bajo su dirección directa a aquellos funcionarios y técnicos, como pueden ser auditores de cuentas, inspectores de Hacienda, de Trabajo, de Economía, a su entera disposición en aquellos delitos en los que sea imprescindible.
Y modificar la ley de enjuiciamiento criminal para que toda la batería de recursos que se permiten antes de llegar al auto de acusación se eliminen, porque entonces concentraríamos en lo básico la instrucción y se podría celebrar juicio en tiempo razonable.
¿Eso permitiría llegar también hasta los corruptores?
Si estamos ante cohechos hay que llegar a los dos. Lo que pasa es que en delitos como la prevaricación solo hay un sujeto del delito. Pero lo que no cabe duda es que todo aquel que haya participado de forma activa o pasiva tiene que ser objeto de instrucción y condena. Y lo más importante, hay que encontrar dónde está el dinero y levantar el velo de todas las posibles sociedades que enmarañan para encubrir realmente dónde está.
¿Qué opina de la Ley del Indulto?
Como juez entiendo que no debería haber Ley del Indulto, porque estas leyes del siglo XIX están amparadas muchas veces en regímenes dictatoriales para que en función del “Derecho de Gracia” que tiene el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, hagan con la pena lo que les da la gana. Si no es así, lo que hay que hacer es modificarla y establecer unos requisitos objetivos para valorar por qué se puede conceder un indulto total o parcial, y distinguir si puede ser de la pena, económico, de la multa, de las inhabilitaciones… Como además ahora es algo irrecurrible hay que modificar la ley, y si al final pudiera tener visos de arbitrariedad, tener un control jurisdiccional por vía del Tribunal Supremo. Porque los mismo jueces pueden valorar que la pena es excesivamente dura de acuerdo a las consecuencias jurídicas y atenuar o modificar la condena, y promover a través del Legislativo una reforma del Código Penal.