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Lo que debía ser un punto de inflexión para la educación catalana ha acabado convertido en el detonante de una de las mayores movilizaciones docentes de los últimos años. El llamado “acuerdo histórico” impulsado por el Govern no solo no ha logrado pacificar el conflicto, sino que ha encendido aún más los ánimos en las aulas.
Los sindicatos mayoritarios en Primaria y Secundaria, USTEC y Professors de Secundària, junto con la CGT, decidieron desmarcarse del pacto alcanzado entre el Departamento de Educación y los sindicatos CCOO y UGT. Lejos de respaldarlo, optaron por mantener la semana de huelgas, evidenciando una profunda división sindical.
Para reforzar su postura, sometieron el acuerdo a una consulta entre el profesorado. El resultado fue contundente: de los 42.965 docentes que participaron —cerca de la mitad de la plantilla de la escuela pública—, un abrumador 95% rechazó el pacto y expresó su apoyo a continuar con las movilizaciones.
Este rechazo masivo cuestiona directamente el relato del Govern liderado por Salvador Illa, que había presentado el acuerdo como un avance decisivo tras años de recortes y tensiones. Sin embargo, buena parte del profesorado considera que las medidas pactadas son insuficientes y no responden a las demandas reales de la comunidad educativa.
Entre las principales críticas se encuentran la falta de concreción en la reducción de ratios, la insuficiente recuperación de derechos laborales perdidos durante la crisis y la ausencia de compromisos claros en materia de inversión. Para muchos docentes, el acuerdo representa más una declaración de intenciones que un cambio estructural real.
Las protestas, que han llenado las calles de Barcelona y otras ciudades, reflejan un malestar acumulado que va más allá de un acuerdo concreto. Ratios elevadas, sobrecarga de trabajo, burocracia creciente y falta de recursos siguen siendo el telón de fondo de un conflicto que parece lejos de resolverse.
Además, la continuidad de la huelga supone un pulso directo al Departament d’Educació, que confiaba en que el pacto con CCOO y UGT sirviera para desactivar las movilizaciones. Sin embargo, la respuesta del profesorado ha evidenciado una desconexión entre las negociaciones institucionales y la realidad que se vive en los centros educativos.
En este contexto, la semana de huelgas no solo mide la capacidad de presión del profesorado, sino también la solidez de un acuerdo que, pese a su etiqueta de “histórico”, nace con una legitimidad seriamente cuestionada.
Así, lo que se anunció como un consenso histórico ha acabado evidenciando una fractura profunda entre administración, sindicatos y docentes. Y mientras las aulas siguen siendo el epicentro de esta tensión, la pregunta sigue en el aire: ¿puede un acuerdo sobrevivir cuando quienes deben aplicarlo lo rechazan casi por unanimidad?