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En España el aborto es legal desde 1985 -en casos de riesgo para la madre, violación o malformaciones- y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo desde hace 11 años. Pero a día de hoy, existen importantes dificultades para que las mujeres accedan a él por la vía pública en condiciones de igualdad y de dignidad. Recientes campañas reaccionarias, como la del lobby ultraderechista Hazte Oír, llamando a “rezar” delante de las clínicas donde se practican interrupciones del embarazo, han puesto en evidencia la ofensiva ultra para hacer retroceder los derechos de las mujeres.
Hablamos con Estefanny Molina, abogada de la organización Women’s Link Worldwide, acerca de las dificultades de tipo socioeconómico, y geográfico, así como las presiones de grupos ultra y de directores de hospitales “objetores de conciencia”, a las que se enfrenta una mujer hoy en día en nuestro país para hacer efectivo un derecho que no es nuevo. Casos en los que se oculta a las mujeres el estado de salud del feto, los médicos no las avisan de que son objetores de conciencia, las mujeres se tienen que trasladar de provincia porque en ningún hospital público de su zona practican abortos o se les dificulta a las mujeres migrantes el poder abortar.
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Desde el año 2010, el 91% de los abortos se han derivado desde los hospitales públicos a clínicas privadas. ¿Por qué ocurre esto?
Es importante conocer la ley orgánica, la cual dice que el acceso al aborto será garantizado sin discriminación en la sanidad pública. De forma excepcional, se hará en una clínica privada y el gasto correrá a cargo de la sanidad pública. Lo que ha ocurrido desde 2010 es que la excepción se ha convertido en regla general. Hay varias razones, una de ellas es que hay pocos hospitales públicos donde realicen abortos, y en algunos territorios directamente no hay centros donde los practiquen, obligando a las mujeres a acudir a lo privado.
Otro motivo es que en los hospitales públicos existe una “objeción de conciencia generalizada” en la plantilla de médicos. Las mujeres migrantes en situación administrativa irregular y que se encuentran mal económicamente solo tienen la sanidad pública. Si no está asegurado el derecho al aborto, ¿qué ocurre con estas mujeres? En la sanidad privada cuesta unos 500 euros la interrupción del embarazo, no todo el mundo se lo puede permitir. Esto produce embarazos forzados, maternidades no deseadas por las circunstancias… Obligar a una mujer a llevar a término un embarazo es una forma de violencia.
“En algunos hospitales declaran una objeción de conciencia generalizada, lo cual es ilegal”.
En el informe que habéis desarrollado desde Women’s Link Worldwide se explica que en muchos hospitales públicos declaran una “objeción de conciencia generalizada” y directamente desde la dirección se niegan a realizar abortos.
En muchos hospitales es la propia dirección o los jefes de departamento los que declaran una “objeción de conciencia generalizada”. La objeción de conciencia es un derecho individual, personal, es imposible que un hospital, siendo una persona jurídica, o una institución, tengan conciencia. La objeción de conciencia de un hospital público entero o de una red entera de hospitales de una provincia es ilegal y se traduce en una obstrucción del acceso al derecho al aborto de las mujeres. Es una obligación del Estado asegurar lo que dice la ley, que el servicio esté disponible y todas las mujeres puedan acceder sin discriminación. No puede ser que sucedan estas situaciones y no ocurra nada. No se puede quedar ni una sola mujer fuera.
Existe otra barrera al acceso al aborto, que es la falta de información sistemática. La información que ofrecen sobre el acceso al aborto en los centros de salud es muy técnica y está incompleta. No se ayuda a las mujeres a conocer los supuestos en los que pueden ejercer su derecho, a dónde tienen que ir, con quién tienen que hablar… un sinfín de preguntas que no se le resuelven a las personas que quieren abortar.
Es terrible, porque sin información no hay acceso efectivo a este derecho, así las mujeres no pueden tomar una decisión consciente y formada. Hemos visto retrasos en dar a conocer los resultados de las pruebas de embarazos avanzados para detectar y evaluar enfermedades de los fetos, se les da excusas para postergar el darles la información, y así retrasar que esas mujeres puedan poner fin a ese embarazo. Casos en los que estas pruebas se ha demorado durante semanas y meses, de forma que cuando las mujeres cuentan con la información necesaria del estado de salud del feto muy posiblemente se han pasado los plazos de tiempo para abortar. Esto no tiene en cuenta el impacto en la salud física y psicológica de las mujeres, que es muy alto, y especialmente grave en los casos de mujeres con recursos económicos limitados, las cuales no pueden pagar la realización de estas pruebas en la sanidad privada con mayor rapidez.
¿Existe un estigma hacia los profesionales que realizan abortos? ¿Hay lobbys presionando a las administraciones o a las direcciones de hospitales para que no los hagan?
Sí, todavía existe un estigma relacionado con el aborto, incluso en una sociedad “muy liberal” como la española. Algunos profesionales de la salud que realizan abortos son señalados por lo que son objetores de conciencia como “aborteros”. Este estigma está relacionado con presiones, con que los jefes de los servicios de ginecología y obstetricia o los directores de hospitales sean objetores, como es el caso de un jefe de un hospital en Murcia que era objetor y “casualmente” ningún médico de su departamento hacía abortos. También depende de las direcciones de las Consejerías de Sanidad, según el gobierno de turno que haya.
“Se dan casos de retrasos en pruebas para que se les pase el plazo para abortar”.
El hostigamiento de grupos anti aborto delante de las clínicas continúa. Se sabe que en muchas ocasiones se trata de prácticas coercitivas, como darles café para que ese día no puedan abortar porque necesitan ir en ayunas.
Lo primero es que la práctica de coaccionar a las mujeres delante de las clínicas es totalmente ilegal y atenta contra sus derechos. Es un hostigamiento que pone en duda la capacidad de autonomía y de decisión de las mujeres sobre sus cuerpos. Ojalá esto se acabe, se supone que va a haber una modificación legal al respecto en este sentido.
¿Qué medidas proponéis para mejorar el acceso al aborto?
Debería haber más disponibilidad en el servicio. ¿Qué ocurre si en un territorio no existen conciertos con clínicas privadas? En teoría, los hospitales públicos deberían proveer al aborto y no obligar a las mujeres a tener que trasladarse a otros territorios, como sabemos que ocurre en muchas ocasiones. Es fundamental que el acceso al aborto esté disponible en los pueblos, en todas las regiones.
Según los últimos datos de Sanidad, en 2019, doce provincias no notificaron ningún aborto en su territorio, es decir, que las mujeres de allí tuvieron que trasladarse a otro territorio para abortar. Hay datos aún más preocupantes, en treinta años, ocho provincias no han realizado ningún aborto. Entre 2015 y 2019, 20.000 mujeres en España han tenido que desplazarse para abortar. Hay lugares que no cuentan ni con hospitales públicos ni con centros privados que realicen abortos, como Ceuta y Melilla, donde todas las mujeres tienen que desplazarse a la Península. Muy probablemente, estas mujeres no puedan desplazarse, porque esto significaría pasar por un puesto migratorio donde identifiquen que se encuentran en situación irregular y en lugar de poder acceder a la sanidad, las encierren en un CIE y posteriormente las deporten. Es una situación muy compleja que es necesario que el Estado revise y haga las modificaciones legales necesarias para que el acceso al aborto sea sin discriminación, no solo en la teoría.