La presidenta de Honduras, la izquierdista Xiomara Castro -basándose en «información de inteligencia verificada»- ha alertado en sus redes sociales que hay en marcha «un golpe» en el proceso electoral que se está realizando en el país. «Una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno» y ante la que solicita «el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño».
Según la aún mandataria hondureña, la izquierdista Xiomara Castro -esposa del también expresidente hondureño Manuel Zelaya, que fuera depuesto por un golpe de Estado en 2009, de clara factura norteamericana- Juan Orlando Hernández, presidente condenado por narcotráfico, que cumplía una condena de 45 años en EEUU pero que ha sido indultado por Trump, planearía su inminente regreso a Honduras para proclamar «al ganador de las elecciones», que -aunque Castro no lo dice explícitamente- sería Nasry Asfura, ultraderechista y seguidor de Trump.
Por tanto, según la dirigente, los actores de esta conspiración son los mismos que estuvieron involucrados en el golpe de Estado de 2009 y en los fraudes electorales de 2013 y 2017, es decir, la derecha y elementos del ejército y la policía vinculados a la oligarquía hondureña, y todos ellos bajo la batuta de Washington y al calor de la ofensiva reaccionaria que Trump está desplegando en el continente.
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Sospechas de fraude en el recuento
Sobre las actuales elecciones hondureñas -donde hay tres grandes fuerzas en liza: la ultraderecha trumpista (Nasry Asfura), el conservador Partido Liberal (Salvador Nasralla) y la izquierda de Libre (la candidata es Rixi Moncada)- hay denuncias de irregularidades en el proceso, provenientes de diversos partidos y observadores, aunque no todas han sido confirmadas con evidencias concluyentes hasta el momento.
El recuento de votos se ha tenido que detener varias veces por diferencias entre los verificadores, por incidentes en las mesas de recuento o por la ausencia de representantes de partidos como Libre y Liberal en el conteo. Se han reportado inconsistencias e irregularidades en hasta 2.800 actas electorales, lo que ha prolongado el escrutinio más de dos semanas sin un ganador definitivo.
También hay denuncias de «fraude» tanto por parte de liberales como de izquierdistas, alegando fallos en el sistema que impiden procesar actas favorables a ellos, presentando pruebas de la «manipulación del código fuente» del controvertido sistema de transmisión de resultados electorales preliminares.
Entre las empresas adjudicatarias directas del contrato del CNE también figura Starlink, de Elon Musk, el multimillonario partidario de Trump. Esta corporación envió antenas satelitales «para mejorar la conectividad en zonas remotas y para reforzar la transparencia y la eficiencia del proceso».
Por último, hay múltiples denuncias de amenazas e intimidación hacia los observadores de la izquierda por parte de grupos de crimen organizado como la Mara Salvatrucha.
Aunque la opción izquierdista de Xiomara Castro ha admitido su derrota electoral (sacan en torno al 19% de los votos), denuncian que «según nuestros recuentos nacionales de las actas de votación, acta por acta, quien gana la presidencia es Salvador Nasralla» y no Asfura.

