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Desde 2007, hemos dilapidado 220.000 millones de dinero público en «rescatar», a fondo perdido, a los grandes bancos. Y ahora, el gobierno presenta una «reforma» para «ahorrarse» hasta 100.000 millones en pensiones porque, según nos dicen, «no podemos gastar más de lo que tenemos». Estas dos cifras resumen lo que ocurre en España. Para que se pueda seguir entregando miles de millones a los grandes bancos, se le va a quitar cada año una media de 1.500 euros a un pensionista que ni siquiera alcanza la categoría de mileurista.
La actualización de las pensiones en función de la subida del IPC era una de las vigas maestras del consenso social reflejado en el Pacto de Toledo. Su objetivo era evitar que los pensionistas sufrieran una excesiva pérdida de poder adquisitivo.
Gracias a las presiones del FMI y Merkel, ante las que se postró primero el gobierno de Zapatero y ahora el de Rajoy, todo esto es ya historia. «¿Cómo vivirán dentro de 20 años los jubilados a los que se les haya quitado 1.500 euros anuales de sus ya menguados ingresos?»
La presión popular, en un tema tan sensible, ha obligado al gobierno a retrasar hasta 2019 el paquete completo de recortes que sintetizó el amañado “comité de expertos”.
Pero ya han anunciado que sí darán el primer hachazo. La actualización de las pensiones en función del IPC se sustituirá por otro sistema que tendrá en cuenta “los ingresos y gastos del sistema”.
Fijando una subida mínima del 0,25% anual, sea cual sea la inflación, cuando exista “déficit”. Y una subida máxima de la inflación más 0,25% cuando haya “superávit”.
¿Qué les supondrá este cambio a los más de ocho millones de pensionistas?
El gobierno ya ha anunciado que al menos en seis de los próximos nueve años se aplicará tan solo la subida mínima. Es decir, ya están planificando que cada año los pensionistas perderán un 0,75% de poder adquisitivo. Lo que supondrá dedicar 33.000 millones menos al pago de pensiones.
Pero estas cuentas tienen trampa. La inflación que el Banco Central Europeo prevé sube al 2%, y la media en España desde la entrada en el euro alcanza el 3%. Esto significaría que, de aplicarse la subida mínima del 0,25%, se estaría pagando en pensiones entre 70.000 y 100.000 millones menos que antes de la reforma.
Si lo individualizamos, comprenderemos hasta dónde llega el atraco a los pensionistas.
Para un jubilado que cobre la pensión media –situada en 981 euros mensuales-, supondría dejar de percibir 637 euros anuales –en el caso de que la inflación no supere el 1%-… Y cobrar cada año 1525 euros o 2.457 euros menos, si la inflación alcanza el 2% o el 3%. Literalmente, se le está quitando a este pensionista entre uno y tres meses de pensión.
Pero esta es la “pensión media”. Todos conocemos a muchos pensionistas que no cobran, ni de lejos, esos 981 euros mensuales. Para una viuda que apenas ingrese 600 euros, esta reforma puede quitarle hasta 1.503 euros anuales. La diferencia entre una vejez más o menos digna y la miseria.
Con esta “reforma-atraco”, el gobierno ha cruzado todas las líneas rojas. Están planificando un gigantesco robo a los pensionistas.
¿Cómo vivirán dentro de 20 años los jubilados a los que se les haya quitado 1.500 euros anuales de sus ya menguados ingresos?
La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se atrevió a declarar que esta reforma perseguía el objetivo de “blindar las pensiones para hacerlas sostenibles y garantizar su futuro”.
¡Miente! El gasto actual en pensiones en España está tres puntos por debajo de la media europea. Y aún en las peores previsiones, en el 2050 dedicaríamos a pensiones menos porcentaje del PIB del que hoy ya destinan Francia o Italia.
Lo que sí es insostenible es su atraco a los pensionistas. Y la desfachatez de quienes están dispuestos a robar a los más débiles, los jubilados, para regalar dinero a los más ricos, los bancos, o cumplir los mandados de los poderosos, el FMI o Merkel.
¿Qué hay que blindar las pensiones? ¡Por supuesto! Reformando la Constitución para que ningún gobierno, ni el actual, al que Fátima Bañez pertenece, o cualquiera en el futuro pueda recortar o privatizar las pensiones.
Esta es una exigencia cada vez más unánime. Y donde, nunca mejor dicho, nos jugamos nuestro futuro.