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Hartazgo: los ciudadanos dicen ¡basta! a la vieja polí­tica

Hace 20 años España vivió una situación de vértigo, una sensación de bochorno colectivo que anunciaba el principio del fin de un largo ciclo de gobiernos ininterrumpidos del PSOE. Mariano Rubio, Vicente Albero, Carlos Solchaga, abrasados por diversos escándalos. La guinda fue la fuga del director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, que cobraba comisiones de la construcción de las casas cuartel y se quedaba con dinero de los fondos reservados, a reparto con Corcuera, Vera…

Todo parecía desmoronarse, pero en el horizonte aparecía la alternativa del PP, un partido que, liderado desde 1991 por José María Aznar, prometía una profunda regeneración. Aunque por los pelos, el PP ganó las elecciones al PSOE en 1996.

Ahora vivimos una situación similar a la que vivimos en 1994. Sin embargo, a diferencia de entonces, la corrupción parece contaminarlo todo: PP, PSOE, CiU, los sindicatos, la patronal…

La corrupción se ha popularizado, se ha vulgarizado. Abarca desde la familia Pujol al alcalde de un pequeño pueblo de Madrid. Los contratistas beneficiados por las mordidas ya no son sólo empresarios de renombre, sino constructores de medio pelo venidos a más en los años del boom inmobiliario.

Las últimas declaraciones ante el juez Ruz en el caso de los papeles de Bárcenas ponen de manifiesto una actitud cómplice o, al menos complaciente, de los dirigentes del PP hacia la corrupción. Acebes, ex secretario general, afirmó que no sabía nada de la llamada caja B, que era con la que se pagaban desde los sobresueldos a las obras de reforma de la sede de Génova, según la investigación. «Yo me ocupaba de las cuestiones políticas», se excusó. En ese contexto, no es sorprendente que el ex tesorero Lapuerta no tuviera empacho en declarar que compró acciones de Libertad Digital con dinero de su bolsillo.

No es de extrañar que Luis Bárcenas se sintiera blindado en medio de un lodazal que, en los años dorados, llegó a tener como referente a Francisco Camps.

Cuando en su comparecencia del miércoles en el Congreso Rajoy fue zarandeado por Pedro Sánchez por la trama capitaneada por Francisco Granados, éste contraatacó con los escándalos de los ERE y los cursos de formación en Andalucía. «Yo no tenía pensado hacer eso, pero si te dan de leches, qué vas a hacer», comentó el presidente a su círculo íntimo.

El Gobierno sigue pensando que las aguas volverán a su cauce, cuando los casos de corrupción desaparezcan de las primeras páginas de los periódicos. Moncloa se aferra a la «coherencia del voto» de los españoles en los últimos 35 años. «Incluso en las europeas, en las que se vota con la idea de que los que salgan no nos van a gobernar, el PP y el PSOE siguieron siendo, con mucho, las dos primeras fuerzas», argumentan en los aledaños del presidente.

Se quiere restar importancia a la encuesta del CIS esperada para el lunes. Se da por hecho que Podemos será primera o segunda fuerza política, pero se rebaja el dramatismo: «Hay tiempo de reaccionar», aseguran.

Rajoy va a llevar al Congreso en los próximos días dos iniciativas legislativas con que incluyen una amplia batería de medidas contra la corrupción. Con eso y un poco de tiempo, todo arreglado.

No es esa la sensación de los que tienen que poner la cara en las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo. «Estamos en un fin de ciclo, el problema es que la gente ya no nos cree», asegura el presidente de una importante comunidad autónoma. La visión de los coroneles populares, con mando en plaza, va desde los que creen que nos encaminamos hacia una debacle sin precedentes, con Podemos como partido determinante en gran parte del territorio nacional, a los que piensan que estamos abocados a una fragmentación que hará muy difícil establecer gobiernos sólidos en las autonomías y municipios más importantes.

En cualquiera de las dos opciones, las perspectivas para España se complicarían hasta el punto de hacer peligrar lo conseguido en el terreno económico en dos años y medio de sacrificios. Si se confirma el escenario de fragmentación (no digamos si los sucedáneos de Podemos logran triunfos importantes en mayo) la euforia que se ha vivido en los mercados sobre la recuperación de España en los últimos meses podría mutarse en prevención y cautela, con las consecuencias que ello tiene para la retirada de inversiones extranjeras.

Es cierto que una respuesta excesiva sería contraproducente. Pero si la ofensiva contra la corrupción consiste en llevar dos leyes al Congreso y esperar a que escampe podemos apostar a que los ciudadanos se sentirán cada día más apartados y desengañados de la política.

Un alto funcionario me comentaba esta semana: «Tal vez la solución sería que el PP apostara por una cara nueva, alguien que no estuviera contaminado por Bárcenas, ni por los últimos escándalos… Que Rajoy y Cospedal asumieran su responsabilidad y preparasen una transición ordenada del poder. Eso sí daría la sensación al pueblo de que las cosas pueden cambiar y le quitaría argumentos a Podemos».

Esa alternativa, ahora, es implanteable. Nadie de peso en el PP o en el Gobierno defiende o pide la dimisión del presidente, aunque algunos no le harían ascos a la salida de Cospedal.

Pero en lo que sí hay consenso es en que, hasta ahora, el Gobierno ha sido muy débil en su respuesta ante la marea de descrédito que poco a poco va creciendo en la sociedad y va minando la moral de los que, incluso desde el centro y la derecha, ven el peligro de la ascensión de Podemos.

La exigencia de que «rueden cabezas» es generalizada entre los cargos que se juegan el puesto en mayo. «Pero no sólo la de Granados, eh, porque eso es lo fácil, las responsabilidades hay que asumirlas más arriba», demanda un barón que nunca ha escondido sus críticas a lo que está pasando.

¿Qué hacer? Algunas ideas que podrían mitigar el hartazgo ciudadano:

Las leyes que proponga el Gobierno y las medidas que reclama el PSOE (muchas de ellas coincidentes) deberían dar lugar a un gran pacto nacional contra la corrupción.

En dicho pacto deben incluirse:

1º Regulación legal de primarias en todos los partidos para cargos internos y candidatos a cargos públicos.

2º Establecer la obligación a los partidos de someterse a una auditoría externa llevada a cabo cada año por una empresa designada por el Congreso, ante el que tendrá que dar cuenta de sus informes.

3º Endurecimiento de las penas y consideración de delito para la financiación irregular de los partidos. Prohibición de acceder a contratos públicos durante 10 años para las empresas que hayan sido condenadas en procesos de corrupción.

Además, Rajoy debería impulsar una renovación profunda en el PP y llevar a cabo una remodelación del Gobierno, prescindiendo de algunos ministros quemados.

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