Cargando...Sigue en plena actualidad la posible movilización de los jueces, con alguna forma de huelga, en contra de la falta de respuesta convincente del Gobierno a sus demandas. Demandas que abordan la situación y las condiciones en las que desempeñan su labor. Los jueces piden sobre todo una nueva oficina judicial. Lo que supone un incremento de los órganos judiciales y un reparto diferente del trabajo en los juzgados, fomentado la especialización en ellos. Demandas que buscan mejorar la eficacia y la eficiencia del funcionamiento de la justicia, su modernización. Pero de lo que no se habla es que hace falta una justicia independiente de los grandes poderes políticos y económicos
Demandas correctas que resonden a una situación que el ciudadano de a pie sufre continuamente, como son las viejas y malas instalaciones; un sistema informático obsoleto; unos programas informáticos incompatibles entre sí; falta de funcionarios judiciales suficientes y escasez de jueces. Es verdad que hace falta una justicia eficaz, modernizada, con recursos económicos y humanos suficientes. Una justicia única en toda España que no se despiece en diecisiete justicias. Pero de lo que no se habla es que hace falta una justicia independiente de los grandes poderes políticos y económicos. A raíz de la decisión judicial del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de no llevar adelante el juicio contra Ibarretxe y Patxi López por sus conversaciones con la ilegalizada Batasuna, basándose en lo que se llama coloquialmente la “doctrina Botín” ha salido a la luz la falta de independencia de la justicia para enfrentarse con los grandes poderes económicos, en este caso, con Botín, representante del sector actualmente dominante en la oligarquía financiera española.La llamada “doctrina Botín” mantiene que no puede llevarse adelante un juicio si sólo existe una acusación popular y no promueven ni la fiscalía ni la acusación particular afectada directamente, si existiera. Que fue lo que sucedió cuando se intento iniciar un proceso judicial contra Botín con motivo de las indemnizaciones multimillonarias por jubilación, más allá de toda legalidad, que pagó a los altos ejecutivos del Banco Central-Hispano, que había absorbido, con el objetivo de que se retiraran del consejo de administración y así poder eliminar cualquier oposición a sus planes.La fiscalía, en estos casos con implicación de individuos integrantes de los grandes poderes económicos y políticos, del “establishment”, renuncia a ejercer la acusación. Junto a la demanda de una justicia eficaz, hay otra demanda ciudadana tan importante como esa, la regeneración democrática de la justicia española.