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El gobierno de Nicolás Maduro ha decretado un plan económico de emergencia, en respuesta a la grave crisis que vive el país. Una crisis fruto por un lado de la caída del precio del petróleo -que supone la pérdida de al menos el 70% de las divisas que ingresaban en el país- y producto por otro lado de las tramas desestabilizadoras y la «guerra económica» orquestada desde los sectores empresariales más ligados a Washington. Una guerra de especulación, contrabando y acaparamiento que han provocado el desabastecimiento, la carestía y el malestar para amplias capas de la población.
Ninguno de los dos factores que combinadamente han dado como resultado la crisis económica venezolana son casuales: los dos están determinados por los proyectos de la superpotencia norteamericana. La “guerra del petróleo” -que ha hecho que el precio del crudo se desplome a lo largo de 2015- es una ofensiva geopolítica dirigida a romper el frente de oposición que representan las potencias emergentes, golpeando al corazón algunos de sus puntos más débiles: Rusia, Irán o Venezuela, y la enorme dependencia de sus economías de las exportaciones energéticas.
Venezuela y los países del frente antihegemonista latinoamericano -como Brasil, Argentina o Ecuador- sufren además las tramas desestabilizadoras de nuevo tipo: los ‘golpes blandos’. Una nueva forma de derrocar gobiernos opuestos a Washington, que sustituye los pronunciamientos militares y los golpes de Estado descarnados -como el que sufrió Venezuela en 2002- por una combinación de boicot económico, manipulación mediática, bloqueo desde las instituciones y presión de movilizaciones “populares”.
En el país caribeño esa estrategia desestabilizadora -a cámara lenta pero implacable- toma la forma de ‘guerra económica’. Los propietarios de las grandes cadenas de distribución de Venezuela -fuertemente ligados al capital extranjero y en particular al norteamericano- han provocado mediante el acaparamiento y la especulación, la carestía de bienes básicos y las colas para adquirir alimentos como una eficaz forma de crear un fuerte malestar entre la población. Un desafecto popular que le ha pasado factura al gobierno bolivariano: casi dos millones de sus votantes se quedaron en la abstención en las pasadas elecciones del 6 de diciembre, dando como resutado la primera derrota electoral en 13 años, y la mayoría de la Asamblea Nacional para la derecha proyanqui, que tiene una nueva trinchera para la desestabilización y amenaza con paralizar las medidas del ejecutivo.
Las medidas que ha tomado el gobierno de Caracas le permitirán durante 60 días, tomar medidas estratégicas para impulsar la producción y para reformular el sistema económico y financiero del país. Según el gobierno buscan “diseñar e implementar medidas especiales para estimular la inversión extranjera, reducir la evasión fiscal, desaplicar medidas legales para agilizar el tránsito de mercancía por puertos y aeropuertos del país y garantizar el abastecimiento en todo el territorio”.“Preservar el poder adquisitivo de las personas, de la clase trabajadora, y los derechos de salud, vivienda, educación y alimentación de todos los venezolanos», insiste el ejecutivo.
El decreto da facultades especiales para luchar contra el acaparamiento y el desabastecimiento, al otorgar al Gobierno la facultad de exigir a las empresas del sector público y privado incrementar su producción, así como el suministro de bienes básicos a los centros de producción de alimentos para garantizar las necesidades básicas de la ciudadanía. El ejecutivo podrá obviar o agilizar los trámites cambiarios establecidos por el Banco Central a la administración pública, para acelerar y garantizar la importación de bienes indispensables -como alimentos o medicinas- para el abastecimiento de la población.