Guantánamo: cierre por mudanza.

Tras la polvareda levantada por la decisión de Obama de cerrar la base de Guantánamo, aplaudida por la opinión pública estadounidense y mundial, podrí­a haber solo eso: polvo y poco más. Tras el anuncio de hace pocos dí­as de que la Casa Blanca cede a las presiones del Pentágono y da marcha atrás en la publicación de las fotos de la tortura, los defensores de los derechos civiles se han llevado otra nueva decepción. El presidente piensa trasladar a los prisioneros de Guantánamo a una base militar en suelo norteamericano, y mantener -con variaciones- el sistema de juicios especiales establecidos por Bush. Guantánamo no serí­a «cerrado», como prometió Obama en su campaña, sino más bien «trasladado».

La administración norteamericana se enfrenta al dilema de qué hacer con los 241 detenidos en Guantánamo, risioneros desde hace más de siete años. Los reos están en una situación de limbo legal, y aunque la Casa Blanca haya detenido el uso de la tortura y de los interrogatorios violentos, su status legal no ha sido modificado. El propio secretario de Defensa, Robert Gates, reconoció la existencia de un grupo de entre 50 y 100 sospechosos que "no pueden ser liberados ni juzgados", sencillamente porque el Gobierno no tiene pruebas suficientes contra ellos. En el caso de un ciudadano normal, éste sería liberado sin dilación. En el caso de un “enemigo combatiente” ni mucho menos. "Es una cuestión difícil. ¿Cómo se mantiene en prisión a una persona sin juicio indefinidamente?", reconoce el senador republicano Lindsay Graham, pero reconoce que está a favor de su reclusión sine die. El gobierno Obama, aunque no lo explicite, también apoya esa opción, y se plantea crear un “tribunal nacional de seguridad”, que en lo fundamental mantendrá los poderes de los tribunales especiales ideados por Bush para juzgar a los presos de Guantánamo. Para los reos contra los que sí se tienen pruebas, estos tribunales tendrán dos restricciones: no podrán presentar pruebas o confesiones obtenidas bajo tortura y no podrán utilizar declaraciones escuchadas a terceras personas, como hasta ahora. Pero en lo demás conservarán sus atribuciones, que dan a los detenidos garantías mucho menores que a los de un ciudadano común. Estos tribunales especiales han sido hasta hace muy poco fuertemente criticados por Obama y el Partido Demócrata. "No entiendo por qué quieren revivir los tribunales de Guantánamo, no se ha explicado. No comprendo por qué no pueden juzgar los casos en una corte federal", dijo Fidell, que enseña derecho en la facultad de la Universidad de Yale. Junto a él, los grupos defensores de los derecho civiles están alarmados de que el Gobierno decida simplemente trasladar la infame prisión. Tampoco en el Congreso –que todavía está pendiente de aprobar la partida de 50 millones de dólares necesarios para el “cierre” de Guantánamo- las cosas están tan claras, pero los motivos son de índole menos moral: ningún congresista quiere que la nueva “cárcel de terroristas”, caiga en su Estado, justo al lado de sus alarmados votantes.