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Atenas necesita acceder al segundo tramo del tercer rescate antes de julio o caerá en bancarrota. Las nuevas imposiciones de la troika son una nueva muesca en el dogal contra el pueblo griego.
A cambio sus acreedores le imponen otra tanda de reformas draconianas y recortes contra los sectores más vulnerables, así como nuevas ventas de fuentes de riqueza nacional.
Nunca se fueron, pero las turbulencias por las que ha pasado la UE este año -el Brexit, y elecciones nacionales en varios países miembros, con el preocupante ascenso de tendencias eurocentrífugas- había hecho que las imposiciones de la troika y el diktat alemán se centraran menos intensamente sobre el gobierno griego. No han logrado derribar al ejecutivo de Syriza, pero buscan hacerlo caer, para que el ejemplo de su insolencia de sus primeros meses de gobierno -con aquel referéndum contra la troika ganado ante el estupor de Berlín- sea castigado y el resto de la Europa del Sur no ose seguir jamás sus pasos. Grecia resiste como puede, prisionera de las imposiciones de Bruselas y el FMI pero buscando desviar el filo más duro de las reformas, para que no caiga sobre los sectores más empobrecidos y vulnerables de la población.
Ahora que se acerca el momento en el que Grecia debe acceder obligatoriamente al segundo tramo del tercer rescate valorado en 86.000 millones antes de que se acerque julio (momento en el que deberá destinar 7.000 millones de euros en retrasos a proveedores y 6.000 millones a devolver deuda), Bruselas -y muy especialmente el gobierno germano- sacan su tono más rocoso e inflexible. «Si quieren el dinero, deberán bajar la cabeza y aplicar a rajatabla lo que dictaminemos», han venido a decirle a Tsipras en la reunión del Eurogrupo del 7 de abril en Malta.
Aunque Tsipras ha conseguido algunas contrapartidas, como una reestructuración de la deuda griega y la compra de una parte de una parte de la misma por parte del BCE, las nuevas imposiciones de la troika son una nueva muesca en el dogal contra el pueblo griego.
Una de las medidas que imponen los acreedores de la troika va dirigida contra los pensionistas, uno de los sectores sociales a los que el gobierno de Syriza ha intentado proteger del peso principal de las políticas austericidas. En Grecia, casi la mitad de los jubilados tiene una pensión menor a 675 euros mensuales y ahora la troika exige que los gastos en pensiones se reduzcan en un 1% del PIB, incluyendo la posibilidad de que los recortes afecten a las pensiones complementarias si no se llega a esta meta.
Las exigencias de la troika también cargan contra los trabajadores de menor renta, imponiendo la rebaja del umbral salarial exento de tributación. La barrera se encontraba en los 8.600 euros al año y Bruselas exige rebajarlo a la barrera de los 2.000 euros. También exigen ‘liberalizar el mercado de trabajo’ favoreciendo los despidos colectivos y suspendiendo -hasta el final del programa del tercer rescate- la aplicación de los convenios colectivos.
Y hay más: quieren que Grecia venda las pocas joyas que le quedan en el ajuar: las empresas e instalaciones públicas que todavía suponen una fuente de ingresos para el Estado heleno deberán pasar a manos del capital extranjero. Y como en otras ocasiones, urgido y chantajeado por los acreedores a conseguir liquidez a toda costa, muy por debajo su valor real. Por ejemplo los aeropuertos, las compañías de aguas de Atenas o de Salónica, o un paquete de hasta 40 centrales eléctricas estatales, lo que se traduciría en la liberalización del mercado de la electricidad.